El drama de Ondara

Hace unos meses comentábamos aquí otro drama empresarial con causa, en mayor o menor medida, en los desatinos sindicales. Sindicatos que, por su credo e interés, permanecen disociados de la realidad económica del país y que, queriéndolo o no, contribuyen de manera efectiva a destruir muchas unidades productivas de difícil reposición, sobre todo en Soria. Ahora le toca el turno a ONDARA –los de las rosas que acabaron en el cannabis para intentar sobrevivir– que ahora mismo está jugando un tie-break complicado tras declarar el preconsurso de acreedores. La novedad es que aquí los trabajadores, en lugar de hacer seguidismo de los sindicatos, denuncian la «falta de compromiso efectivo con la defensa de los intereses de la plantilla y una preocupante desconexión con la realidad diaria de los trabajadores» donde los «representantes de UGT y CCOO externos a la empresa, que acuden puntualmente, trasladan su criterio y deciden de forma autoritaria sin haber promovido ningún proceso de consulta, consenso o votación». Pueden leerlo en este HDS.

ONDARA se encuentra atascada en dos procesos que obedecen exclusivamente a la hiperregulación impuesta por el gobierno. Un gobierno al que defienden tanto la UGT como CCOO por mor de las millonarias subvenciones que reciben anualmente. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, sin embargo, eso es lo que hacen UGT y CCOO con consecuencias nefastas para los trabajadores. ONDARA tiene pendiente, por una parte, la renovación de la auditoría GMP (Good Manufactoring Practices) que le exigen las agencias gubernamentales: desde la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios), pasando por la EMA (su homóloga europea), hasta llegar a la FDA (su homóloga americana). Por otra, depende de la renovación de la autorización para el cultivo de cannabis con fines medicinales que concede la misma Agencia del Medicamento. ¿Ves quién les bloquea?

Todo eso hace que ONDARA y sus trabajadores estén asfixiados por un triple frente gubernamental: por una regulación hipertrofiada que, las más de las veces, no tiene ningún sentido práctico; por las exigencias de unas Agencias del Medicamento superpuestas que complican las cosas cuando quieren, mientras las allanan en otros casos (que se lo digan a las multinacionales de las vacunas para combatir el coronavirus chino); y, finalmente, por UGT y CCOO que en realidad son dos agencias gubernamentales para hacer política en lugar de para defender los derechos de los trabajadores (que se lo digan a los médicos). Un tridente irresistible para una empresa independiente, esto es, sin apoyos políticos, porque de ser así estaría volando más alto que AIR EUROPA.

Lo más cierto es que vivimos en un Franquismo 2.0 donde el gobierno de turno quiere controlarlo todo y tiene en nómina a los principales sindicatos a los que compra con tú dinero. En el mundo del cannabis, perfectamente conocido tanto para el ocio como para usos terapéuticos, esos permisos deberían ser casi automáticos y desde luego gratuitos, porque para eso antes nos arden a impuestos. Sin embargo, no es así. Aburren a las empresas con regulaciones y sobrecostes irracionales y complican las cosas hasta que el empresario se harta y desiste, arrastrando con él a todos los trabajadores porque, como ya referí con el drama de LOSÁN, sin empresa no hay nada. Nada de nada.

No sé si para ONDARA será tarde o no, pero vuelvo a insistir en que no basta con denunciar la actuación de UGT y CCOO. Cualquier trabajador con dos dedos de frente tiene que rechazar la falsa representación de los sindicatos subvencionados por el gobierno. Tiene que negociar un convenio de empresa ajustado a la realidad de la misma, porque, de lo contrario, la cosa no funcionará. Debe emplear racionalmente su voto tanto en las elecciones sindicales como en el resto, porque es la única carta política de la que dispone. A los que no defiendan el libre mercado, la regulación justa y necesaria y unos impuestos bajos tienes que mandarlos a freír monas porque solo en un ecosistema así es donde las empresas –y nosotros con ellas—podremos sobrevivir. El derecho al trabajo del 35 CE no es un derecho a cobrar por no hacer nada –como los liberados sindicales– sino un derecho a trabajar donde quieras o puedas, libre y flexiblemente, al objeto de cubrir tus necesidades y las de tu familia. Algo que no podrás lograr si la normativa es complicada e irracional y los impuestos se comen tu productividad. Tenlo en cuenta la próxima vez que te llamen a votar.