La gran asignatura pendiente de la financiación autonómica
El debate sobre la financiación autonómica parece no tener fin, porque después de años de discusiones y enfrentamientos políticos no se ha conseguido una solución estable. Las comunidades tienen que recurrir al endeudamiento para cubrir los gastos que llegan como consecuencia del ejercicio de sus competencias, para las que no hay una financiación adecuada. El debate se centra ahora en el endeudamiento de las autonomías, como consecuencia de la medida impulsada por el Gobierno central para condonar deuda, o lo que es lo mismo, para que sea asumida por el conjunto del Estado, con lo que se beneficia a las administraciones que han tenido menos miramientos a la hora de controlar los gastos y procurar unas finanzas saneadas. Esa deuda se reparte ahora entre todos los españoles y dependiendo del lugar en que vivan se verán aliviados o, como en el caso de Castilla y León, perjudicados por el incremento de deuda por habitante .
La Junta de Castilla y León ha calificado de «parche» la medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha presentado un decálogo con alegaciones en contra en el que, entre otras cosas, se critica la arbitrariedad. El mayor acierto del gobierno autonómico es poner el acento en el origen del problema, porque la deuda no es más que la consecuencia de un modelo de financiación inadecuado.
Castilla y León debe insistir en ese punto y en que de una vez por todas se busque una salida real, que será imposible si no viene de la mano del diálogo del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Un diálogo siempre imprescindible que también debería producirse en el caso de la deuda. Son ese conjunto de autonomías las que configuran un país que debe ser solidario para conseguir un crecimiento equilibrado en todos sus territorios, que no incremente las diferencias sino que persiga la convergencia y la cohesión.
La Conferencia de Presidentes convocada por el Gobierno de España para el próximo 6 de junio es una oportunidad para poner sobre la mesa el problema. Castilla y León debería reclamar un nuevo modelo de financiación que sea fruto del consenso para conseguir estabilidad. No es sencillo, porque este debate no es ajeno a egoísmos de algunos gobiernos autonómicos. Eso va en contra del objetivo principal que debe ser garantizar los pilares del estado del bienestar en todos los territorios, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de ellos, como lo es en el caso de Castilla y León, entre otras cosas, su gran extensión y la dispersión geográfica de la población, que deben ser tenidas en cuenta para la financiación.