El PP denuncia que las costas del caso interventor costarán 12.000 euros

El concejal del PP Alberto Rodríguez denunció ayer que el Ayuntamiento de Soria tendrá que pagar entre 10.000 y 12.000 euros, por las costas del proceso judicial del complemento de productividad del interventor José Luis López Navarro. «Estamos en un estado de ilegalidad porque el alcalde no ejecuta las sentencias emitidas por los tribunales», criticó el edil popular, que acusó al propio Carlos Martínez Mínguez de «poner trabas e impedimentos para no ejecutarla».

 

Avergonzados y preocupados con el devenir de lo que denominan «culebrón», tanto Rodríguez como la concejala María José Fuentes comparecieron ayer en rueda de prensa para analizar el tercer auto emitido  el pasado 15 de diciembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

El magistrado-juez Carlos Sánchez Sanz exige en este auto que el Ayuntamiento precise todo tipo de datos de cuáles han sido las retenciones aplicadas en su sueldo al interventor José Luis López Navarro, que manifieste cuáles son los bienes del alto funcionario municipal que se puedan embargar para «el fin de la ejecución», y que siga practicando las retenciones en el sueldo de este trabajador, ya que elConsistorio decidió «unilateralmente» el 13 de diciembre dejar de practicar retenciones.

El juzgador exige que estos requerimientos se practiquen en la persona de Mínguez, como autoridad responsable de seguir este proceso. 

Rodríguez recordó que este proceso judicial surgió «por una resolución del alcalde», en la que decidió «pagar 1.500 euros al mes» a este trabajador, como complemento de productividad. Concretamente, este alto funcionario se embolsó 41.175 euros, entre el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de abril de 2011.

El edil popular apuntó que el TSJ hizo firme la sentencia que obliga al interventor a devolver el dinero en mayo de 2011, y lamentó que, debido a la «inactividad manifiesta» de Mínguez, el Juzgado ha tenido que enviar tres autos para insistir el cumplimiento de la sentencia. Además subrayó que si no se termina de ejecutar de una vez lo que exige el Juzgado, el Ayuntamiento «podría incurrir en desobediencia y prevaricación administrativa».

Ante esta situación, insistió que «está creciendo el malestar entre los funcionarios» del Consistorio, porque «es un colectivo cuya imagen está siendo dañada» debido a que este proceso judicial se está dilatando en el tiempo.

«Un cacique»

La edil popular María José Fuentes denunció que «como soriana y concejal del Ayuntamiento estoy avergonzada, porque no entiendo porque el señor alcalde se niega a cumplir esta sentencia». En su opinión, lo que está pasando «parece más propio de una república bananera que del Ayuntamiento de una ciudad seria y respetuosa con las leyes como Soria». Y es que, para Fuentes, «el comportamiento del alcalde parece más propio de un cacique que de un alcalde».

Fuentes recordó algunos de los comentarios que escribe el magistrado-juez en el tercer auto, como el siguiente: «el Juzgado ya ha dictado el despacho de ejecución y ha dictado dos autos (el presente es el tercero) en los que ordena se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia», por lo que «no procede una actitud de espera» cuando el Ayuntamiento «ha recibido orden» de cumplir la sentencia.

«La actitud del alcalde parece que está por encima de la Ley», criticó Fuentes, quien precisó que «esto está costando mucho dinero a los sorianos». «Me pregunto que se trae entre manos Carlos Martínez, qué es lo que tiene que callar», prosiguió la edil popular, ya que «no entiendo el por qué de unos hechos tan graves».

Por alusiones, este periódico se intentó poner ayer en contacto con el Ayuntamiento, para que algún concejal o el propio alcalde se defendiera de las acusaciones de los populares. Fuentes de la institución declinaron hacer manifestaciones y se remitieron al último comunicado enviado el viernes.

En esa nota, el Consistorio dejó claro que «siempre ha sido su voluntad ejecutar la sentencia judicial» de este caso, «como todas las emitidas por los juzgados y que atañen a esta administración». 

Al mismo tiempo, puntualizó que el pasado lunes requirió al Juzgado una aclaración para saber si tenían que seguir procediendo a la retención de la nómina del interventor municipal. Tras recibir la contestación a esta pregunta en el auto, destacó que «se seguirá practicando la retención en la nómina del interventor municipal en los mismos términos que se realizó los meses de octubre y noviembre».