Eliminan el seguro médico privado a 120 trabajadores para ahorrar 200.000E

La concejala de Organización y Modernización de la Administración, Rosa Romero, anunció ayer que el Ayuntamiento de Soria ha denunciado el contrato del seguro médico privado que cubría la asistencia sanitaria a unos 120 trabajadores municipales y sus familias. En total, unas 392 personas. Además, explicó que esta decisión se ha tomado para ahorrar unos 200.000 euros, aproximadamente. 

La edil socialista comentó que el coste de este seguro médico asciende a 300.000 euros al año para las arcas municipales más otros 30.000 variables en farmacia. «Lo que nos cuesta si están dentro del régimen de la sanidad pública son 116.000 euros en total», precisó Romero, quien argumentó que esta decisión se ha tomado de acuerdo a criterios económicos y políticos. 

La concejala precisó que uno de los objetivos del equipo de Gobierno en esta legislatura es mantener el empleo público. «Estos recursos van a ser destinados para poder mantener el empleo. Ahora que hay tantas personas en el paro nosotros apostamos por garantizar cada uno de los puestos de trabajo que tenemos en la relación de puestos de trabajo». «Es una medida de carácter económico, no voy a negarlo, pero estos recursos van encaminados a mantener el empleo». 

Romero también comentó que esta decisión se enmarca dentro de una medida de fomentar  la igualdad entre los trabajadores de la casa consistorial. «Esto a afecta a menos de la tercera parte y es una decisión también de equidad. Es una

medida de carácter político, por ideología. Somos elPSOE y tenemos claro que defendemos lo público frente a lo privado. Y más defensa de la sanidad pública con lo denostada que está en estos momentos». 

 Con esta decisión, la idea es que los 120 trabajadores municipales y sus familias que hasta ahora tenían un seguro privado tengan a partir de ahora una cobertura sanitaria pública como el resto de empleados del Ayuntamiento. Esta medida se aplicará a partir del 1 de enero, momento en el que los casi 350 empleados públicos del Ayuntamiento tendrán el mismo seguro. «Será en idénticas condiciones al resto de trabajadores del Ayuntamiento». 

Romero que estos trabajadores  tenían seguro privado desde de 1987. En 1994 entró en vigor un real decreto, que permitió a los empleados que no hubieran trabajado hasta ese año en la administración pública la posibilidad de mantener su seguro privado. El resto quedaron integrados dentro de la sanidad pública. «Se les dio la opción de que podrían, previa consulta con los sindicatos y si todos estaban de acuerdo, mantener ese seguro. Y hubo acuerdo».

La denuncia del contrato con la empresa que suministraba el seguro privado a los trabajadores fue comunicada a las sindicatos durante una junta de personal que se celebró en elAyuntamiento de Soria por la mañana. La decisión no fue bien recibida por estos. 

«La medida no se ha recibido positivamente», reconocióRomero. «Siempre hay miedo a los cambios. Me ha sorprendido negativamente, porque pensaba que al ser empleados públicos la iban a entender. De hecho, pensaba que me hubieran echado en cara por qué no había tomado antes esta medida ya que se defiende derechos de igualdad. A nadie nos gusta que nos quiten privilegios».

Los sindicatos consultados ayer por este periódico coincidieron en que esta medida se ha tomado sin consenso, sin negociación y por sorpresa. A partir de esta consideración, cada uno hizo su lectura. 

El secretario general de UGT en Soria, José Javier Gómez, explicó que la medida «es una decisión unilateral» del equipo de Gobierno que rompe con la votación que se realizó en los años 90, tras la que se aprobó por mayoría de más del 90% que continuaran con este seguro privado. En su caso se mostró prudente y explicó que tienen que valorar la medida en la sección sindical. 

Roberto Sánchez, de CSIF, manifestó que confían en la «puerta abierta» que hay hasta el 1 de enero de poder cambiar esta medida. «Nos ha causado sorpresa porque no se había planteado el tema.Hay malestar por las formas. Vamos a ver que se puede hacer y qué alternativas hay para que se mantenga». 

En la misma línea, el responsable de USO, Federico Laguna, avanzó que se va a estudiar la posibilidad de impugnar la medida y estudiar fórmulas alternativas. Además de recordar que los trabajadores mantuvieron este seguro privado de forma democrática en los 90, manifestó que el equipo de Gobierno tuvo que anunciar ayer la medida, tras pedir USO explicaciones por este tema.

 «Si no se hubiera destapado, problamemente la decisión se habría comunicado a finales de año para comenzar a aplicar el 1 de enero y no habríamos contado con margen de maniobra. La realidad de esta situación tiene un componente fundamente económico, que quieren revestir de componente ideológico».