El 25% de la extra supone una inyección de 2,3 millones

La recuperación del 25% de la paga extra de 2012 suprimida a los empleados del sector público en el 2012 costará a las arcas de las diferentes administraciones públicas unos 2,3 millones de euros. En la provincia de Soria hay poco más de 7.800 trabajadores que reciben su salario del Estado, la Junta, la Diputación o los ayuntamientos. Los sindicatos calculan que, de media, la recuperación del 25% supondrá un desembolso de unos 300 euros por trabajador con lo que el coste total se elevará, si todas las administraciones deciden abonarla, sobre los 2,3 millones.

En esta ocasión el primer paso lo ha dado el Estado que, presumiblemente, en la nómina de octubre ingresará a sus trabajadores un cuarto de la extra suprimida en 2012. La medida viene recogida en un Real Decreto publicado el pasado sábado día 12 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión del Gobierno central no es vinculante ya que únicamente recomienda al resto de administraciones públicas que adopten la misma medida, pero no es obligatorio. En el caso de la administración del Estado esta medida afecta en Soria a 1.430 empleados.

El responsable de Servicios Públicos de CCOO, Javier Moreno, explicó que «en este caso hablamos de un Gobierno Central que actúa como empresa, saca un Decreto en el que habla de sus trabajadores y hace recomendaciones para que también lo paguen el resto de administraciones».

El sindicalista quiso dejar claro que esta decisión del Gobierno no tienen «nada que ver» con la producida en 2013 y 2014 cuando muchos empleados públicos reclamaron, por vía judicial, el pago de parte de la extra. «En aquella ocasión teníamos que el decreto en el que se suprimió la extra se publicó el 15 de julio cuando los funcionarios empiezan a generar la extra el día 1 de junio, es decir, hubo 44 días desde que se empieza a generar la extra hasta que entra en vigor la medida». «Se reclamó en base a ese criterio, no se podía quitar esa parte con efecto retroactivo», insistió.

«Ahora estamos ante una elecciones por lo que claramente es una decisión electoral y en base a eso le devuelvo el 25% a los míos, al resto se lo recomiendo», lamentó Moreno. El representante de CCOO recordó que, a día de hoy, a los empleados públicos se les adeuda el 75% de la extra de 2012.

Una vez conocida la posición del Estado queda por ver qué decisión adoptarán la Junta y las administraciones locales (Diputación y Ayuntamientos) sobre la devolución de la extra. Desde CC OO indicaron que su sindicato va a solicitar, en algunos caso ya ha cursado esta petición, que se devuelva el 75% de la extra pendiente así como la recuperación de otros derechos como la jornada de 35 horas semanales.

En el caso de la Junta, Moreno comentó que el miércoles se celebró una mesa general de empleados públicos en la que no se llegó a una solución definitiva. «Desde CCOO se pidió la devolución de la extra y la respuesta de la Junta es que ahora mismo hay problemas financieros que impedirían hacer efectiva esa devolución». «Nos dijeron que falta un informe de la consejería de Hacienda y que también están esperan una respuesta del Ministerio de Hacienda para conocer si esa cantidad computaría como deuda», incidió. Las partes han fijado una nueva reunión para el próximo día 30.

En términos similares se manifestó la presidenta de CSIF Soria, Reyes Martínez. «Tras la publicación del Decreto Ley , por el que el Gobierno aprueba el pago del 26% de la paga extra, el resto de las administraciones tienen la obligación de pagar también. No puede ser que unos empleados públicos, en esta caso los de la Administración General del Estado cobren, y el resto no», comentó. Para la sindicalista «la Junta tiene que reaccionar, y encontrar la manera de obtener el dinero que necesita. Se han celebrado dos reuniones de la Mesa de Negociación y estamos decepcionados, porque no se puede convocar para decir que no hay dinero». En este sentido añadió «es verdad que el Gobierno central ha puesto en una situación difícil al Gobierno regional ya que se aprueba el pago de la extra y queda bien ante sus empleados, pero no da instrumentos a los gobiernos autónomos para que ellos puedan pagar».