CASO KHASHOGGI
La Audiencia Nacional investiga la venta de armas a Arabia Saudí
El juez de La Mata y la Fiscalía Anticorrupción indagan en 11 contratos de la empresa pública Defex. Las pesquisas se enmarcan en la causa abierta contra esta entidad, en la que ya se ha concluido la parte relativa a Angola.
Protesta ante el consulado de Arabia Saudí en Estambul por la desaparición de Jashoggi.-APF / OZAN KOSE
La fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional investigan en la causa abierta contra la empresa pública de armamento Defex un total de 11 contratos de venta de armas a Arabia Saudí, confirmaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO. En esa causa, que cuenta con varias piezas, se indagan las operaciones realizadas en distintos países por la entidad española, en las que esta habría pagado sobornos; la más avanzada es la relativa al cohecho presuntamente cometido en Angola, que se concluyó este verano.
Según ha adelantado este miércoles El País, las operaciones bajo sospecha se habrían realizaron entre 1992 y 2014 que cita documentos suizos y españoles. Entre las comisiones rogatorias cursadas a distintos países por el Juzgado Central de Instrucción número 5, que mantiene el secreto de parte de las actuaciones, figura Suiza.
El juez José de la Mata ya ha propuesto juzgar en esta causa a 27 personas y a las sociedades Defex, participada en un 51 por ciento por la Sepi, Comercial Cueto 92 y Global Reach, por los delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal, por el presunto desvío y apropiación de fondos de la empresa pública en contratos de suministro de material policial para Angola.
En el auto en el que dio por concluida la instrucción, el juez proponía juzgar a los exdirectivos de las empresas investigadas Juan Carlos Cueto Martín y José Ignacio Encinas Charro, y a la sobrina Francisco Paesa, Beatriz García Paesa. El juez consideraba a Defex y a Comercial Cueto responsables penales corporativos por su “absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos”.
En esta pieza se investigaron los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando general de Policía Nacional de Angola, firmado el 12 de junio de 2008, de suministro de equipamientos y material policial por más de 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6 por ciento) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3 por ciento). El 33% de ello, destinado a pagar servicios locales angoleños, se acabaron desviando.
Los otros dos contratos investigados en este procedimiento son las operaciones comerciales de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la vista del Papa en 2009, por importe de casi dos millones de euros, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por importe de cerca de dos millones.