El PP impide acotar por ley el tiempo máximo de espera sanitaria

El PP vetó ayer con sus votos en las Cortes el desarrollo de una ley para blindar los tiempos máximos de espera sanitaria, como pretendían el resto de grupos parlamentarios, que sí respaldaron esta propuesta, planteada por el PSOE.

El propio consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, tomó la palabra para explicar su negativa y alegar que la demora media es menor en Castilla y León que en las las tres autonomías que elevaron a rango de ley este tope en las listas de espera. Por eso, el titular de Sanidad criticó la «hiperactuación» y los argumentos socialistas por «creer que por elevar el rango se garantiza algo que la experiencia ha demostrado que no es así».

Además, Sáez recordó que los casos más graves pasan por quirófano en un plazo máximo de un mes y criticó la propuesta del PSOE por «generalista», al entender que «no distingue la gravedad de los pacientes» a la hora de establecer los tiempos máximos.

Antes, su compañero de bancada, el popular Alejandro Vázquez, había insistido en las mismas tesis, al tildar de «inecesaria» una propuesta que «no aporta garantías». En concreto, precisó que Cantabria (101 días), Extremadura (144) y Navarra (100) sobrepasan las 80 jornadas que aguardan, de media, los pacientes castellanos y leoneses para acceder a una intervención quirúrgica, un promedio también inferior al registrado en el conjunto de España (87 días).

La socialista Mercedes Martín fue la encargada de defender la toma en consideración de esta proposición de ley, que no sólo buscaba limitar los tiempos de espera para una operación (proponía un máximo de 90 días con carácter general y de 20 para cirugía oncológica o cardiaca no valvular). El objetivo también era poner coto a la espera para recibir una cita con el especialista (establecer un máximo de 30 días) así como para someterse a una prueba diagnóstica (no más de 20 días).

Martín recurrió a la propia Constitución para defender el derecho a una atención sanitaria «digna» y lamentó que «salvajes recortes» hayan alargado en el último lustro la ‘cola’ de pacientes en esta Comunidad, tanto en número de personas como en tiempo de demora –que en 2012 se desbocó hasta los 180 días de media–, una situación que obliga a miles de personas a «meses de peregrinaje e impotencia».

En total, la procuradora socialista cifró en 150.000 el número de enfermos que actualmente aguardan una cita sanitaria en alguna de las tres listas, pacientes «que llevan meses soportando un auténtico vía crucis».

Tras insistir en la necesidad de implantar una «reforma estructural», rechazó los «planes de choque oscuros y costosos» desarrollados por la Junta para combatir de forma puntual la congestión sanitaria. «Nos oponemos a soluciones privatizadoras», apostilló, partidaria de destinar más recursos para reforzar la calidad del sistema público. Así, tildó de «asombroso» que el PP considere que «no es necesaria» esta regulación por ley y lamentó que cierren la puerta a una negociación sobre los detalles de esta fallida norma.

La iniciativa del PSOE sí contó con el voto a favor del resto de grupos de la oposición. Isabel Muñoz (Podemos) censuró al PP por «sustentar los recortes como forma de hacer política», así como por destinar otros 135 millones de euros este año a conciertos con la privada. El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, defendió que la cuestión es «una asignatura pendiente» y se mostró partidario de debatir otras cuestiones, como la ampliación del derecho a la segunda opinión médica.

Desde el Grupo Mixto, José Sarrión (IU) consideró necesario combatir los «elocuentes» tiempos de espera con un sistema legal «que proteja a los pacientes», mientras Luis Mariano Santos (UPL) lamentó el «deterioro progresivo del sistema de salud», acrecentado con la crisis.