Mínguez asegura que se actuó con «diligencia» en el caso del interventor

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, aseguró ayer que el Ayuntamiento de Soria ha actuado con total «diligencia y transparencia» en el caso de la denuncia interpuesta por el Grupo Avanza, adjudicatario del servicio de autobuses, contra el interventor municipal, José Luis López Navarro. El regidor quiso dejar claro que el Consistorio ha desarrollado las actuaciones que ante un caso como éste entran dentro de sus competencias y siempre siguiendo «la hoja de ruta» marcada por los servicios jurídicos municipales.

Aunque el caso se conoció esta semana, Avanza interpuso la denuncia el pasado mes de julio. En el escrito remitido al Juzgado de Soria la empresa considera que López Navarro pudo haber cometido un delito de cohecho al solicitar a uno de los responsables de Avanza dos préstamos de 2.000 y 25.000 euros. El lunes 12 de septiembre la empresa comunicó al alcalde la existencia de la denuncia y ese mismo día se produjeron dos importantes hechos, la declaración del interventor ante el juez y, según explicó el alcalde, tras esa declaración el magistrado decidió el sobreseimiento del caso.

Martínez reconoció que tras conocer el caso se actuó con «cautela» y sabiendo que «podría afectar a la imagen del Ayuntamiento». El regidor indicó que el primer paso del equipo de Gobierno fue solicitar un informe a los servicios jurídicos y seguir sus indicaciones. En el terreno político, el alcalde recordó que se han citado a los portavoces de los grupos en dos ocasiones en menos de 48 horas para ofrecer toda la información de la que disponía el Ayuntamiento al resto de miembros de la corporación. En relación a este aspecto, quiso aclarar que pese a que el sobreseimiento se firmó el día 12 las partes implicadas no lo conocieron hasta el día 14 y que el Ayuntamiento se enteró en la mañana del día 15.

En este sentido, Martínez recomendó «ser escrupulosos» con la información ya que el procedimiento sigue abierto. «Veremos cómo finaliza», manifestó recordando que la empresa dispone de un plazo de 5 días para recurrir el sobreseimiento del caso si así lo considera necesario.

El alcalde indicó que en el marco de las competencias municipales el Ayuntamiento no puede tomar ninguna decisión sobre el puesto del interventor porque es un habilitado de carácter nacional. En este sentido recalcó que en cuanto se dispuso del informe del secretario se remitió un oficio a la Junta, que sería la administración competente al tratarse de una falta grave, para tomar una decisión. «Era lo que el Ayuntamiento puede hacer», subrayó. Martínez advirtió que la la Junta puede posponer esa decisión hasta que la vía penal quede completamente resuelta.

El alcalde insistió en pedir «respeto» y hizo un llamamiento para evitar «juicios paralelos». «Es un tema muy sensible y delicado», reconoció el regidor.