SUCESOS
Piden 4 años de cárcel por llevar 150 kilos de hachís
El acusado fue sorprendido cuando circulaba por la A-2 a la altura de Lodares
La autovía A-2 a su paso por el término de Lodares.-VALENTÍN GUISANDE
El Juzgado de lo Penal celebrará la próxima semana la vista previa sobre el caso de uno de los mayores alijos de droga incautados en la provincia. La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel y una multa cercana al medio millón de euros para un hombre acusado de transportar 150 kilogramos de hachís en el maletero de un vehículo que a la sazón no era suyo.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, el acusado, A. A., ya había sido «condenado como autor de un delito contra la salud pública» a un año de prisión según una sentencia firme dictada a finales de 2013 por un juzgado de Zaragoza.
En esta ocasión los hechos se detectaron en el sur de Soria. «Sobre las 4.20 horas del día 30 de abril de 2015, el acusado conducía un vehículo marca Peugeot» cuando transitaba «a la altura del punto kilométrico 154 de la autovía A-2, en el término municipal de Lodares, transportando en el maletero de dicho vehículo 150 kilogramos de hachís con una riqueza del 11,30%, con la finalidad de destinar dicha sustancia al tráfico a terceros», señala el escrito fiscal.
Según los cálculos, «la referida sustancia habría alcanzado en el mercado ilícito el valor de 241.350 euros». Esto supone un precio de 1.609 euros por kilogramo teniendo en cuenta la pureza y aún así corrobora que se trata de una de las mayores incautaciones de droga realizadas en la provincia.
El vehículo utilizado era de una mujer, «quien había autorizado su uso a A. A. en virtud de la escritura pública de fecha 24 de julio de 2009, desconociendo la actividad ilícita a la que iba a destinarlo el acusado. El referido vehículo ya ha sido devuelto a su propietaria».
La Fiscalía considera que los hechos constituyen «un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud». Asimismo se estima que «concurre la circunstancia agravante de reincidencia».
Por todo ello, reclama una pena «de cuatro años y seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la pena de multa de 482.700 euros, con el apercibimiento de responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses» si procediese imponerla. El proceso comenzó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán y ahora será tratado por el Juzgado de lo Penal de Soria.