La plantilla de Campofrío puede mantener el máximo de ayudas

Los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo de Campofrío podrán optar a las nuevas líneas de ayudas que la Junta aprobó este año para empresas en circunstancias similares a la compañía de origen burgalés, que llevó a cabo la medida laboral por causas de fuerza mayor tras el incendio de la fábrica de Burgos a finales de 2014.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, anunció ayer la medida en la rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo aprobó la modificación del convenio firmado con Campofrío en 2014. Los cambios permiten a los trabajadores afectados por el expediente mantener el máximo nivel de ingresos posible.

De esta forma, la Consejería de Empleo tiene ya el visto bueno del Consejo para firmar la modificación del convenio con Campofrío. Las ayudas totales percibidas por cada trabajador no podrán superar los 655,20 euros al mes.

La modificación del convenio es consecuencia de la línea de ayudas convocada en el mes de abril por la Junta para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a prestación contributiva por el desempleo.

Lo que hace ahora la Junta es equiparar a los trabajadores de Campofrío a los beneficiarios de la línea de ayudas. El numero de empleados de la firma que están afectados por esta medida es de 69, del total de 774 empleados incluidos en el ERE de 2014.

Son aquellos que entre el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre de 2016 hayan tenido su contrato de trabajo suspendido durante al menos 365 días y lleven con la prestación por desempleo agotada al menos un mes. La modificación del convenio se produce, según explicó la Rosa Valdeón, tras la petición de los sindicatos UGT y CCOO y el acuerdo que se produjo en la Comisión Permanente del Diálogo Social el pasado día 15.

Tras el incendio del 16 de noviembre de 2014, que destruyó totalmente la fábrica burgalesa de Campofrío, la Junta autorizó una ayuda a los 774 empleados afectados por el ERE y firmó un convenio con la empresa para que esta actuase como entidad colaboradora para el pago de dichas ayudas a cada uno de los trabajadores beneficiados. El objetivo era mantener las rentas salariales de los trabajadores con la contribución de la propia empresa.

El acuerdo entre la Junta y Campofrío supone que la multinacional establece una cuantía para el mantenimiento de las rentas salariales incluyendo las ayudas públicas. La Junta financia el 70% de las cantidades que cobran los trabajadores mensualmente.

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer medidas para ayudar a otra empresa del sector que ha sido pasto de las llamas. La Junta declaró ayer el incendio de la fábrica Embutidos Rodríguez, ubicada en Soto de la Vega (León), como «situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación». De esta forma, la Junta puede llevar a la práctica las medidas anunciadas el pasado martes por la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, con el objetivo de facilitar a la compañía la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la fábrica, la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo.

La fábrica se quemó el 21 de mayo, poniendo en peligro los 400 puestos de trabajo que de forma directa e indirecta genera, con una facturación del entorno de los 120 millones de euros. La importancia de la empresa dentro del sector cárnico autonómico hace que tenga un impacto sociolaboral y económico muy relevante.

La Junta pondrá en marcha medidas para agilizar la tramitación administrativa para la construcción de la nueva fábrica, reduciendo a la mitad los plazos legales habituales. Todo ello irá acompañado del apoyo anunciado por la consejera Marcos al mantenimiento del empleo.

«El plan de empleo no es para ayudar a los municipios»

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, se alineó ayer con los agentes sociales y económicos frente a las críticas de algunos municipios contra el Plan de Empleo. Valdeón dijo comprender el enfado de esos ayuntamientos, algo que relacionó con los problemas de financiación local. Sin embargo, recordó que las políticas activas que marca dicho plan «deben dirigirse a la creación de empleo» y «no son para ayudar a los municipios».

Algunos ayuntamientos han visto rechazados los planes que presentan para la contratación de desempleados, porque no encajan dentro de la estrategia diseñada por el Consejo General de Empleo, en el que participan la Junta, los sindicatos y los representantes empresariales. Ante la reacción de algunos municipios, sindicatos y empresarios se han reafirmado en el plan trazado, a lo que ayer se sumó la vicepresidenta. Aunque está convocada una reunión con la Federación Regional de Municipios y Provincias para abordar sus quejas, Rosa Valdeón dejó ayer claro que «la filosofía del plan no puede variar», tal y como han manifestado los agentes sociales.

Valdeón explicó que «algunos ayuntamientos necesitan limpiar sus calles, pero no es nuestro objetivo», al tiempo que reconoció que deben producirse cambios tanto en la financiación autonómica como en la local. Lo que busca el Plan de Empleo es apoyar la contratación de parados en actividades que sirvan para dinamizar la zona, de forma que los desempleados se introduzcan en una actividad que luego puedan continuar. A este respecto, el Plan de Empleo ha priorizado los proyectos que estén relacionados con el sector turístico y con el medio ambiente. De los 800 proyectos presentados por municipios de menos de 5.000 habitantes, solo se han aceptado 400, que se repartirán 12,3 millones de euros junto con proyectos supramunicipales de las diputaciones.