La Junta apoya la reforma del Gobierno sobre el consentimiento de los padres en los abortos de menores

La Junta de Castilla y León apoya la reforma que el Gobierno impulsa sobre la Ley del Aborto para modificar la posibilidad que hasta ahora tenían las menores de 16 años para interrumpir el embarazo sin consentimiento de los padres. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, sostuvo que esta medida “no tenía demasiado sentido” y la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, añadió que estaba “fuera de toda lógica”.

En ese sentido, Sáez Aguado y Marcos valoraron la decisión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de modificar esta cuestión sobre el aborto por parte de menores de edad y mantener el resto de términos de la actual norma de plazos, aprobada por el anterior ejecutivo socialista. El responsable de la sanidad pública de la Comunidad destacó que el Gobierno de España está respetando su compromiso de no reformar la legislación.

Asimismo, la consejera de Familia reconoció que el aborto es un “tema complicado” por que conjuga factores jurídicos y morales, si bien indicó que la postura de la Junta ha sido “clara” sobre el consentimiento de los padres. También, Milagros Marcos apuntó que el Gobierno de la Comunidad trabaja para informar a las mujeres en situación “dudosa” sobre todas las alternativas para que puedan adoptar una decisión “razonable”. Remarcó que el Programa de Atención Prenatal ofrece asesoramiento sobre las posibilidades de la adopción, el acogimiento familiar y los recursos con que cuentan las administraciones.

También, Marcos señaló que las mujeres que deciden continuar con el embarazo, la “mayoría” en su opinión, cuentan con apoyo hasta el año y medio de vida del bebé. La consejera subrayó que en Castilla y León se “atiende a todas las mujeres” lo que permite que la Comunidad sea una de las autonomías con menor tasa de interrupciones del embarazo, con siete por cada 1.000 mujeres. Finalmente, aseguró que la Junta trata de “compatibilizar” el derecho a decidir de las mujeres con la garantía y atención al no nacido.