El presidente de la Audiencia Nacional pide a los fiscales que instruyan las causas penales

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro, ha reclamado hoy una nueva ley de enjuiciamiento que traspase a los fiscales la responsabilidad de instruir los procedimientos penales que actualmente ejercen los jueces de instrucción.

"Tenemos que luchar por una ley de enjuiciamiento moderna", ha defendido Navarro en el transcurso de una conferencia en la sede en Palma del Colegio de Abogados de Baleares, donde ha analizado la última reforma del Código Penal en cuanto a los delitos de corrupción.

El presidente de la Audiencia Nacional ha señalado que la superación de la Ley de Enjuiciamiento en vigor, que data de 1882 y ha sido modificada más de 70 veces, contribuiría a "luchar con agilidad" contra la corrupción.

Ha resaltado que muchos de los cambios introducidos son "parches" que en ocasiones resultan "contradictorios" y ha lamentado que se frustraran los dos proyectos de una nueva ley de enjuiciamiento promovidos en los últimos años.

Navarro ha citado entre los problemas de la ley en vigor la posibilidad de recurrir reiteradamente en cada una de las fases de la instrucción, lo que "muchas veces" emplean los letrados "para ralentizar de forma exasperante los procesos".

La "ley moderna" que reclama el presidente de la Audiencia Nacional también debe contemplar la división de los procesos para "que no haya macrocausas", ha dicho.

Respecto a las reticencias a poner en manos de los fiscales la instrucción por las dudas sobre su independencia de algunos juristas, Navarro ha señalado que podrían superarse con las modificaciones legales precisas.

El presidente de la AN ha sostenido, por otro lado, que "la justicia no debe ser objeto de discusión entre partidos" y ha abogado por que las administraciones responsables (ya sea el Gobierno o las comunidades autónomas que tienen la competencia transferida) fijen un mínimo presupuestario para garantizar una financiación suficiente al sistema judicial español.

En su análisis sobre las modificaciones legales contra la corrupción en vigor desde el pasado verano, Navarro ha reclamado un nuevo cambio para incluir entre los supuestos de financiación ilegal de partidos los créditos con intereses "excesivamente bajos" concedidos por entidades bancarias a las organizaciones políticas.

A juicio del magistrado, deberían penarse tanto estos préstamos anómalos como la asunción de las obligaciones bancarias de los partidos por parte de terceros, ya sean personas físicas o jurídicas.

Navarro se ha congratulado, en cualquier caso, de que la última reforma del Código Penal haya incluido la financiación ilegal, "un delito que no existía" y cuyas características solo estaban contempladas parcialmente en las leyes de financiación y electoral, que solo preveían sanciones administrativas.

Sin embargo, ha recordado, actualmente se castiga con penas de cárcel la financiación ilegal de partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores, tanto para receptores como para donantes, por cantidades superiores a los 500.000 euros.

Ha resaltado que además se ha definido la responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas de las actuaciones de financiación ilegal que realicen personas integradas en su estructura con consentimiento o por omisión de su deber de control.