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ASAJA, UCCL y COAG reclamarán en la tractorada del día 28 ayudas y medidas para el sector agrario de Castilla y León

La protesta contará con la participación de agricultores y ganaderos a pie y con tractores de las principales organizaciones

Presentación de las medidas propuestas por ASAJA, COAG Y UCCL.

Presentación de las medidas propuestas por ASAJA, COAG Y UCCL.EUROPA PRESS

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ASAJA, UCCL y COAG han hecho un llamamiento a los agricultores y ganaderos de Castilla y León para participar en la manifestación nacional convocada el próximo 28 de octubre en Madrid, en la que reclamarán las medidas propuestas este miércoles por las organizaciones de la comunidad.

Los responsables autonómicos de las tres organizaciones agrarias, Donaciano Dujo, Jesús Manuel González Palacín y Lorenzo Rivera, respectivamente, han presentado este miércoles en Valladolid una movilización que se desarrollará bajo el lema 'Dar de comer tiene que dar para vivir' y con la que reclamarán medidas ante el incremento de los costes de producción y la falta de rentabilidad de las explotaciones.

La protesta contará con la participación de agricultores y ganaderos a pie y con tractores, que accederán a la capital desde cinco columnas, según han explicado los convocantes, quienes han destacado la importancia de la participación de Castilla y León por el peso del cereal en la Comunidad.

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha recordado que esta será la quinta movilización en la que participan las organizaciones agrarias de la Comunidad después de las cuatro celebradas anteriormente en Castilla y León y ha advertido de que, "si las cosas no cambian", no será la última.

ASAJA, UCCL y COAG prevén que Castilla y León tenga una presencia destacada en la manifestación, con una pancarta propia para agrupar a los participantes procedentes de la Comunidad, y han asegurado que mantendrán las movilizaciones después de la cita de Madrid si no se producen avances en sus reivindicaciones, recoge Europa Press.

Dujo ha centrado parte de sus críticas en la situación del cereal y ha asegurado que el sector afronta 2026-2027 con unos costes que ha calificado como los más elevados hasta el momento. Según sus cálculos, sembrar una hectárea de secano supone actualmente un desembolso de entre 900 y 1.000 euros, mientras que los fertilizantes rondan los 600 euros por tonelada y el cereal cotiza en torno a 220 euros por tonelada.

El representante de ASAJA ha recordado además que las organizaciones cifran en más de 300 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la última cosecha y ha advertido de una posible reducción de la superficie destinada al cereal. En este sentido, ha señalado que Castilla y León llegó a contar históricamente con unos dos millones de hectáreas, frente a alrededor de 1,55 millones la pasada campaña, y ha estimado que este año podría no alcanzarse los 1,2 millones.

Las organizaciones por lo tanto reclamarán en Madrid al Gobierno una serie de reivindicaciones que se basan en un plan de choque urgente que busca la implantación de un gasóleo profesional agrícola, con una fiscalidad reducida y estable; por lo que se reclama una ayuda destinada al gasóleo que cubra el 70% de los sobrecostes reales.

Otra de las medidas que quieren conseguir las organizaciones es mantener la PAC actual y pedir unos presupuestos suficientes para defender el modelo agrario. La próxima PAC "no puede convertirse en una política residual" explica Dujo.

Se exige para el periodo 2028-2034 una PAC común, con presupuesto propio y suficiente, sin recortes en términos reales. A su vez, se exigen unos precios justos junto con una Ley de la Cadena Alimentaria eficaz para el sector productor.

Esta medida se traduce en que se respeten los costes efectivos de producción, contratos equilibrados y mecanismos de revisión cuando estos costes se disparen. Dujo ha hecho hincapié en que, "se debe prohibir la compra por debajo de los costes".

El cuarto pilar de las reivindicaciones presentadas este miércoles pone en manifiesto el descontento de las organizaciones con la competencia desleal en los acuerdos comerciales, como Mercosur ya que, no es aceptable exigir a los agricultores nacionales unas serie de requisitos cada vez más estrictos mientras que, se abren puertas del mercado europeo a productos obtenidos bajo condiciones menos exigentes.

Finalmente, Dujo ha expuesto en nombre de las tres entidades la eliminación de la burocracia porque mientras las obligaciones administrativas crecen, falta tiempo para atender cultivos, cuidar el ganado y gestionar las explotaciones.

Por su parte, el coordinador de UCCL, González Palacín, ha puesto en valor la "unidad de acción" alcanzada entre las organizaciones convocantes y ha considerado necesario "aparcar las diferencias" ante un momento que ha calificado como "crítico" para agricultores y ganaderos.

Palacín ha advertido de que los elevados costes pueden provocar que parte de los agricultores reduzcan la superficie de cereal y opte por cultivos con menores gastos, con el consiguiente riesgo, según ha señalado, de incrementar la dependencia de las importaciones.

En este contexto, ha reclamado controles sobre los productos procedentes de terceros países para garantizar que cumplen requisitos equivalentes a los exigidos a los productores europeos y ha planteado avanzar hacia sistemas de certificación en origen.

El responsable de UCCL ha reclamado además la puesta en marcha de un gasóleo profesional para el sector, con una reducción de la fiscalidad y una bonificación directa en el momento del repostaje.

En concreto, ha planteado una bonificación de entre 40 y 50 céntimos por litro con el objetivo de compensar una parte del sobrecoste que afrontan las explotaciones.

También ha pedido reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para que, además de las sanciones a las empresas que incumplan la normativa, se pueda exigir la regularización de los contratos cuando se detecten precios inferiores a los costes de producción.

González Palacín ha defendido asimismo que las reivindicaciones agrarias formen parte del debate político ante la próxima convocatoria electoral y ha reclamado tanto al Gobierno como a los partidos de la oposición compromisos concretos sobre sus políticas para el sector.

El coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha coincidido en la necesidad de una participación "masiva" el próximo 28 de octubre y ha instado a los profesionales del campo a trasladar ese día "la sementera a Madrid" en lugar de continuar produciendo a pérdidas.

Rivera ha asegurado que los agricultores no reclaman "privilegios" ni pretenden "vivir de las ayudas", sino disponer de "condiciones justas para producir", rentabilidad para las explotaciones y perspectivas de futuro que permitan también la incorporación de jóvenes.

El responsable de COAG ha advertido de que la subida de los costes, especialmente del gasóleo y los fertilizantes, contrasta con la evolución de los precios percibidos por los productores y ha considerado que las ayudas económicas son únicamente una solución coyuntural.

A su juicio, parte de los problemas del sector deberían abordarse mediante cambios normativos, la aplicación de cláusulas de salvaguardia y mayores controles sobre las importaciones.

Las tres organizaciones han reclamado asimismo medidas a la Junta de Castilla y León. Sus representantes han recordado que en anteriores movilizaciones solicitaron al Ejecutivo autonómico 150 millones de euros para hacer frente a la crisis del sector y han criticado que, según sostienen, los presupuestos autonómicos no contemplen una partida extraordinaria suficiente para compensar la situación actual.

González Palacín ha incidido también en la negociación de la futura PAC y ha rechazado la posibilidad de una reducción de sus fondos. En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España que mantenga una posición "firme" en el Consejo de la Unión Europea y defienda tanto el presupuesto como la estructura en dos pilares de la política agraria.

Las organizaciones han defendido que la protesta del día 28 trasciende al propio sector primario, al considerar que una reducción de la producción nacional incrementaría la dependencia de terceros países y afectaría al modelo alimentario.

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