Castilla y León ha suprimido nueve entes públicos y tiene otros ocho en proceso de extinción de los 19 comprometidos

 La Junta de Castilla y León ha suprimido nueve entes públicos y además tiene otros ocho en proceso de extinción, según los datos recabados en el último Informe trimestral sobre la reordenación del Sector Público Autonómico con fecha 1 de enero de 2013, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta reducción del sector público fue uno de los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas en el Acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013, que establecía que debían ejecutar un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos administrativo y empresarial con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto.

El compromiso de la Comunidad con el Ministerio era reducir 19 entes públicos a 1 de enero de este año, pasando de los 85 que había el 1 de julio de 2010 a 66, por lo que, si se suman los nueve ya disueltos y los ocho en proceso, tendría ya casi el 90 por ciento del ajuste ya concluido o en marcha.

Por su parte, en el conjunto de España se habían suprimido de forma efectiva 307 entidades públicas regionales (empresas, consorcios y fundaciones, fundamentalmente) a comienzos de 2013 mientras que otras 226 se encontraban en proceso de disolución o liquidación, en total 533 de las 708 comprometidas, el 75,3 por ciento.

Cuando se complete este proceso, la Administración de Castilla y León pasará de tener 85 empresas y fundaciones públicas a tener 66, un 22,35 por ciento menos, mientras que el conjunto de las autonomías reducirá su número casi un 30 por ciento hasta situarse en 1.654 entes. Eso supondrá, en el caso de la Comunidad, un ahorro estimado de 48,8 millones frente a un ejercicio ordinario y de 6,14 millones en 2013 respecto a 2012. Asimismo, está prevista una disminución del personal de 309 efectivos, con un coste anual de casi 11,83 millones.

Por su parte, en todo el Estado se calcula que se ahorrarán 558 millones frente a un ejercicio ordinario y 421,53 millones en 2013 respecto a 2012. En cuanto al personal, habrá una reducción de 5.863 trabajadores, que suponen un gasto anual de 129,84 millones.