El Estado recauda 735.000 euros por las tasas judiciales

A finales de 2012 el Gobierno comenzó a aplicar las tasas judiciales, una de las medidas más polémicas del actual Ejecutivo. Desde esa fecha, hasta su retirada parcial en febrero de este año, el Estado recaudó en Soria un total de 735.000 euros, según la información proporcionada por el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Los datos del Gobierno están recogidos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El primer año de aplicación, el 2012, la recaudación ascendió a 3.000 euros, aunque hay que destacar que en esa anualidad solo se aplicaron durante el mes de diciembre. En 2013, primer año completo de la medida, los ingresos del Estado por este concepto ascendieron a 416.000 euros. El año pasado esa cifra se rebajó hasta los 300.000 euros. Por último, en 2015, durante el tiempo que han estado vigentes las tasas, la recaudación ha sido de 16.000 euros. Los datos se expresan «en términos líquidos y con criterio de caja», según explica el Gobierno en su respuesta.

A nivel regional el Gobierno ha recaudado durante el mismo periodo un total de 21,7 millones de euros, siendo Valladolid (5,2 millones) y León (4,2 millones) las provincias en las que la recaudación ha sido más elevada. En el conjunto de España, desde su entrada en vigor, las tasas judiciales han supuesto a las arcas del Estado unos ingresos de 639,1 millones de euros, según la información del gobierno.

A finales de febrero de este año, durante el Debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, fue cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba su intención de suprimir las tasas judiciales para las personas físicas. Unos días más tarde el Consejo de Ministros aprobaba el decreto por el que se eliminaban las tasas a este colectivo en todos los órdenes judiciales. Con esa reforma parcial, sí se mantenían las tasas para las personas jurídicas.

Desde su implantación, las tasas judiciales provocaron las protestas de todos los colectivos judiciales ya que consideraban que estaba causando un grave perjuicio para el acceso a la Justicia.