La Junta se compromete a agilizar el pago de las subvenciones para rehabilitación energética de edificios
El PSOE critica las “excusas de mal pagador” del Gobierno autonómico: “Siguen siendo morosos con estos ciudadanos”
El portavoz del PP en un momento del pleno en las Cortes.
La Junta de Castilla y León, a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se comprometió hoy a agilizar el pago de las subvenciones para la rehabilitación energética de los edificios cuyas comunidades de vecinos se acogieron a la convocatoria de ayudas regulada por el Real Decreto de 2020.
Un decreto que, en su respuesta a la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en el pleno de las Cortes de hoy, Carriedo recordó que es “de ámbito nacional” y “muy complejo, de difícil aplicación”, por su financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno que “introduce menos flexibilidad y más burocracia”.
No obstante, Carriedo presumió de la agilidad de la Junta a la hora de sacar la convocatoria autonómica y de conceder las ayudas, “tal y como exigía la Unión Europea”. “Ahora estamos en fase de pago”, reconoció Carriedo, que prometió “establecer los mecanismos posibles para agilizarlo”.
No obstante, el portavoz de la Junta aseveró que “Castilla y León cumple con el objetivo de alcanzar el 30% de la reducción del consumo energético” con cerca del doble, casi el 60%, convirtiéndose en la cuarta comunidad “con más nivel de eficiencia”. Ahora, concluyó, esperan estar también “entre los mejores en términos de ejecución presupuestaria”.
Sin embargo, para el procurador socialista Luis Briones la respuesta de Carriedo no fue suficiente, dado que estas explicaciones “no sirven a los vecinos en situación de impago, que alcanzan cientos de miles de euros” en el conjunto de las comunidades afectadas en Castilla y León, por seguir a la espera de una subvención que pidieron en 2021 y se concedió en 2022, informa Ical.
“¿Y presumen de ser buenos gestores?”, apuntó Briones, tras acusar a la Junta de “seguir siendo morosos con estos ciudadanos” al haber pasado cinco años desde la convocatoria y tres desde la concesión, por lo que calificó las palabras de Carriedo como “excusas de mal pagador” que demuestran, a su juicio, “su negligencia, ineptitud y mala gestión”.