El informe de la Secretaría insta a eliminar el ‘de Yagüe’

El informe solicitado por la Alcaldía de San Leonardo de Yagüe a la Secretaría marca claramente la conveniencia -a juicio del secretario- de eliminar el apellido para evitar problemas legales, incluyendo la pérdida de ayudas públicas. El documento, al que tuvo acceso DIARIO DE SORIA / EL MUNDO, será remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma junto con la solicitud de que sea el organismo judicial el que decida qué medida se adopta.

A raíz de la denuncia presentada por Eduardo Ranz (penal para el alcalde, Jesús Elvira, y administrativa para el Ayuntamiento) por considerar que se infringía la Ley de Memoria Histórica, el Juzgado preguntó al Consistorio hace unas semanas qué medidas estaban adoptando. En la respuesta se citó este informe, que contrasta con la postura del regidor municipal expresada el martes en el Pleno.

El informe jurídico de Secretaría comienza con la constatación de las denuncias presentadas y el antecedente de la adopción del apellido del general Juan Yagüe, adoptada mediante Decreto-Ley el 22 de octubre de 1952. Posteriormente recuerda la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, en especial de su artículo 15, que encomienda a las administraciones la retirada de símbolos «o menciones conmemorativas de exaltación» considerando como medida punitiva «la retirada de subvenciones o ayudas públicas».

«Atendiendo a lo anteriormente expuesto, nos encontramos con que, tras la entrada en vigor de dicha Ley, y a la vista del mandato que la misma impone en relación con la retirada de cualquier signo o mención relacionada con la sublevación militar, La Guerra Civil o la represión de la dictadura, todos aquellos municipios cuya denominación incluyese en sus nombres menciones al dictador o a protagonistas de su régimen, deberían proceder a su modificación», señala el informe encargado por la Alcaldía al secretario.

En su desarrollo asevera que «entendemos que el nombre del municipio de San Leonardo de Yagüe podría vulnerar el mandato ordenado por la Ley de Memoria Histórica, por lo que su mantenimiento podría ser contrario a los objetivos pretendidos por la mencionada Ley, impidiendo la consecución de los mismos». Por ello advierte de «consecuencias de diversa índole» que en la parte de conclusiones concretan la «retirada de subvenciones o ayudas públicas al municipio, e incluso llegar a existir responsabilidad penal». No obstante aclara que lo contenido en el informe jurídico «se somete a cualquier otra opinión mejor fundada en derecho».

Estas aseveraciones, no obstante, contrastan con las recogidas en el acta del Pleno del martes en boca del alcalde, Jesús Elvira. Según apuntó, otro letrado informó de que no existía un inventario de objetos o menciones conmemorativos y «tampoco es conveniente actuar sin ese guión». Asimismo se acordó adjuntar un expediente en clave local que destaca la figura humana del general y «su papel en pro de la reconciliación». Tras repasar sus méritos, «habría que destruir el 90% de nuestro pueblo antes que quitar su nombre». «Por la Alcaldía se toma la palabra para explicar que si al final se cambia el nombre será en contra de su opinión y voluntad y que cree que se habla en nombre de todo el pueblo».