La Junta prepara un plan de Desregulación hasta 2028 que revisará 133 normas candidatas a ser derogadas

La Junta de Castilla y León prepara el Plan de Desregulación de Castilla y León (2027-2028) con el que pretende tener un ordenamiento “depurado”, con leyes y reglas accesibles por materias y con ficha, así como procedimientos simplificados, en los que no se pidan documentos “innecesarios” y se aplique el control previo solo donde se justifique. Para ello, propone 16 medidas, agrupadas en cinco ejes, que incluyen hasta la derogación expresa de hasta 133 normas.

Hoy, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha abierto en el Portal de Gobierno Abierto el trámite de consulta pública para que los ciudadanos y empresas puedan consultar el borrador del Plan y hacer sus aportaciones hasta el 20 de noviembre, ya que a finales de año terminará la vigencia de las últimas directrices de simplificación y reducción de la burocracia para los años 2025 y 2026.

Todos los departamentos, con la coordinación de la Dirección General de Desregulación, aplicarán este nuevo plan para los dos próximos años que se propone seis grandes objetivos, a partir de 16 medidas, agrupadas en cinco ejes, para avanzar hacia un ordenamiento “menos restrictivo, más claro, seguro, eficaz y transparente, fácil de conocer y aplicar”. Además, se prevé revisar su cumplimiento a través de 26 indicadores, dos informes semestrales y uno anual que será público y una evaluación final en 2029, informa Ical.

Este nuevo Plan parte del diagnóstico del ordenamiento jurídico de Castilla y León, conformado por 360 normas con rango de ley vigentes, de las que 133 han agotado ya su objeto -presupuestos de ejercicios pasados, leyes singulares o meramente modificativas- por lo que son “candidatas” a la derogación expresa. En el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) figuran, además, 1.590 decretos y 3.442 órdenes de carácter reglamentario que siguen formalmente en vigor al no haber sido anuladas.

Los compromisos del Plan son no pedir documentos que la Administración ya tenga, ordenar la normativa vigente por materias y con fichas e incorporar una versión consolidada de los decretos. Además, se prevé la derogación expresa de las normas sin objeto, citándolas una a una, sin cláusulas genéricas. De esta forma, la ciudadanía tendrá que aportar menos papeles, dispondrá de normas más fáciles de encontrar, respuestas “más claras” y podrá hacer aportaciones a través del Buzón de desregulación.

Además, el Plan ofrece a las empresas, eliminar el control previo cuando no esté justificado, de forma que la autorización podrá sustituirse por una declaración responsable o una comunicación. También se suprimirán los requisitos que superen las exigencias normativas y los datos que ya tenga la Administración se obtendrán por consulta interna. Además, las organizaciones empresariales y los colegios profesionales podrán señalar cargas y proponer simplificaciones mediante instrumentos de colaboración, recoge Ical.

Cinco líneas de actuación

La primera de las líneas es la de “depurar” y revisar las normas candidatas a derogación, cuya vigencia deberá justificar cada consejería, y aprobación de una ley y de decretos de derogación. Además, el Plan propone elaborar también un inventario de órganos colegiados y consejos asesores para fusionar o suprimir los que no aporten valor.

También se prevé “ordenar” el acervo legal de la Comunidad a través de códigos de normativa vigente por materias y una herramienta de legislación consolidada de Castilla y León, con sus distintas versiones y su estado de vigencia. Además, se simplificarán los trámites mediante la revisión de los procedimientos que requieren autorización, comunicación o declaración responsable, y de aquellos en los que la falta de respuesta de la Administración equivale a una denegación.

Por otra parte, se establecen reglas para las normas nuevas, con la imposición de directrices de calidad normativa “más exigentes”, con menos excepciones y regímenes transitorios, cláusulas de vigencia limitada e informes previos de viabilidad. Además, se prevé regular el procedimiento de elaboración de normas y se aprobará un Plan anual normativo que aporte transparencia y seguridad jurídica a empresas y ciudadanos.

Finalmente, otro de los ejes que propone Desregulación es la formación del personal que tramita procedimientos, el reconocimiento de iniciativas destacadas en esta materia y la creación de un Portal de Desregulación con un buzón de propuestas, un banco de buenas prácticas y guías de apoyo.