La apuesta por los servicios profesionales frente a los cuidados familiares revolucionan el sistema

Los cambios en la aplicación de la Ley de Dependencia y la firme apuesta de la Junta por los servicios profesionales frente a los cuidados familiares marcaron 2012 en el ámbito de los Servicios Sociales. El 1 de agosto entró en vigor el nuevo Real Decreto Ley que regula este derecho aprobado por el Gobierno central, que estableció una reducción del 15 por ciento de las prestaciones económicas para los cuidadores familiares, a la que se sumó una rebaja del 15 por ciento acordada por la Junta para esta misma cuestión, paralela a un 20 por ciento de incremento de las cuantías para financiar las prestaciones profesionales, tanto residenciales como a domicilio.

Esto supuso que más de 25.000 castellanos y leoneses que recibían de media 380 euros por cuidar a un familiar dependiente pasaron a cobrar un 30 por ciento menos de media, aunque la cuantía final depende del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario (con más de 60.000 personas con derecho a estas ayudas que ya las están recibiendo). Mientras los afectados por esta medida y los partidos de la oposición se mostraron muy críticos, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, defendió en reiteradas ocasiones que van a seguir primando los servicios profesionales “porque garantizan la calidad en la atención y el empleo en el sector”.

Por otra parte, dos de las principales novedades de este año en el ámbito de los Servicios Sociales fueron la creación de un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y la integración de los Bancos de Alimentos en la red de recursos contra la exclusión social, dos proyectos no incluidos en la agenda de la Consejería de Familia al comienzo de la legislatura y que tratan de responder a los graves problemas generados por la crisis económica.

Puesto en marcha el 1 de noviembre, en su primer mes de funcionamiento más de 300 castellanos y leoneses ya habían pedido ayuda al servicio de apoyo contra los desahucios, en el que además de la Junta y las entidades locales, están implicados Cáritas, los colegios profesionales de Abogados y Registradores de la Propiedad, y diez entidades financieras. El objetivo, según explicó Milagros Marcos, es abordar este problema desde “un enfoque integral y coordinado”, por lo que se realizan tres tipos de intervenciones: de carácter preventivo, ayudando a las familias en situación de sobreendeudamiento y riesgo de insolvencia a realizar planes de economía familiar; de interlocución entre las personas en riesgo de ejecución hipotecaria y las entidades acreedoras, haciendo propuestas de plantes de reestructuración de la deuda, y de carácter paliativo para las personas desahuciadas, poniendo a su disposición todas las prestaciones del sistema de Servicios Sociales y buscando alojamientos alternativos para las situaciones de emergencia.

Por lo que respecta a los Bancos de Alimentos, sus responsables acordaron con la Junta aunar recursos con el objetivo de llegar un mayor número de núcleos de población y familias, y elaborar un mapa de distribución de alimentos con una base de datos compartida entre esas entidades, la Gerencia Regional, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, las diputaciones, Cáritas y Cruz Roja, que contemplará las unidades de reparto y de consumo con la idea de mejorar esa distribución de productos básicos.

Precios públicos

Además, el 1 de marzo entró en vigor el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales que estableció el acceso unificado a una residencia, un centro de día u otros servicios, tanto públicos como concertados, siguiendo los mismos criterios de valoración para mayores, personas con discapacidad o dependientes. Desde entonces, a todos ellos se les aplica el mismo cálculo de su capacidad económica teniendo en cuenta su renta y patrimonio personal para fijar cuánto deben pagar, en lugar del coste fijo que se abonaba antes.

Asimismo, este año comenzó a implantarse en la Comunidad el nuevo modelo de residencias para mayores multiservicio. Tras el éxito de la experiencia piloto desarrollada en la residencia soriana Los Royales, de la Gerencia de Servicios Sociales, ya se ha extendido a 43 centros privados, que cuentan con al menos una unidad de convivencia, y está previsto que el próximo año el Ayuntamiento de Serradilla del Arroyo (Salamanca) y la empresa Gerovitalia construyan el primer centro ajustado a este modelo, más personalizado, flexible y con más capacidad de decisión para el residente, de modo que su estancia se aproxime a la del hogar. Además, contempla que estos centros oferten a las personas mayores de las zonas en las que están diversos servicios profesionales para que puedan permanecer en sus casas si así lo desean.

Otra de las novedades de este año fue la integración de todos los servicios de envejecimiento activo bajo la marca Club de los 60, cuya tarjeta será la llave que dé acceso a todos los servicios de este ámbito que se ofertan en Castilla y León por parte de todas las administraciones y entidades privadas para mejorar el bienestar, la calidad de vida y la autonomía personal de los mayores. En esta área, la Consejería está además elaborando un mapa del envejecimiento activo, que servirá como base para el diseño de un Programa Integral de Envejecimiento Activo.

En 2012 también se creó la Red de Igualdad y Juventud Activa, que ha unificado todos los servicios de asesoramiento para mujeres y jóvenes (el Centro de Igualdad, la Red Mujer Empleo y las oficinas de Autonomía Joven) con el objetivo de optimizar los recursos y tener mayor cobertura, y el Instituto de la Juventud puso en marcha una plataforma de información permanente para jóvenes a través de internet para tener un hilo directo de comunicación con ellos.

Igualdad de oportunidades

En el ámbito de la discapacidad, se aprobó de forma inicial el proyecto de ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que se encuentra en estos momentos en el trámite legislativo. Además, la Junta acordó en junio realizar reservas en los contratos de la Administración autonómica para los centros especiales de empleo de personas con discapacidad, que a partir del próximo año se incrementarán notablemente porque Familia quieren convertir todos los centros ocupacionales actuales en centros especiales de empleo.

En cuanto a la igualdad entre los dos sexos, se encuentra en fase de alegaciones el borrador del I Plan para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Castilla y León 2013-2018, que por primera vez aborda la desigualdad entre los dos sexos y los malos tratos de forma conjunta con un enfoque integral, desde la prevención y la sensibilización hasta la atención a las víctimas. Respecto a estas últimas, está pendiente la elaboración de un registro unificado con todas las víctimas de la Comunidad, con el que se quiere mejorar la atención que reciben.

Por último, el Gobierno regional elaboró este año el primer Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León con el objetivo de que sea el instrumento efectivo para desarrollar los derechos de los menores mediante su inclusión en la agenda política y social, su bienestar, igualdad de oportunidades, prevención y actuación inmediata en casos de riesgo, al que ha invitado a unirse a toda la sociedad.