La transparencia no se presume, se ejerce y es de obligado cumplimiento

Dice el Comisionado de la Transparencia de Castilla y León, que cuelga del Procurador del Común y que, a diferencia de este último, sus resoluciones son de obligado cumplimiento, aunque no se les hagan ni caso por parte de muchas instituciones, que debería llevarse a cabo un cambio en las leyes de transparencia autonómica y estatal para que se garantice el «cumplimiento forzoso» de la misma. Es decir, exigir a las instituciones que cumplan con la transparencia a la que obliga la ley y que no están dando debido cumplimiento. Una reclamación, que casi suena a súplica por parte de Tomás Quintana, que ve cómo no son pocas las instituciones locales y autonómicas que hacen caso omiso a esa transparencia que viene exigida por la ley y de la que presumen mucho, pero practican más bien a cuentagotas. En algunos casos, ni eso.

La transparencia no es un gesto de cortesía ni un adorno normativo. Es la condición de posibilidad de la confianza pública. Cuando la ciudadanía exige saber cómo, en qué y por qué se toman determinadas decisiones, no está pidiendo un favor, está ejerciendo un derecho fundamental. El Comisionado de la Transparencia de Castilla y León nace como el garante y el contrapeso ante el secretismo y la opacidad del poder público, que en más de una ocasión se sigue ejerciendo, a la vista del grado de porcentaje de atención que se le presta desde muchas instituciones a las resoluciones del Comisionado. En no pocas ocasiones, una atención nula, pese a que la transparencia viene exigida por ley.

La teoría es impecable, la práctica, desoladora. En un alto porcentaje, las instituciones fiscalizadas hacen un caso omiso absoluto de los dictámenes. Dan el silencio por respuesta, dilatan los plazos hasta la extenuación o, directamente, ignoran lo resuelto. Tanto es así que ahora el Comisionado exige medidas coercitivas que obliguen a su cumplimiento.

Es hora de que a esta institución se le den las herramientas legales para hacer cumplir esas resoluciones en materia de transparencia o, de lo contrario, que existan medidas coercitivas a modo de sanciones. Y es que de poco o de nada sirve el Comisionado para la Transparencia si no tienen ningún efecto y se le hace caso omiso. Sin un servicio práctico no sirve para nada. Un Comisionado de la Transparencia, que dice cosas y emite resoluciones, pero que no se le hace caso es un auténtico ejercicio de hipocresía política. Uno más. Y es que la transparencia no se presume, se ejerce y es de obligado cumplimiento.