EPA
CSIF alerta de que las administraciones han perdido 320.000 empleos en esta legislatura
Exige que se cubran todas las jubilaciones y un plan de recursos humanos para reforzar las áreas prioritarias y los servicios públicos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alertó de que las administraciones públicas han perdido 320.000 empleos en esta legislatura al tiempo que valoró el descenso en el número de parados de Castilla y León y de España, según recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre. “Se alivia la situación de dificultad de muchas familias”, dijo el sindicato, si bien recordó que no se ha consolidado una tendencia estructural de creación de empleo de “calidad ye estable”.
Asimismo, CSIF advirtió de que a dos meses del final la legislatura se han perdido un total de 320.000 empleos, lo que en su opinión da una idea del deterioro de los servicios públicos sufrido durante esta crisis económica. Esta pérdida de empleo ha sido “generalizada”, según el sindicato, en el conjunto del sector público, aunque precisó que el recorte en empleos ha tenido diferentes grados en función de las administraciones y ámbitos.
La organización explicó que la principal pérdida de puestos de trabajo se produjo en las administraciones autonómicas (189.400), seguido de los ayuntamientos (62.500), la Administración Central y Seguridad Social (43.700 y 9.500, respectivamente) y por último las empresas públicas, con una pérdida de 11.700 empleos. Este último dato, contrasta con el deterioro que se ha producido en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar como la educación y la sanidad, con 116.000 empleos perdidos .
Por ello, urgió a realizar cuanto antes un plan de recursos humanos que priorice en las políticas de empleo aquellas áreas más deficitarias y fundamentales para los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos. Además, pidió que se cubran todas las jubilaciones, con una tasa de reposición del 100 por 100.
También denunció que el Gobierno ha realizado una reestructuración del modelo de administraciones públicas, mediante la eliminación de puestos de trabajo del personal que se jubila y la creación de plazas temporales y precarias.