Las obras del Hospital habrían durado 14 años sin la concesión

Si la Junta no hubiera recurrido al modelo público privado para financiar las obras del Hospital de Burgos se habría tardado al menos 14 años en construir, frente a los cinco y medio en que se concluyó mediante el sistema de concesión. Este fue uno de los argumentos utilizados por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en la comisión de investigación de las Cortes, donde también destacó que el canon que se tiene que pagar anualmente a la adjudicataria es perfectamente asumible.

El canon del año pasado fue el más elevado que se tendrá que pagar durante todo el periodo de concesión y supuso el 1% del presupuesto no financiero de la Junta, según los datos aportados por Del Olmo en la Comisión. Se pagaron 91 millones de euros, frente a los 72 del año anterior, que representó el 0,82% del presupuesto no financiero.

En el presente ejercicio, el pago se reduce a 79 millones, el 0,89% de dicho presupuesto y los pagos se estabilizan entre esos 79 millones y los 82 hasta 2022. A partir de esa fecha se produce un descenso, con 68 millones en 2023 y 2024 y 69 en 2025, para bajar a los 54 millones en 2026, que desde entonces permanecen estables hasta el final del contrato, 30 años desde el inicio de las obras.

Pilar del Olmo abrió ayer la primera sesión de una semana intensa en la comisión de investigación, ante la que comparecerán en total nueve altos cargos. Ayer por la tarde, después de Del Olmo, intervino el director general del Tesoro y Política Financiera, Vallelado.

La consejera, al igual que hizo en junio el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió la legalidad del contrato de concesión de hospital, aunque ya en la comisión prácticamente no se pone en duda, después del rechazo de las denuncias ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía. No obstante, la consejera detalló toda la tramitación realizada con los informes pertinentes.

Los procuradores no cuestionan la legalidad del contrato, pero sí lanzan insinuaciones sobre posibles tratos de favor a la empresa, como el PSOE, o critican la falta de vigilancia o de previsión ante los incrementos del coste de la obra, como Ciudadanos. La consejera, frente a estas críticas, insistió en todos los controles realizados, pero sobre todo se centró en lo oportuno de la decisión para que los burgaleses en particular y los castellanos y leoneses en general hayan podido disponer en cinco años y medio de un hospital nuevo.

Si no se hubiera optado por la colaboración público-privada, «las obras habrían tardado, en condiciones normales, 14 años, sin tener en cuenta la crisis», sentenció la consejera. El cálculo lo hace a partir de los más de ochos años que se emplearon en construir el Hospital Río Hortega, de menores dimensiones que el burgalés, con financiación pública.

Pero, con la perspectiva del tiempo, la consejera concluye que esas obras habrían durado mucho más, ya que se habría tenido que afrontar la inversión con los ingresos ordinarios, debido a que en 2006 y 2007 el objetivo del déficit era cero y no se podía recurrir al endeudamiento. La virulencia posterior de la crisis habría «ralentizado» las obras.

«Hoy nos encontraríamos con una obra inconclusa y una menor calidad de los servicios para los burgaleses», sentenció la consejera ante los procuradores de la comisión de investigación. Del Olmo insistió en que la Junta ha priorizado «la rentabilidad social».

Uno de los asuntos a los que tenía que responder la consejera se refería al aval de la Junta a la empresa pública Cylsopa para un préstamo de 128 millones de euros que a su vez ésta entregaba a la concesionaria del hospital para la compra de equipamiento. Del Olmo explicó que el Banco Europeo de Inversiones exigió que el préstamo fuera a través de una empresa pública y con el aval de la Junta. La empresa concesionaria utilizó finalmente solo cien millones y ha atendido a todas sus obligaciones de pago, explicó la consejera.

MERCEDES MARTÍN (PSOE): «CONTRATO LESIVO, SOSPECHOSO Y ANÓMALO»

La procuradora socialista recriminó a Pilar del Olmo el escaso control del gasto en el Hospital de Burgos, al pasar de un presupuesto de 1.010 millones de euros a 1.667 millones. Calificó el contrato con la concesionaria de «claramente lesivo, sospechoso y anómalo, por no decir irregular». «No puedo entender que dé visos de normalidad a todos los modificados», espetó a la consejera. Calificó los precios de «desorbitados» y puso en duda la solvencia de la concesionaria.

LAURA DOMÍNGUEZ  (PODEMOS): DUDAS SOBRE LA «SOLVENCIA» DE LA ADJUDICATARIA

El procurador de Ciudadanos no puso en duda la legalidad de la operación, pero criticó la falta de vigilancia ante el incremento de los costes. Además, lamentó que «al final tenemos que financiar al que nos lo tenía que financiar», en alusión al préstamo del Banco Europeo de Inversiones. También dijo que «la Administración acaba por asumir los riesgos», dado que ante un incumplimiento por parte de la adjudicataria no puede permitirse parar el hospital.

MANUEL MITADIEL (CIUDADANOS): «LA ADMININISTRACIÓN ACABA POR ASUMIR LOS RIESGOS»

El procurador de Ciudadanos no puso en duda la legalidad de la operación, pero criticó la falta de vigilancia ante el incremento de los costes. Además, lamentó que «al final tenemos que financiar al que nos lo tenía que financiar», en alusión al préstamo del Banco Europeo de Inversiones. También dijo que «la Administración acaba por asumir los riesgos», dado que ante un incumplimiento por parte de la adjudicataria no puede permitirse para el hospital.

JOSÉ SARRIÓN (IZQUIERDA UNIDA): «MODELO CONTRARIO AL INTERÉS PÚBLICO»

El diputado de Izquierda Unida afirmó que el modelo de colaboración público-privada es «contrario a los intereses públicos». A su juicio, «es injusto» porque desde el primer momento se veía que cualquier ampliación del proyecto «era muy cara». Expresó su sorpresa por no encontrar «ni un atisbo de autocrítica» en la Junta. Insistió en que se perdonó a la concesionaria una penalización, por no cumplir el plazo de las obras, al aprobarse un mes antes un modificado.

ÁNGEL IBÁÑEZ (PARTIDO POPULAR): «TRANQUILO» ANTE UN COSTE QUE ES «ASUMIBLE»

El representante del PP aceptó las explicaciones de la consejera y afirmó que en su grupo se sienten «tranquilos» cuando el canon representa el 0,8% del presupuesto no financiero de la Junta, algo «asumible». Ibáñez se mostró «cansado» de las denuncias «infundadas» de la oposición en relación a que «sea un lastre» para la sanidad autonómica y pidió que se lea el informe del Consejo Consultivo para ver que no hay «rentabilidad garantizada» para la empresa.