4 de mayo de 1810: Prefectura de Soria o del Duero Alto

El mapa napoleónico de España. Mientras la nación ardía en guerra y se extendía la resistencia contra el invasor francés, un cartógrafo galo y un ingeniero mexicano trazaban sobre el papel un mapa «perfecto». Prefecturas y subprefecturas, inspiradas desde París, pretendían ordenar un caos: el mapa de la España del Antiguo Régimen.

Duero Alto, Cabo de Peñas, Bidasoa, Tambre, Guadalaviar Bajo, Ojos del Guadiana… eran nombres del nuevo mapa de España que José I Bonaparte quiso implantar en 1810. Entre aquellas prefecturas efímeras, la del Duero Alto con Soria como capital y tres subprefecturas: Soria, Osma y Medinaceli.

Un intento de reorganización territorial -al final, no pasó del papel- que podríamos describir con el fino acierto de Carmelo Romero: «cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir».

Muchos siglos atrás, Soria se había erigido en bastión de frontera, atalaya de la Extremadura castellana frente a Al-Ándalus. En los albores del siglo XIX, la historia parecía replicarse: la provincia de Soria volvía a convertirse en un nudo histórico donde se enfrentarían la vieja monarquía hispánica y el imperio napoleónico. Napoleón pretendía rehacer no solo el mapa de España, sino también el de toda Europa.

«Cuando lo viejo no termina de morir… La configuración provincial del Antiguo Régimen era un intrincado laberinto. Los Borbones habían intentado poner orden en aquel «caos» pero el resultado había sido desigual: provincias minúsculas, otras inmensas, enclaves y exclaves, señoríos seculares y eclesiásticos entremezclados con tierras de realengo. Tampoco los municipios ofrecían un modelo regular: ciudades, villas y lugares se regían por una maraña de fueros, usos y privilegios ancestrales. «En la España del Antiguo Régimen, no solo las personas eran desiguales, también los territorios» escribe, muy acertadamente, Carmelo Romero.

Tradicionalmente se ha situado el origen de las provincias españolas a finales del siglo XVI, con motivo del llamado “servicio de millones”. Este impuesto, concedido a Felipe II por las Cortes de Castilla en 1590, buscaba aliviar la crítica situación de la Hacienda real tras el desastre de la Invencible. Aquel repartimiento se hizo siguiendo una división provincial de carácter meramente fiscal basada en las dieciocho ciudades con voto en Cortes, entre ellas Soria.

Era un impuesto descomunal -ocho millones de ducados en seis años, destinados a financiar las guerras de Flandes y Francia- que se prorrogó durante siglos, una carga permanente sobre el consumo de las “seis especies”: vino, vinagre, carne, aceite, jabón y velas de sebo, hasta del 10 por ciento.

…Y lo nuevo no acaba de nacer». Sin embargo, aquel hachazo fiscal dejó un efecto duradero, dibujó las primeras fronteras provinciales. El reformismo borbónico trató de transformar ese laberinto: desde mediados del XVIII, las intendencias sustituyeron, progresivamente, a las viejas provincias; un ambicioso proyecto que abarcó administración, justicia, hacienda y hasta enseñanza. La nueva organización, plasmada en el “Nomenclátor de Floridablanca” de 1787, elevó el número de provincias a casi cuarenta. Su delimitación se basó en informes de los intendentes -funcionarios reales al frente de cada provincia- que describieron la organización territorial, económica y demográfica de sus respectivas jurisdicciones.

En Soria, el encargado de elaborar y remitir aquel informe fue nada menos que Francisco Moñino y Redondo, hermano menor del todopoderoso conde de Floridablanca, ministro de Carlos III y artífice de la reforma administrativa ilustrada. Su presencia al frente de la Intendencia soriana (aproximadamente entre 1776 y 1786) no fue baladí: la modernización borbónica llegaba a Soria de la mano de una de las familias más influyentes del reino. Todo indica que Moñino elaboró -o al menos supervisó- la descripción provincial de Soria incluida en el Censo de 1787, ejemplo de «la asombrosa modernidad de aquel intento de racionalizar y ordenar el territorio español» (según datos de la RAH y el estudio de Antonio Eiras Roel, “El Censo de Floridablanca como fuente para el estudio regional”, 1992).

El impulso ilustrado dejaba definitivamente atrás el viejo mapa de las ciudades con voto en Cortes -entre las que Soria había tenido un papel muy relevante durante toda la historia medieval y moderna- y avanzaba hacia un país vertebrado por divisiones sometidas al poder central.

360 leguas cuadradas de modernidad frustrada. En plena invasión napoleónica, José I Bonaparte quiso llevar aquella racionalización al extremo, así nacieron las prefecturas y subprefecturas, entre ellas la Prefectura del Duero Alto, con capital en Soria.

En los primeros proyectos, las nuevas demarcaciones adoptaron evocadores nombres: ríos, montes, cabos o accidentes geográficos -Prefectura del Tormes, Cabo Machichaco, Segura, Guadalaviar Bajo, Duero Alto-. Pero al publicarse el decreto definitivo, José Napoleón I prefirió denominarlas por el nombre de su capital, un gesto de prudencia ante tanto cambio. Así nació la Prefectura de Soria, heredera nominal de la del Duero Alto y cabeza administrativa de un extenso territorio. El decreto, firmado en el Alcázar de Sevilla el 17 de abril de 1810 por el ministro de Estado Mariano Luis de Urquijo en nombre del rey, fue publicado el 4 de mayo: «...y se hará saber por medio de la Gazeta de Madrid para su cumplimiento».

Dos años antes, el 7 de julio de 1808, José Bonaparte había sido proclamado rey de España y de las Indias, en pleno estallido de la Guerra de la Independencia. Aquella contienda no fue solo una lucha contra el invasor napoleónico. En un país sacudido por la crisis del Antiguo Régimen y por el choque entre el reformismo ilustrado y la tradición, la guerra fue también una «guerra civil» entre afrancesados y patriotas. En una nación desgarrada, el sistema de prefecturas apenas podía aplicarse: la autoridad josefina se limitaba a los territorios bajo control militar francés.

Aun así, revelaba una ambición mayor: refundar España sobre bases modernas borrando los viejos contornos heredados del pasado. Lo hizo a través de José María de Lanz y Zaldívar, un destacado marino y cartógrafo de origen navarro, nacido en la Nueva España, que tras un largo servicio en la Real Armada huyó a Francia por amor. En un acto de imprevisibles consecuencias, el 6 de julio de 1808, Lanz había jurado fidelidad a José I y pasó a servirlo como funcionario con el rango de comisario de caminos. Su implicación en la Administración afrancesada se vinculó entonces con el vasto proyecto de demarcación y geometrización del territorio español. El resultado, el «Mapa de las prefecturas de 1810», tan perfecto sobre el papel como imposible de llevar a la práctica.

En la España de José I las provincias pasaron a llamarse prefecturas, al frente de cada una se situaba un prefecto, hombre de confianza del poder central. Cada prefectura debía tener un tamaño similar, calculado en leguas cuadradas: Soria, la Prefectura del Duero Alto, alcanzaba las 350 leg². -leguas cuadradas-, equivalentes a unos 11.181,6 km² , una extensión similar a la actual: 10.306,4.

La frontera con la «Marca Hispánica»: Soria ante la paradoja imperial. Pero un nuevo peligro acechaba en el horizonte. El decreto josefino, adelantado unos meses, pretendía conjurar ese peligro: un decreto imperial firmado en las Tullerías el 8 de febrero de 1810. Mediante ese decreto, el emperador se anexionó directamente los territorios españoles situados al norte del Ebro y al oeste de los Pirineos. La medida, que oficialmente se justificaba por «razones militares y de administración», respondía en realidad a la voluntad de consolidar una frontera imperial estable, una nueva «Marca Hispánica» bajo control directo de París.

El decreto, publicado en el «Bulletin des Lois de l’Empire Français» pocos días después, creaba cuatro nuevos departamentos franceses en suelo español -Bouches-de-l’Èbre (Bocas del Ebro), con capital en Lérida; Montserrat, en Barcelona; Sègre, en Puigcerda, y Ter, en Gerona-. Además, ampliaba los límites de los departamentos galos de los Pirineos Orientales y los Altos Pirineos, absorbiendo comarcas enteras navarras, aragonesas y catalanas. Aquella decisión, firmada de su puño y letra por el emperador y por su ministro del interior, el conde de Montalivet, convertía de facto toda la franja norte de España en territorio francés, dejando a José I sin autoridad real sobre ella.

El decreto josefino de las prefecturas, en apariencia un gesto administrativo, en realidad encerraba una paradoja: ¿buscaba solo salvar las apariencias o era un osado intento de ir más allá, de enfrentarse al emperador y reafirmar la soberanía del nuevo rey sobre toda la península?

En 1810, la provincia de Soria conservaba aún los vastos límites del Antiguo Régimen -que no desaparecerían hasta dos décadas después, en 1833-, se extendía desde las estribaciones del Ebro hasta las sierras que cierran el paso al Tajo; desde la Tierra de Calahorra -abarcando áreas que hoy corresponden a La Rioja- hasta el Ducado de Medinaceli y la Tierra de Cobeta, en la actual provincia de Guadalajara. Por eso, al quedar los territorios al norte del Ebro anexionados al Imperio francés, Soria volvía a convertirse en una provincia de frontera, línea viva entre la España ocupada y la «España imperial» incorporada a Francia.

Siglos después, la provincia de Soria -Prefectura del Duero Alto- era de nuevo «tierra de frontera»: un nudo estratégico frente al poderoso imperio napoleónico, eco de aquellos siglos medievales en que la Extremadura del Alto Duero fue baluarte ante otro poder igualmente formidable, el Califato de Córdoba. La historia, aunque no repite la misma letra, acaba sonando con la misma música.