LA CAPITAL
El PP estima que el Ayuntamiento ha perdido 100.000 euros en juicios de Personal
Rodríguez asegura que existe un «malestar general» entre los trabajadores municipales
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria, Alberto Rodríguez, criticó ayer el «malestar generalizado» que existe entre los trabajadores del Ayuntamiento de Soria «por las políticas de personal llevadas a cabo por el equipo de Gobierno». Unas políticas que han derivado en la «judicialización» de muchos asuntos y que, según afirmó Rodríguez, han generado «pérdidas al Ayuntamiento de Soria por un importe cercano a los 100.000 euros en concepto de indemnizaciones y costas judiciales».
El concejal del PP aludió a varias sentencias para justificar «el malestar» entre los empleados y municipales y recordó que uno de los asuntos judicializados «es el complemento por exceso de funciones de 8 trabajadores laborales del Palacio de la Audiencia porque el convenio dice que cuando hay más de 130 funciones al año, por las siguientes tienen que cobrar unos complementos que no se pagaban».
«El TSJ de Castilla y León le dio la razón a los trabajadores, obligando al Ayuntamiento a pagarles en 31.930 euros en 2011, con un 10% de intereses de demora por cada año que se pague a posteriori», recordó Rodríguez que lamentó que «también se condenase al Ayuntamiento a pagar las costas por ese proceso». Una cuantía que el concejal estimó en 3.500 euros.
El concejal popular recordó que otro tema que está judicializado» es el que tiene que ver con el responsable del mercado de Abastos, cuya sentencia «sigue sin cumplirse». Un tema que provocó también que la aprobación de las RPT de 2013 y 2014 «solo contasen con los votos favorables del PSOE». Precisamente, la comisión de personal denegó ayer las dos alegaciones presentadas a la RPT de 2014, entre las que se encontraba una nueva reclamación sobre el responsable de la plaza del mercado de Abastos.
Alberto Rodríguez repasó otros asuntos de personal que «siguen coleando» en el Ayuntamiento de Soria y puso como ejemplo «los expedientes disciplinarios de la policía local, la productividad ilegal del interventor a razón de 1.500 euros mensuales o la sentencia sobre la vulneración del derecho de huelga de los bomberos».
Por su parte, Ángel Hernández aseguró no haber calculado cuanto han supuesto a las arcas municipales las sentencias en contra en materia de personal y recordó al PP que «en todas las administraciones hay conflictos laborales y, llegado el caso, es el juez el que determina como se interpretan los acuerdos».