El fiscal pide 4 años de cárcel para el conductor del accidente de Tornadizos

Tres años y nueve meses después de aquel fatídico 8 de julio de 2013 en el que nueve personas perdieron la vida y otras 22 resultaron heridas de diversa consideración en Tornadizos de Ávila (Ávila), el Juzgado de lo Penal ha fijado, por fin, fecha para la celebración de un juicio cuya instrucción concluyó hace casi tres años.

Será del 12 al 15 de junio cuando tenga lugar la vista oral por este caso que conmocionó a la sociedad abulense, tal y como ha decidido el juez sustituto de la titular de este juzgado, María Isabel Blanco, que en el mes que lleva en su puesto sí ha encontrado fechas en el calendario para esta causa.

Está previsto que en esos cuatro días presten declaración una treintena de personas, la mayoría de las cuales lo hará en condición de testigo, aunque también prestarán declaración guardias civiles, peritos, responsables de la Junta o el jefe de taller de Cevesa, la empresa del autocar siniestrado, tal y como explicó ayer a este periódico el fiscal delegado de Seguridad Vial, Óscar Barrios.

Tras reconocer el «tiempo excesivo» que ha tardado en fijarse la fecha del juicio, Barrios consideró que «ya era hora» que esto sucediera, sobre todo teniendo en cuenta que desde que finalizaron tanto la instrucción como la calificación en mayo de 2014 «no ha habido avances a mayores» en el proceso.

«Bienvenido sea, más que nada por las víctimas, que merecen otra respuesta a esto y por las que no están indemnizadas», argumentó el representante del ministerio público, quien apuntó que en torno al 80% de las víctimas sí han recibido la indemnización correspondiente en este tiempo.

Al cumplirse tres años del accidente, Óscar Barrios admitió a El Mundo Diario de Castilla y León sentir «cierta rabia» por el hecho de que, tras la «paliza» que se dieron en su momento tanto el juzgado de instrucción como el ministerio público para conseguir que la causa «se instruyera y juzgada rápido», el caso llevara en el Juzgado de lo Penal «el doble de tiempo que el que llevó la instrucción». Estas palabras sirven para este momento, aunque en lugar del doble, ha sido el triple.

Una vez fijada la fecha para la vista oral, el primer día está previsto que a partir de las 9.15 horas, además de las cuestiones previas, presten declaración en torno a una decena de testigos y el principal acusado, el conductor del autocar, Ramón G.S, para quien el fiscal solicita cuatro años de prisión y cinco de privación del carné de conducir.

Y ello, como supuesto autor responsable de nueve delitos de homicidios por imprudencia grave y otros trece de lesiones. Por su parte, el abogado defensor solicita la libre absolución de su defendido que el mismo día del accidente, en el lugar de los hechos y ante la Guardia Civil, reconoció haberse dormido; sin embargo, al prestar declaración ante el juez dio marcha atrás sobre estas palabras.

En el escrito de acusación el fiscal habla de un «notable exceso de velocidad» en el momento del siniestro que tuvo lugar a las 8.35 horas, cuando el vehículo transitaba a la altura del kilómetro 123,000 de la N-403 (Ávila-Toledo), dentro del término municipal de Tornadizos de Ávila.

Según Óscar Barrios, en el momento del impacto el autocar «llegó a alcanzar una velocidad de entre 108,000 y 110,000 kilómetros por hora, superando el acusado la velocidad máxima para el vehículo que conducía de 90 kilómetros por hora en un 16,92%».

Desde su punto de vista, la colisión está vinculada a un «episodio de microsueños» como consecuencia del «cansancio» acumulado por el conductor, tras un viaje efectuado el día anterior. Debido a esa circunstancia, el acusado «tan sólo» había descansado 7 horas y 15 minutos, frente a las 9 horas de «periodo de descanso diario reducido» que fija la normativa de transportes.

Y todo eso, «sabiendo que ello le provocaba que disminuyera su capacidad de percepción, atención y reacción en el manejo del autocar», tal y como sostiene Barrios, que atribuye lo que sucedió a la «falta de atención restada por el acusado a la conducción». Esta circunstancia hizo que «no se apercibiera de la progresiva salida de la vía y del inicio del tramo curvo descendente, así como del notable exceso de velocidad que llevaba a consecuencia de la falta de descanso necesario».

Todos estos factores «le privaron de su capacidad para reaccionar, corregir la trayectoria y evitar la colisión, debido al descenso en la activación de su sistema nervioso, que disminuyó su concentración y conciencia en la conducción».

Las conclusiones apuntan que el vehículo colisionó a 108,8 kilómetros por hora contra el talud rocoso por la parte derecha durante 29,75 metros, lo que provocó que la «fuerza centrífuga» expulsara del interior del habitáculo a siete pasajeros a través de las ventanas «al carecer de sujeción alguna a los asientos» ya que «la normativa en vigor no lo exigía».

Junto a la pena solicitada para el acusado, el fiscal dirige su acusación contra la aseguradora MM Globalis y Mutua Madrileña como «responsable civil directo», así como contra la empresa del autobús, Cevesa, y la Junta de Castilla y León como «responsable civil subsidiario».