Quiñones anuncia un informe sobre absentismo laboral para conocer "con precisión" su realidad en Castilla y León

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio impulsará un estudio específico sobre el absentismo laboral en Castilla y León que permita conocer “con precisión” la realidad de este fenómeno en la Comunidad y sirva de base para la adopción de “futuras medidas” orientadas a “mejorar la productividad empresarial y las condiciones de trabajo”.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que compareció este miércoles en las Cortes regionales para desgranar su programa de acción para la legislatura, explicó que “es indudable que el absentismo laboral es una preocupación de la empresa, tanto en España como en los países de la Unión Europea, generando una disminución de la productividad y de la competitividad de las empresas, a la par que mayores gastos para suplir las ausencias y/o sobrecarga en el resto de los trabajadores”. “Un problema delicado en el que hay que actuar con sensatez y sensibilidad desde el gobierno de España”, dijo.

Juan Carlos Suárez-Quiñones también se comprometió a seguir impulsando el diálogo social como una “herramienta estratégica esencial de progreso económico y cohesión social en un mundo de transformaciones, dando continuidad a los acuerdos alcanzados y trabajando con las organizaciones empresariales y sindicales para alcanzar nuevos consensos”, como recoge Ical.

El consejero indicó que continuará “reforzando” las políticas dirigidas a mejorar las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo y seguirá promoviendo acuerdos con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, garantizando el apoyo al funcionamiento de los agentes económicos y sociales y manteniendo los programas dirigidos a proteger a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Asimismo, se comprometió a continuar reforzando el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) y señaló que modernizará los servicios de mediación, conciliación y arbitraje de las Oficinas Territoriales de Trabajo mediante la implantación de nuevas herramientas digitales que permitan agilizar la tramitación de expedientes, reducir tiempos de respuesta y facilitar el acceso de empresas y trabajadores a estos procedimientos.

En materia de prevención de riesgos laborales, Suárez-Quiñonez constató que la Junta mantendrá las líneas de ayudas dirigidas a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, dotadas este año con 7,5 millones de euros, destinadas a financiar actuaciones como la renovación de equipos de trabajo, la retirada de cubiertas de amianto, la mejora de instalaciones o la implantación de medidas de bienestar laboral.

La Consejería modificará además el sistema de concesión de estas ayudas para priorizar, mediante concurrencia competitiva, aquellos proyectos con mayor impacto preventivo y social, garantizando una utilización más eficiente de los recursos públicos.

Las actuaciones se extenderán también al medio rural mediante programas desarrollados junto con las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal de El Bierzo para reforzar la seguridad laboral en municipios de menor tamaño, mejorar la protección de los trabajadores de los sectores agrícola, ganadero y forestal, impulsar la elaboración de censos de amianto y favorecer la instalación de desfibriladores en pequeñas localidades.

En este sentido, aclaró que articularán ayudas con los programas Montel Seguro, para protección de los trabajadores que realizan trabajos preventivos y para el cuidado del medio ambiente; y Censo Amianto, para la dotación de medios y equipos, apoyar a los pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes en la identificación del amianto. Asimismo, reforzarán la seguridad y salud laboral en los centros y lugares de trabajo en los municipios de menos de 2.000 habitantes en sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería y la actividad forestal y extenderán la instalación de desfibriladores en el ámbito rural a los municipios de menos de 2.000 habitantes.

Del mismo modo, incidió en que continuará la colaboración con la Inspección de Trabajo, con las Universidades y con otras consejerías para seguir avanzando en la cultura preventiva, reforzando el papel del Centro Autonómico de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, ubicado en León, mediante nuevas acciones formativas, campañas de sensibilización, reconocimientos a las buenas prácticas empresariales y programas dirigidos a fomentar la prevención desde las etapas educativas.

Quiñones también anunció un “Kit de Autónomos” con “medidas contundentes” a favor de los trabajadores por cuenta propia, y destacó un aumento del incentivo para el fomento del relevo en la actividad por cuenta propia en Castilla y León (Relevacyl) hasta los 30.000 euros.

En concreto, precisó que elevarán la cuantía mínima a percibir por un autónomo que asuma el traspaso de un negocio cuyo titular cesa por jubilación o causas sobrevenidas, desde los 10.000 hasta los 20.000 euros, ampliables en otros 10.000 euros si es mujer o se trata del medio rural. Así mismo se pondrá en marcha una Plataforma Web de oferta y demanda de traspasos de negocios, informa Ical.

Juan Carlos Suárez-Quiñones puso encima de la mesa que se atenderá la reivindicación “histórica del colectivo ante la negativa del Ejecutivo central a eximirles de la cuota de cotización cuando se encuentren en un periodo de baja médica, en el que apenas cobran entre el 60 y 75% de su base reguladora”.

Así, el Bono Recupera-T que se podrá en marcha financiará las cuotas abonadas por los autónomos personas físicas que estén en situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica. “El autónomo, generador de riqueza y empleo, también debe poderse permitir enfermar, algo que la realidad demuestra les resulta difícil, y así es que la incidencia por baja médica es en autónomos hasta cuatro veces menor que en asalariados por cuenta ajena”, dijo.

Asimismo, el consejero indicó que para afianzar la consolidación del negocio por cuenta propia en Castilla y León, se continuará mejorando la cobertura del pago de las cuotas de la Seguridad Social (Consolidacyl), ampliando de 18 a 24 el número de meses subvencionados en esta línea a los nuevos autónomos, tanto si se acogen a la tarifa reducida del Estado como si no lo hacen, lo que se traduce en la ampliación a dos años de la cuota cero.

Finalmente, resaltó que se implantará un Bono Autónomos, consistente en una ayuda directa de 300 euros, destinada a aliviar parte del incremento de costes que soportan los trabajadores por cuenta propia derivados del aumento de cotizaciones, cargas laborales y obligaciones administrativas impuestas por el gobierno de España, reforzando así el respaldo de la Junta a un colectivo que constituye uno de los pilares del tejido económico de Castilla y León.

Economía social

Suárez-Quiñonez también constató que la Consejería mantendrá su apuesta por la economía social como uno de los “instrumentos fundamentales para generar empleo estable, inclusión laboral, favorecer la cohesión territorial y fijar población, especialmente en el medio rural”. Castilla y León cuenta con cerca de 5.500 empresas y entidades de economía social, que representan uno de los mayores pesos relativos del conjunto de comunidades autónomas y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico de numerosos municipios.

Tras movilizar cerca de 175 millones de euros durante la anterior legislatura para fortalecer este modelo empresarial, la Junta elaborará el II Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social 2026-2030, que dará continuidad al trabajo realizado y permitirá seguir impulsando cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Entre las actuaciones previstas figura el apoyo continuado a la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid, la modernización del portal de economía social, nuevas campañas de difusión y la participación en proyectos europeos dirigidos a favorecer la fijación de población y el desarrollo económico del medio rural. Además, se reforzará el apoyo a los centros especiales de empleo y empresas de inserción, facilitando la incorporación laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y favoreciendo su acceso al mercado ordinario de trabajo.

Por último, apostó por el cooperativismo y concretó que el Fondo de Fomento del Cooperativismo seguirá siendo el principal instrumento para financiar e impulsar nuevas iniciativas de promoción. A través de este Fondo, y en el marco de la Comisión Especial en materia de Cooperativismo del Consejo Regional de Economía Social, consensuarán con el propio sector las medidas, actuaciones y prioridades de apoyo, para que las cooperativas sean como motor de desarrollo económico, creación de empleo y cohesión territorial en nuestra Comunidad.

Finalmente, indicó que impulsarán el desarrollo reglamentario de la Ley de Cooperativas de Castilla y León, a través de la modificación del Decreto por el que se regula el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, con el doble objetivo de dar respuesta a las necesidades reales y actuales que presentan las entidades cooperativas en su relación con este Registro y simplificar la tramitación de los procedimientos.

1.200 millones del ECyL

Por otro lado, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León desarrollará durante la legislatura una estrategia dotada con cerca de 1.200 millones de euros destinada a “mejorar la empleabilidad de los trabajadores, atender las necesidades de las empresas y seguir reduciendo el desempleo en la Comunidad”.

En este sentido, Quiñones anunció que acercarán el ECyL al ciudadano, especialmente en el medio rural, para lo que “reforzarán” la colaboración con las entidades locales, integrándolas plenamente en las políticas activas de empleo para “aprovechar sinergias, optimizar recursos y actuar con una estrategia común, con la implantación de puntos de atención en cabeceras de comarca, evitando así desplazamientos a demandantes de empleo”, dijo, como recoge Ical.

Asimismo, apostó por “buscar más eficacia, más estabilidad y mejor respuesta al territorio” con soluciones adaptadas a la realidad de cada municipio, frente a los modelos uniformes. “Debemos diferenciar entre necesidades estructurales, que han de abordarse promoviendo estabilidad en el empleo, de necesidades coyunturales, que deben tener instrumentos específicos”,, dijo.

Suárez-Quiñones también indicó que la labor del EcyL estará orientada a “ofrecer una atención cada vez más personalizada a desempleados y empresas mediante la modernización de sus servicios, el uso de nuevas herramientas digitales y el refuerzo de la orientación laboral, adaptando las políticas activas de empleo a las características de cada persona y a las necesidades reales del mercado de trabajo y del territorio”.

Entre las principales novedades de la legislatura, indicó el consejero, figura el impulso del programa Talento Empleo Castilla y León (TALEM) para reforzar la conexión entre universidad y empresa, facilitar la incorporación de jóvenes titulados al mercado laboral y favorecer la retención y atracción de talento en la Comunidad.

La formación para el empleo, prosiguió el consejero, continuará siendo uno de los principales instrumentos de actuación. La Consejería potenciará así la actividad de los ocho centros propios de formación, pondrá en marcha el nuevo centro de Soria ligado a las energías renovables y promoverá nuevas fórmulas de colaboración con las empresas que integren formación e incorporación al empleo.

El consejero también indicó que el ECYL reforzará asimismo su papel de intermediación laboral mediante una actuación más activa y proactiva con las empresas, anticipándose a sus necesidades de personal y mejorando la conexión entre oferta y demanda de empleo.

El ECYL seguirá desarrollando programas específicos dirigidos a jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, desempleados de larga duración y personas con mayores dificultades de inserción laboral, reforzando igualmente la colaboración con entidades sociales especializadas para mejorar la inserción de los colectivos más vulnerables.

Asimismo, la Junta avanzará en la simplificación administrativa mediante la implantación de una solicitud única de ayudas para autónomos, que permitirá acceder mediante una sola tramitación a las distintas líneas de apoyo convocadas por la Consejería.

La modernización del sistema autonómico de empleo se completará con la elaboración de un Mapa Autonómico del Empleo que identifique todos los recursos disponibles, el impulso de nuevas herramientas digitales para mejorar la intermediación entre empresas y trabajadores y el refuerzo institucional del ECYL, que incluirá la actualización de su marco normativo y la mejora de sus recursos humanos e infraestructuras.

Para finalizar, el consejero defendió que el modelo de empleo de esta legislatura “debe ser también, de forma inequívoca, un modelo de corresponsabilidad activa”, y así, darán importancia al “acuerdo de actividad, con seguimiento riguroso y tutorización bajo un marco de corresponsabilidad entre la Administración y la persona, tanto en el acceso a los servicios y actuaciones de empleo, orientación o formación, como en la participación en las actuaciones acordadas para favorecer su empleabilidad y mejorar sus oportunidades de acceso, mantenimiento o mejora en el empleo”.

Plan Director de Promoción Industrial

Quiñones se comprometió también a impulsar un nuevo Plan Director de Promoción Industrial 2026-2030, que establecerá la estrategia industrial de Castilla y León para los próximos años y orientará las actuaciones públicas destinadas a mejorar la competitividad del sector.

Indicó que continuará impulsando sectores estratégicos como la automoción, la industria agroalimentaria, la industria de la defensa, la aeronáutica, los drones, la industria biofarmacéutica, los videojuegos y el hidrógeno renovable, entre otras, promoviendo la colaboración con universidades y centros tecnológicos y favoreciendo la participación en proyectos europeos de innovación, informa Ical.

En este ámbito, Juan Carlos Suárez-Quiñones aprobará la Estrategia del Hidrógeno de Castilla y León, destinada a aprovechar el potencial de la Comunidad para “convertirse en un referente en la producción y utilización de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles, impulsando nuevas oportunidades industriales y de inversión”.

La política industrial seguirá siendo uno de los principales ejes de actuación de la Consejería, dijo el consejero, con el objetivo de “consolidar a Castilla y León como una de las comunidades industriales de referencia en España, favoreciendo la llegada de nuevas inversiones, la ampliación de empresas ya implantadas y el desarrollo de nuevos sectores de alto valor añadido”.

Entre las prioridades destacó el desarrollo de 26 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial, competitivo y a precios asequibles, en colaboración con las consejerías competentes, favoreciendo especialmente la implantación empresarial en municipios intermedios y contribuyendo a una mayor cohesión territorial.

Asimismo, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio expuso que la Junta continuará desarrollando los Programas Territoriales de Fomento actualmente en marcha en distintas zonas de la Comunidad e impulsará uno nuevo en la Sierra de la Demanda (Burgos), con el objetivo de favorecer la reindustrialización de territorios que han sufrido procesos de pérdida de actividad económica y empleo o carecen de un tejido industrial previo.

Además, aseguró que continuará utilizando la figura de los Proyectos Industriales Prioritarios (PIP) para agilizar la implantación y ampliación de grandes inversiones empresariales. Entre ellas figuran proyectos vinculados a Renault, Nissan, Iveco, Horse, Tvitec, Freigel Food Solutions, Indra o las nuevas iniciativas actualmente en tramitación promovidas por Galletas Gullón, Elyse Energy, Mars o Frías Nutrición.

Juan Carlos Suárez-Quiñones también explicó que la modernización del tejido industrial seguirá apoyándose en programas de digitalización e innovación. Así, la consejería dará continuidad a las ayudas de Industria 4.0, destinadas a impulsar la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, la visión artificial o los gemelos digitales, así como a las líneas de apoyo a la ciberseguridad industrial y a la adquisición de maquinaria para pequeñas y medianas empresas.

Exigencias al Gobierno

Igualmente, el consejero reiteró la exigencia de que el Gobierno de España “acelere de forma definitiva la planificación y ampliación” de la red de transporte eléctrico, una infraestructura considerada “imprescindible” para desbloquear inversiones industriales que actualmente superan los 15.000 millones de euros en Castilla y León.

En materia de seguridad industrial, Suárez-Quiñones manifestó que continuarán desarrollando campañas de inspección y control sobre instalaciones industriales, ascensores, instalaciones eléctricas, gas, estaciones de servicio y otros ámbitos sometidos a reglamentación técnica, reforzando también la vigilancia sobre los productos industriales comercializados y avanzando en la simplificación administrativa mediante nuevas herramientas de tramitación electrónica.

Por último, comentó que seguirán garantizando el control metrológico de instrumentos de medida utilizados en las transacciones económicas y estudiará la futura configuración del sistema regulador de las estaciones de ITV para garantizar un servicio próximo, seguro y accesible para todos los ciudadanos.

También anunció Quiñones este miércoles un nuevo instrumento que, en colaboración con las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, “integrará y coordinará las políticas de formación universitaria, formación profesional, políticas activas de empleo y políticas en materia industrial y empresarial con la finalidad de establecer una red de talento que permita incrementar la empleabilidad, la productividad, favorecer la innovación empresarial, atraer inversiones y fijar población”.

Juan Carlos Suárez-Quiñones expuso, durante su comparecencia en las Cortes regionales para explicar sus metas de legislatura, el compromiso de promover un “gran programa” con las principales empresas e industrias de Castilla y León, orientado a ofrecer “planes de carrera atractivos” a los jóvenes. Para lograrlo, dijo, no solo contarán con las capacidades que pueden ofrecer las Universidades, centros de Formación Profesional y centros de investigación de la Comunidad, sino que promoverán “una escucha activa de las necesidades de la industria y las empresas de Castilla y León y las expectativas, intenciones y prioridades de nuestros jóvenes”, informa Ical.

Al respecto, remarcó que la adscripción de Universidades a las competencias de Industria, Empleo y Comercio pretende impulsar de manera más intensa estas relaciones. Este instrumento se unirá, dijo, al Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (en la actualidad el vigente en el periodo 2024-2027 está dotado con millones de euros), que constituye, dijo, una “herramienta esencial en esta estrategia”.

En este marco, resaltó también que a través del ECyL, el Programa Talento Empleo Castilla y León (TALEM) será un eje la conexión universidad-empresa, y consolidará dos programas bienales con las Fundaciones de las Universidades Públicas, el de Incorporación, Consolidación y Fidelización del Talento Joven (IncofiI), que acompaña al joven en su estabilización empresarial, gracias a formaciones en competencias básicas, prácticas no laborales y en su camino a la inserción laboral; y el Experience Plus, enfocado en acompañar itinerarios formativos de jóvenes egresados diseñados a medida de las empresas.

El consejero también aseguró que el impulso de las microcredenciales universitarias junto con la promoción de nuevas titulaciones universitarias duales y de doctorados industriales, de forma coordinada con los diagnósticos, herramientas y soluciones propuestas por el ECyL se convertirán en “un instrumento fundamental para la formación en capacidades y habilidades directamente demandadas por la empresa y la industria y por la sociedad facilitando con ello la incorporación en nuestro ecosistema de perfiles definidos, preparados y dotados de un alto componente innovador”.

Universidades

En materia de universidades, Suárez-Quiñones expuso que su primer compromiso sigue siendo garantizar un acceso “justo y equitativo” a la universidad, por lo que proseguirán con su defensa de una PAU común para toda España, que “asegure igualdad de oportunidades, objetividad y seguridad jurídica para todos los estudiantes”.

Además, recalcó que la Consejería pondrá en marcha la gratuidad de la primera matrícula universitaria de grado este curso 2026/2027, una medida “pionera” que convierte a Castilla y León en una de las comunidades con mayor apoyo directo a los estudiantes universitarios y que se complementará con el mantenimiento de un amplio sistema de becas y ayudas complementarias de las estatales.

Esta iniciativa, dijo, se suma a la reducción de los precios públicos universitarios aplicada en los últimos años: “Las matrículas de grado son hoy un 39 por ciento más económicas que en 2017/2018, los másteres habilitantes han reducido su coste en más de un 50 por ciento y también se ha rebajado el precio de la PAU”.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio manifestó que a esto se añade una política de becas “cada vez más amplia”. Precisó en este sentido, que en el curso 2025/2026, con un presupuesto de 6,25 millones de euros, se concedieron más de 6.200 ayudas complementarias al sistema estatal, cerca de 1.500 ayudas Erasmus+ y otras destinadas a la acreditación de idiomas. Además, impulsaremos un programa de prácticas en el medio rural, el Erasmus Rural, para fortalecer el vínculo de los jóvenes con nuestros municipios.

Asimismo, el consejero destacó que continuará impulsando la adaptación de la oferta académica a las nuevas demandas del mercado laboral mediante la implantación de titulaciones vinculadas a ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la industria, la biotecnología, la energía, la digitalización, o la salud, como los nuevos grados en medicina de León y Burgos, farmacia de Valladolid o Veterinaria de Salamanca que comenzarán este curso 2026/2027 gracias al apoyo institucional y económico de la Junta de Castilla y León. Esta apuesta irá acompañada de una importante inversión de 21,5 millones de euros ya destinados entre 2025 y 2026 y un plan extraordinario de inversiones hasta 2031 dotado con 125 millones para modernizar infraestructuras y garantizar la calidad de las nuevas enseñanzas.

La Consejería, prosiguió, reforzará igualmente el papel de las universidades como motor de investigación e innovación, promoviendo la transferencia de conocimiento hacia las empresas, la colaboración con el tejido productivo y la captación de talento investigador. Junto a ello, seguirá apoyando proyectos de excelencia científica y la internacionalización del sistema universitario, consolidando a Castilla y León como una comunidad de referencia en educación superior. En este sentido, indicó que impulsarán nuevas líneas de investigación aplicada con participación empresarial, promoverán redes de colaboración entre grupos de investigación y seguirán respaldando infraestructuras científico-técnicas de referencia como el Cenieh, el CLPU y Scayle, “fundamentales para proyectar a Castilla y León como una comunidad líder en ciencia e innovación”.

El departamento de Suárez-Quiñones continuará también avanzando en la simplificación administrativa de los procedimientos universitarios, fomentará la colaboración institucional con las universidades y favorecerá la participación de estas en proyectos nacionales e internacionales de investigación e innovación, fortaleciendo su contribución al desarrollo económico y social de la Comunidad.

Capacidad del consejero

Tras la intervención inicial de Quiñones, la oposición parlamentaria de los grupos Socialista y Mixto cuestionó este miércoles la presencia de Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, tras su gestión de los incendios durante el verano pasado cuando ostentaba las competencias en esta materia de la Junta.

Los procuradores del PSOE Iván Zazo y de UPL Rosa María Quintanilla recordaron en su análisis de la presentación del programa de legislatura del consejero en las Cortes, el papel de Suárez-Quiñonez durante la pasada campaña de incendios, cuando solicitaron su dimisión ante los daños que sufrieron muchos municipios de la Comunidad, informa Ical

Zazo ironizó que la “figura” al frente de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ”viene avalada por un trabajo cuestionable”. “Municipios como Navalacruz, Las Médulas o la Sierra de la Culebra pueden dar buena fe de ello”, espetó, para sentenciar: “Son muchos los ciudadanos que piensan que no debería estar sentado ahí y debería haber sido cesado por Mañueco”.

Por su parte, Quintanilla garantizó que su grupo estará “muy pendiente y vigilante” de la labor del consejero en esta nueva área y deseó que “tenga más acierto que en la pasada legislatura” cuando estaba al frente de Medio Ambiente, ya que en León, dijo, “padecieron” su gestión de los grandes incendios. “Exigimos su dimisión pero ni asumió responsabilidades ni mejoró el operativo que afronta esta campaña al límite”.

Iván Zazo, quien mostró su solidaridad con los vecinos de Íscar (Valladolid), afectados desde ayer por un importante incendio, también arremetió contra el “discurso triunfalista” del consejero, que vive, a su juicio, en los “mundos de Yupi”. Agregó que “mal comienza la legislatura” porque el acuerdo de gobierno PP-Vox “es más de lo mismo de los últimos años” para sentenciar que “la sangría migratoria juvenil seguirá con lo que estamos viendo”.

El procurador del PSOE recordó que la pasada legislatura la consejería inició su andadura con Vox al frente y señaló que toma el relevo con planes territoriales “inconclusos” y “desequilibrios sin atender”, así como sin planes de desarrollo y de futuro para las comarcas mineras.

Zazo también indicó que a pesar del compromiso expresado por el consejero con el Diálogo Social, este Gobierno terminará con el proceso de concertación, porque el acuerdo PP-Vox “no tiene nada que ver con eso”. “Vox lo destrozó, y al PP le tocó recoger carrete y sentarse de nuevo”, rememoró.

El parlamentario socialista también denunció que tratan de enfrentar “problemas inventados por el espectro político de la derecha”, como el absentismo, que pueden solucionar los médicos y los profesionales de las mutuas, no los recortes de prestaciones de un político. Además, cargó contra la prioridad nacional, que “quiere decir racismo”, cuando es la migración, la que está permitiendo que se eleve la población. Por último, se temió que la legislatura termine como la anterior, “con un papel arrugado”, aunque trasladó que esperan que “este acuerdo finalice lo más pronto posible”.

Juan Carlos Suárez-Quiñones consideró “normal” las críticas del socialista a su gestión dentro de “su labor de oposición” en un “sistema político y parlamentario”. El consejero trasladó al socialista que la defensa del Dialogo Social está dentro del acuerdo PP-Vox, pero matizó que “dentro de unos parámetros de utilidad social y pública” de las medidas; y recalcó los más de 2.000 millones de euros que ya se han ejecutado con estos acuerdos. En cuanto a la salida de jóvenes que denunció el socialista, el consejero recalcó que la Comunidad cada vez atrae a más de ellos a sus universidades, y afirmó: “Vamos por un camino de luz”, aunque se requiere, dijo, “trabajo y medidas de discriminación positiva” para hacer de Castilla y León, una autonomía “cada vez más atractiva”.

La procuradora de UPL Rosa María Quintanilla UPL cargó contra el acuerdo PP-Vox que es “inadmisible” por al “agravio comparativo” de desatención que sufre el tejido productivo de la Región Leonesa. Así, garantizó que defenderán su “identidad y supervivencia económica” para arremeter contra las medidas que se “negocian en despachos centralistas”.

En este sentido, advirtió de que el oeste de la Comunidad “no puede esperar más a planes de empleo, sobre todo para sus áreas rurales, y criticó que se vayan a potenciar polígonos en municipios intermedios, lo que “no tiene en cuenta la realidad” de León, para poner sobre la mesa la necesidad de industria en Laciana, El Bierzo, Béjar o Sabero.

En cuanto al absentismo laboral, aconsejó a Suárez-Quiñones que revise primero lo que ocurre en la sanidad pública en la Comunidad “de la que sanan pecho, pese a la deficiencia que existe en personal, especialmente en el medio rural y de forma sangrante en atención primaria, por no hablar de la demora y las listas de espera espera en atención especializada y quirúrgica”.

Por último, advirtió de que los planes de financiación no son viables sin presupuestos, y razonó que una administración sin cuentas es como un “coche sin gasolina” e instar a que se pongan manos a la obra cuanto antes para “arrancar este viaje” porque “si se lo toman con tanta calma como el pacto, igual alguno de ellos se baja del coche antes de iniciar el viaje”.

Suárez-Quiñonez rechazó que exista una agravio comparativo centralista con León y sentenció que “si hay una provincia con un compromiso de promoción industrial, esa es” la leonesa León, donde se están invirtiendo, precisó, más de 140 millones de euros en suelo industrial. Asimismo, recalcó que el acuerdo de gobierno PP´-Vox garantiza que habrá cuentas autonómicas para los cuatro años de legislatura.

El procurador de Vox Carlos Menéndez valoró la intervención del consejero porque respondió al acuerdo PP-VOX y al modelo económico de su formación. Sin embargo, advirtió de que en la comparecencia de Suárez-Quiñones, tuvieron “reflejo escaso” algunas medidas pactadas como la política energética, las instalaciones de autoconsumo industrial, el aprovechamiento de recursos mineros estratégicos o la defensa del suelo productivo frente a macroparques, junto al arraigo para conceder ayudas al empleo.

Asimismo, constató que el consejero no profundizó en sus palabras de apoyo al Diálogo Social, y consideró que el acuerdo de gobierno es compatible con la postura expresada por VOX en una PNL presentada en las Cortes, para la reforma del proceso de concertación que considera que “está monopolizado por los sindicatos mayoritarios y no se ajusta a la realidad empresas que tiene Castilla y León”.

Por último, la procuradora del PP María José Álvarez apeló a una menor confrontación y “más propuestas útiles” para seguir creciendo y generando empleo, como las que comprometió hoy el consejero y el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Unas medidas en Industria, Universidades, Empleo y Comercio “ambiciosas y realistas”, dijo, que generarán más oportunidades y empleo para todos.

Álvarez valoró la intervención de Suárez-Quiñones y ensalzó las importantes medidas presentadas para retener talento, proteger a los autónomos o sostener el comercio en Castilla y León, junto a la apuesta por la reindustrialización, la innovación o el impulso a sectores estratégicos.