Rey reprocha al PP que ‘desprecie’ a los ayuntamientos con el plan de proveedores

El procedimiento que ha seguido el Gobierno de España para aprobar el real decreto que permite a las administraciones pagar las deudas a sus proveedores le parece «improvisado». Así lo aseguró ayer el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, quien denunció que el PP «desprecia a las entidades locales», porque «se les ha consultado muy poco para esta medida». 

 

Como no conoce «la letra pequeña» de la normativa, no entra a valorarla. Eso sí, las formas, no le gustan. «Es sorprendente que  los ayuntamientos, a través de sus órganos representativos [Federación Española de Municipios y Provincias (Femp)], no tengamos conocimiento de lo que se va a hacer», criticó. «Parece que pintamos poco», continuó, ya que «no sabemos en qué medida va afectar a los ayuntamientos», y si el problema de la morosidad «se va a solucionar». 

Rey, que manifestó que este decreto ley surge fruto de la «improvisación» y «precipitación» del Ejecutivo de Mariano Rajoy, precisó que «las informaciones» que le llegan de la medida «son bastante confusas hasta la fecha». «No tengo la información clara», por lo que «hasta que no vea realmente el documento prefiero no hacer más declaraciones».

En su opinión, los planteamientos diseñados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, resultan «extraños», porque «parece que los proveedores, para cobrar, van a tener que renunciar a parte del dinero». «Lo más sorprendente es que Marimar Angulo salga a dar una rueda de prensa, cuando los ayuntamientos no sabemos nada de lo que se quiere hacer». 

Para el edil socialista, otras formas de acabar con la morosidad son posibles. Por ejemplo, recordó que si las comunidades autónomas abonaran a las entidades locales todo el dinero que deben, «a lo mejor no sería necesario que los proveedores perdieran para cobrar». «Puede haber muchas fórmulas», recalcó, por lo que esta medida «huele a improvisación». 

«Si al final la fórmula es positiva diremos que es positiva», recalcó, pero de momento «vamos a ser prudentes y a analizar lo que han aprobado».

El primer teniente de alcalde hizo esta valoración, tras conocer la aprobación de un real decreto por parte delGobierno de España, que pretende estimular la economía pagando los más de 30.000 millones que deben las administraciones en España, y exigir a autonomías y ayuntamientos  a que hagan un plan de ajuste antes del 31 de marzo. 

El pago a los proveedores será realizado por un consorcio formado entre elInstituto de Crédito Oficial (ICO) y otras entidades bancarias. Ambos financiarán los pagos pendientes, con el aval del Estado, y luego, al parecer, serán los ayuntamientos y los propios proveedores que quieran cobrar los que tendrán que pagar los intereses de la operación. 

Las administraciones tendrán que presentar antes del 15 de marzo una lista con las facturas que deben, a fecha 31 de diciembre. La idea es que los proveedores de las entidades locales, en principio, puedan cobrar las facturas en el mes de mayo. A la hora de gestionar los pagos, tendrán prioridad los que renuncien a parte del dinero, y los que hayan denunciado ante los tribunales antes del 1 de enero esta deuda. También se tendrá en cuenta la antigüedad de la deuda.