Orgía de chivatazos y llamadas en la corrupción que sacude al PSOE CyL

LA ‘Operación Fuentona’ que sigue el juzgado y la Guardia Civil contra una trama de corrupción en el gobierno municipal de Soria sólo acaba de empezar. Es incipiente, pese a que ya hay siete detenidos, entre ellos dos concejalas del PSOE con un rosario de media docena de cargos por corrupción. Organización criminal, trafico de influencias y blanqueo de capitales, entre los tipos delictivos que a primera vista ha detectado el instructor. Ahora el asunto se centra en el chivatazo que recibió el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el actual alcalde, colocado a dedo por él, Javier Antón, alertándoles de la operación, en lo que puede implicar a alguien más en un delito de revelación de secretos como el que llevó a una condena al ex fiscal general del Estado.

Lo peor para ellos es que cuanto más hablan y tratan de salir del atolladero en el que se metió el propio Martínez admitiendo el chivatazo que recibió el lunes, día antes de la operación, mientras se encontraba en Tánger con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), más se están haciendo daño a sí mismos. No es que haya dudas sobre el chivatazo, que en cualquier caso tendrá que investigar el juzgado. La duda es sobre la orgía de chivatazos y llamadas que se cruzaron. Martínez se muestra ajeno a lo ocurrido, pese a que ocurrió durante su mandato, que acabó hace menos de dos meses. Sin embargo, admite que cinco minutos después de entrar los agentes en el consistorio recibió un WhatsApp del gabinete de la alcaldía para que contactara con ellos urgentemente. ¿Por qué esa urgencia de contactar con quien ya no tiene vinculación alguna con el gobierno de Soria? Tendrán que explicarlo, si pueden y son capaces. Porque la única explicación que ha dado el actual regidor hasta ahora es admitir que él también recibió un aviso sobre la operación. Evidentemente, ningún juez ni guardia civil en su sano juicio avisa a los delincuentes de que van a ir a por ellos. Es un básico de la investigación judicial y policial. Por eso hacerlo es delito. En cualquier caso, el teléfono de Carlos Martínez tiene todas las respuestas y se las tendrá que dar a un juez tras las pertinentes querellas de PP y VOX.

Juega también, de forma sibilina, Carlos Martínez, con los tiempos procesales al asegurar que contra él no hay investigación alguna. Si la hubiera, el caso tendría que pasar inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia por el aforamiento que le brinda su condición de procurador autonómico. Está por ver que ese tiempo no llegue en cuanto se empiece a desentrañar la madeja de investigaciones, contratos y pinchazos telefónicos.