La búsqueda de eficiencia en el transporte deja en el aire servicios por carretera, ferroviarios y aéreos

Los servicios de transporte no han sido ajenos a las políticas de austeridad y a la búsqueda de eficiencia en un escenario de escasez de recursos públicos. La restricción presupuestaria y la necesidad de ajustar los gastos ha llevado a las administraciones central y autonómica a acometer una profunda reordenación, que ha supuesto una reestructuración del modelo de transporte por carretera de viajeros y ha dejado en el aire algunos servicios ferroviarios y aéreos de la Comunidad. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha centrado sus esfuerzos este año en reformular el sistema de transporte de viajeros, aunque con el compromiso de no dejar aislado a ningún municipio de Castilla y León. En un año en el que, con los presupuestos de 2011 prorrogados hasta julio, la Junta ha negociado con el sector introducir cambios en el transporte público regular de viajeros, priorizando las líneas, rutas y expediciones que permitan acceder a los servicios básicos. 

Esta medida pretende rediseñar las 2.200 rutas regulares para racionalizar 1,7 millones de expediciones anuales que se producen en Castilla y León, ya que nueve de cada diez son deficitarias. Además, la Junta está actuando sobre las líneas no obligatorias y que, por lo tanto, no afectan al título concesional. La estrategia de la Consejería pasa por prestar a través del programa Transporte a la Demanda las menos utilizadas, así como a través de las líneas de transporte escolar. 

También, está previsto que el Ministerio de Fomento apruebe antes de que acabe el año una norma que determinará los servicios que son declarados obligaciones de servicio público y garantizados por el Estado. Además, ha encargado un estudio a la consultora Ineco, sobre la utilización de las diferentes líneas, antes de ajustar a la demanda real la oferta ferroviaria. 

La misma política ha aplicado el departamento de Ana Pastor al transporte aéreo. Aena ha diseñado un plan de racionalización de horarios para los aeropuertos españoles con menos de 500.000 pasajeros anuales, entre los que se encuentran los cuatro de Castilla y León. Además, la compañía ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE), que podría afectar a 47 trabajadores de una plantilla de 120 empleados. También, ha propuesto la creación de comités autonómicos de coordinación aeroportuaria y comisiones en cada base.

Por ello, la Junta decidió en verano abandonar de forma ordenada los consorcios de los aeropuertos de Burgos, León y Valladolid, ya que en Salamanca no se había llegado a constituir. Además, en diciembre se liquidó la entidad creada para la promoción de Villanubla, transfiriendo sus fondos a la Sociedad Mixta de Turismo de Valladolid. No obstante, la Junta ha comprometido la continuidad de las ayudas a la promoción directa para garantizar la movilidad de los ciudadanos. 

Carreteras

La Junta ha sacrificado la construcción de nuevas autovías para mantener los servicios públicos esenciales y garantizar la lucha contra incendios, la conservación de las carreteras, el transporte público regular y la atención de las emergencias a través del 112. Por ello, no ha escondido su decisión de guardar en el cajón los proyectos, aunque está realizando los procedimientos administrativos para que puedan ejecutarse en un futuro, manteniendo la vigencia del Plan Sectorial de Carreteras (2008-2020). 

De la misma forma, el Gobierno presentó en septiembre el nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi), hasta 2024. Contempla la construcción y terminación de 13 autovías, nueve líneas de alta velocidad, cinco rondas y circunvalaciones, seis variantes de población en carreteras nacionales, la mejora de siete líneas convencionales de tren y la integración urbana de éste en León, Palencia, Valladolid y Miranda de Ebro (Burgos). También, prevé el desarrollo de 15 plataformas logísticas, de acuerdo también a la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T), que Fomento pretende ampliar, aunque de momento esta nueva propuesta ha sido rechazada por la Unión Europea. 

La Comunidad ha estrenado en noviembre los primeros siete kilómetros de la A-60 (Autovía León-Valladolid), entre la capital leonesa y Puente Villarente. Ha sido el único tramo de autovía en ponerse en servicio, aunque se ha adjudicado y formalizado el contrato para la construcción de los 49 kilómetros entre Benavente y Zamora de la A-66 (Ruta de la Plata). También, han finalizado los trabajos en el Acceso Sur de León, mientras continúan las obras en Soria de la A-15 (Autovía de Navarra) entre Radona y Medinaceli y Sahuquillo-Almazán, así como en la A-60 entre Valladolid y Villanubla y en la A-73 en Burgos (Quintanilla de Vivar-Quintanartuño). 

Un año más las obras paralizadas de la Autovía del Duero (A-11) no se han retomado, si bien el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del tramo entre las localidades de Quintanilla de Arriba (Oeste) y Tudela de Duero, resolviendo el conflicto generado sobre el trazado, ya que atravesaba los afamados viñedos de Ribera de Duero. También, las máquinas han continuado con la ejecución de la variante de Aranda de Duero (Burgos). 

Ferrocarriles

En cuanto a los ferrocarriles, este año ha certificado también un nuevo retraso en el desarrollo de las líneas de alta velocidad en Castilla y León, ya que el AVE no llegará a León, Palencia y Zamora hasta 2014 y a Burgos, hasta 2015. Además, el Ministerio pospuso hasta 2018 la terminación del AVE a Galicia, prevista para 2015. Entre tanto, los trabajos han continuado en la Variante de Pajares, una obra prácticamente terminada que podría abrirse al tráfico en dos años, condiciendo con la puesta en servicio del corredor Valladolid-Venta de Baños-Palencia-León. 

Vivienda y Urbanismo

La Junta de Castilla y León avanzó en la adaptación del marco regulatorio a la nueva política de vivienda, que abandona la promoción y se decanta por el alquiler, la regeneración urbana y la rehabilitación. Para ello, la Consejería de Fomento presentó una nueva ley, que persigue meter en vereda al urbanismo descontrolado, e informó sobre los cambios en el marco legislativo de las 'ITV' de edificios. Además, definió en el Plan de Rehabilitación Integral las actuaciones y las zonas donde se ejecutarán.