Siete grandes ayuntamientos y cinco diputaciones no publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Transparencia Internacional sostiene que la Junta y las Cortes tampoco difunden sus contratos y licitaciones como marca la ley
Siete grandes ayuntamientos, cinco diputaciones, la Junta, las Cortes y la Universidad de León incumplen la obligación de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según los análisis realizados en enero y febrero por Transparencia Internacional España, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública.
En ese sentido, la organización pone de manifiesto que publican en la Plataforma y cumplen la ley los ayuntamientos de Ávila y Soria, mientras el de Burgos difunde en este portal “parcialmente la información”. Además, en todo el país, tres de cada cuatro ayuntamientos no cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro parlamentos (26 por ciento de cumplimiento), siendo, por otra parte, sólo tres las autonomías las que cumplen con el mencionado mandato legal -Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco-. Así, Transparencia Internacional señala que ni la Junta de Castilla y León, ni las Cortes autonómicas forman parte de los cumplidores.
En cuanto a la revisión sobre 45 diputaciones y 51 universidades públicas, pone de manifiesto que casi seis de cada diez instituciones provinciales no cumplen con la obligación legal de publicar sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En Castilla y León, publican sus contratos las diputaciones de Ávila, Burgos, Soria y Zamora.
Respecto a las universidades, el porcentaje de cumplimiento es del 59 por ciento en España. En Castilla y León cumplen con la obligación de publicar sus contratos las de Burgos, Salamanca y Valladolid.
Transparencia Internacional insta a todas las instituciones públicas a cumplir en el menor plazo posible esta obligación legal, para que la información general y detallada de los contratos y licitaciones se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas. De esta forma, la organización remarcó que se logra incrementar la transparencia, prevenir la corrupción y garantizar el cumplimiento de las reglas de competencia.