El PP exige al equipo de Gobierno pagar a proveedores en 50 días

El PP planteará hoy en el Pleno una moción para exigir al Ayuntamiento que cumpla la Ley de Morosidad durante toda la legislatura, normativa que obliga a las corporaciones locales a pagar a los proveedores en un plazo de 50 días. Así lo explicó el concejal popular José Pedro Gómez Cobo que lamentó que, «aunque parece algo de perogrullo» pedir que se cumpla la ley, «estamos viendo que en España lamentablemente se incumple con una facilidad pasmosa».

Los populares presentarán esta propuesta para intentar que el Consistorio, a partir de ahora, cumpla con sus responsabilidades económicas con los proveedores de acuerdo a los tiempos que fija la Ley. Normativa que de forma genérica establece en 60 días el tiempo estimado para hacer frente a las facturas, pero que precisa que año tras año ese tiempo se debe reducir. Si ahora en 2011, Cobo explicó que el plazo es de 50 días, en 2013 el tiempo se reducirá hasta los 30.

Con esta propuesta, los populares pretenden evitar que el equipo de Gobierno vuelva a recurrir a un préstamo del Instuto de Crédito Oficial (ICO) para poder pagar facturas atrasadas. Y es que hoy en el pleno, uno de los puntos del día es aprobar la solicitud de 1,5 millones de euros para poder hacer frente a compromisos económicos con empresas fijados con anteriodad al 30 de abril.

Cobo explicó que «queremos que se reduzca el plazo de pago a los proveedores aplicando lo que dice la Ley», ya que «sabemos que ahora hay unos retrasos de más de 200 días». En este sentido, el concejal del PP Adolfo Sainz ya anunció  a este periódico el pasado domingo que «todavía no se ha pagado el montaje del árbol de navidad».

El edil popular recordó la «delicada situación que viven las empresas», motivada por la falta de ingresos y la «falta de financiación» por parte de entidades bancarias.  En este sentido, insistió que «no se puede consentir que las administraciones sean morosas», por lo que «queremos que se reduzca el plazo de pago a los proveedores aplicando lo que dice la Ley». Y es que, Cobo precisó que ésta circunstancia «lleva a una situación insostenible» a las empresas, lo que «dificulta» la creación de empleo y produce todo lo contrario: la pérdida de puestos de trabajo.