Golmayo advierte de la dificultad de asumir el pago de 21,5 millones

 

El alcalde de Golmayo no dará a conocer la postura de su municipio respecto al proyecto de la nueva depuradora hasta la reunión del próximo viernes en la Comisión de Seguimiento. «Creo que lo lógico es no adelantar nada hasta que no podamos trasladar nuestra postura en el órgano que corresponde», explicó Benito que advirtió de las dificultades de tener que hacer frente al pago de los 21,5 millones de euros.

«Los servicios técnicos tendrán que analizar el documento detenidamente antes de ofrecer una valoración», señaló Serrano que advirtió que «los estudios previos que tenemos hechos sí que confirman que con una financiación del 50%-50% se nos iría bastante». «Pese a ello,  nos reuniremos con los técnicos y estudiaremos la adenda», insistió.

Sobre la inclusión del colector de Fuentetoba y el polígono industrial de Carbonera, requisito fundamental de Golmayo para participar en el proyecto, Serrano se mostró satisfecho de que finalmente se haya incluido en la adenda. «En la reunión del pasado martes en el Ministerio ya me adelantaron que esta parte del proyecto sería atendida. El problema ahora no es ese, sino que tengamos que pagar los 21,5 millones de euros», comentó el regidor.

El alcalde de Golmayo recordó tras la reunión del pasado martes en Madrid que su municipio cuenta con una depuradora prácticamente nueva, por lo que no sería de recibo incrementar la tarifa a los usuarios un 50% o 100% por su participación en este proyecto. Para Golmayo, la razón fundamental de formar parte de la nueva depuradora de Soria está en la inclusión del colector de Fuentetoba y el polígono de Carbonera, pero según ha manifestado el alcalde de la localidad en más de una ocasión eso no se hará a cualquier precio ya que todo el sobre coste que tengan que asumir deberá repercutirse después a los vecinos.

Fondos europeos

La adenda al convenio de la depuradora establece el inicio de las obras de la planta en diciembre de 2014. No obstante, el mismo documento condiciona el arranque del proyecto a la concesión de los fondos europeos al asegurar que no se podrá adjudicar el contrato de ejecución de obra «en tanto no exista confirmación de la concesión de la ayuda del Ministerio responsable».

Además, el documento establece que «con carácter previo a la adjudicación del contrato de ejecución de obras, Acuaes deberá formalizar con los usuarios interesados en la actuación acuerdos o convenios específicos en virtud de los cuales se comprometan al pago de las tarifas para la recuperación de la inversión que se fije en el adicional de este convenio, así como la cobertura total de los gastos de explotación y conservación de la infraestructura hidráulica y gastos propios de la Sociedad Estatal».

Esa incertidumbre sobre el comienzo de las obras lleva a poner en duda también el porcentaje de obra que podrá ser financiado al 80%-20% y hace que los 21,5 millones que tendrán que pagar los ayuntamientos sea una cifra estimativa que se podría incrementar en caso de que las obras se sigan retrasando y sea menor el porcentaje de las mismas que se pueda justificar al 80% con cargo a Europa.