El porcino de Castilla y León teme un descenso de las exportaciones del 15% por la peste

Los productores de porcino de Castilla y León se encuentran expectantes por la aparición de casos de peste porcina en Cataluña, una situación que consideran «grave» y que ya habían puesto en conocimiento de las administraciones hace más de tres años, con los primeros brotes en Alemania o Italia. Temen que puede afectar a las exportaciones entre un 10 y un 15%, con el consiguiente descenso en los precios, que de hecho ya se ha empezado a notar en las lonjas, pero al mismo tiempo llaman a la calma porque «ahora es el momento de demostrar que funcionan todas las medidas de bioseguridad que hemos defendido en nuestras granjas».

Lo explica Miguel Ángel Ortiz, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), quien confía en que las medidas que se tomen dejen bien acotada la enfermedad y se solucione todo lo antes posible para que los mercados se resientan lo mínimo. «Es evidente que nos espera un año 2026 complicado porque con los miedos es inevitable que queden tocadas las ventas, sobre todo las exportaciones, con una previsión de pérdidas de entre un 10 y un 15%».

Y es que la normativa obliga a que desde el último caso detectado hay que dejar un año para levantar las restricciones. Lo «menos malo» es que con acuerdos como los de China, que se firman por comunidades, las zonas no afectadas podrán seguir vendiendo.

Ortiz sostiene que la Junta ya se ha puesto en contacto con el sector por una situación «grave» porque ahora toca extremar las medidas de bioseguridad. De hecho, Feporcyl va a ser parte del comité técnico de expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la peste porcina africana que anunció el presidente de la Administración regional, Alfonso Fernández Mañueco.

«Mientras los granjeros estamos preocupados por la sanidad de nuestros cerdos ¿dónde están los ecologistas que tanto han criticado el sistema de las instalaciones y de las medidas y que abogan porque los animales estén al aire libre? Ni se les oye», lamenta muy enfadado y decepcionado.

En Castilla y León hay en la actualidad 4.389 granjas, el 9% del total nacional, con un censo de 3,8 millones de cabezas de porcino, situándose como la tercera comunidad autónoma en producción porcina, tras Aragón y Cataluña y un valor de 1.300 millones de euros que generan 8.800 puestos de trabajo directos. Además, constituye aproximadamente el 13% del total de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con un valor cercano a los 450 millones. Portugal, Francia y China son los principales destinos.

Y en el ibérico Castilla y León tiene una cuota del 35% del total nacional, lo que da una idea de la importancia de este sector.

Pero es que además el porcino está estrechamente ligado a la estructura agraria de la Comunidad, una de las cerealistas más importantes de España. La producción de pienso, imprescindible para la alimentación animal, depende en gran medida de la continuidad del porcino, que actúa como motor de sostenibilidad económica para miles de hectáreas de cultivo. Sin esta actividad ganadera, buena parte del cereal perdería viabilidad y se pondría en riesgo la estabilidad de la cadena agroalimentaria regional.

Las granjas, industrias y actividades complementarias generan un ecosistema económico amplio y diversificado, que incluye fábricas de piensos, empresas de transporte, talleres y servicios técnicos, construcción y mantenimiento de instalaciones, suministro veterinario y otros muchos empleos indirectos y colaterales. Este conjunto de actividades convierte al sector porcino en uno de los principales elementos de fijación de población en el medio rural de Castilla y León que supone un peso en el PIB regional del 6%.

Y es que más de la mitad de las granjas, 2.200, están situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y un tercio de las 778 industrias cárnicas vinculadas al porcino se encuentran ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, la Comunidad produce 700.000 toneladas anuales, el 14% del total nacional, y la industria cárnica genera 11.000 puestos de trabajo y factura 2.700 millones de euros, de los cuales 470 millones son de ventas al exterior, el 5,5% del total nacional.

Feporcyl lleva años recordando que el porcino español es uno de los sectores ganaderos más regulados a nivel europeo. La normativa incluye exigencias estrictas en materia de ordenación sectorial, bienestar animal, bioseguridad, gestión ambiental y uso de purines. Entre las normas más relevantes destacan el Real Decreto 306/2020, que ordena el sector; el Real Decreto 1135/2002 y su actualización RD 159/2023, que regulan el bienestar animal; el Real Decreto 840/2024 y el Decreto 4/2018 de Castilla y León, que establecen obligaciones ambientales; y la Directiva europea 75/2010, recientemente actualizada mediante la Directiva 1785/2024.

Además, asegura Ortiz que «España fue pionera en limitar el tamaño de las explotaciones porcinas y en establecer distancias obligatorias entre granjas y núcleos urbanos, medidas que no existen en otros países europeos donde se permiten instalaciones con capacidades mucho mayores».

Añade que «este marco regulatorio sitúa al porcino español entre los modelos de producción más controlados y exigentes de Europa».

Sin olvidar que «en el ámbito ambiental, el sector ha cumplido con importantes objetivos de reducción de emisiones, como la eliminación de la aplicación de purines en abanico y la introducción de sistemas de aplicación localizada que reducen hasta un 60 % las emisiones. La implementación de Mejores Técnicas Disponibles ha permitido disminuir hasta un 80% las emisiones en nuevas explotaciones y un 40% en las existentes».

Y ratifica que España, además, ha cumplido con seis años de antelación los objetivos europeos de reducción de nitrógeno.