'CASO REVUELTO'
Los 16 diputados se enfrentan a entre 7 y 10 años de inhabilitación
Residencia de Navaleno en una imagen de archivo. / VALENTÍN GUISANDE-
Aunque el proceso se encuentra en plena fase de instrucción y los imputados aún no han declarado ante la jueza, desconociéndose todavía si será el número 4 de Soria el que instruya o el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta la condición de aforado de Gerardo Martínez, los 16 diputados que levantaron la mano aquel 5 de noviembre de 2010, en el que se aprobaba la amortización de la plaza de la residencia de Navaleno, podría enfrentarse a penas de entre 7 y 10 años de inhabilitación para cualquier cargo público, dentro del denominado ‘caso Revuelto’.
El artículo al que se refiere es el 404 del Código Penal, en el apartado de delitos contra la administración pública, ‘De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos’. En el citado artículo se señala que «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años.
La prevaricación administrativa cometida por funcionario público (administración como un ministerio, policía municipales, funcionarios y/o empleados de los ayuntamientos, comunidades, consejales, alcaldes, etc.) en su cargo, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye en los artículos del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente.
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