El voto de presidencia tumba la moción sobre el interventor

Tal y como estaba previsto, la moción del Grupo Popular instando a crear una comisión informativa especial para investigar la reunión del interventor, José Luis López Navarro y la empresa Avanza acabó en el limbo. Tras una primera votación con diez sufragios a favor de su aprobación (PP, IU, Sorian@s y Ciudadanos) y diez en contra (PSOE), el voto de presidencia del alcalde, Carlos Martínez Mínguez, rompió el empate y tumbó la propuesta. Eso sí -y eso también estaba previsto- el debate fue intenso a lo largo de tres cuartos de hora.

Tras un Pleno bastante plácido, la lectura de la moción y las declaraciones de su defensor el día anterior, el portavoz del PP, Adolfo Sainz, el ambiente se caldeó. La oposición reclamó más información sobre el caso a través de la figura de una Comisión creada ‘ad hoc’ y de nuevo se expusieron las sospechas sobre un «asunto turbio y opaco» según el ‘popular’.

El alcalde, en su primer turno de intervención, despejó rápidamente las dudas. «Se va a convocar una Comisión de Personal monográfica en la que compadecerán el interventor y la empresa. A ver si hay más suerte, porque es la quinta vez» que se reunirían los grupos para analizar este tema. Entre ellas contó dos Juntas de Portavoces y dos Comisiones de Personal.

No obstante no todo se resolvió en este punto. Mínguez defendió que se informa con «luz y taquígrafos» y sacó las uñas por la «transparencia y honorabilidad» del Ayuntamiento. «Somos la única administración, ahora acompañados por la Diputación, que han aprobado y con un 10 en el informe de Transparencia Internacional».

Asimismo afeó la «premeditación y alevosía» de haber presentado la moción mientras López Navarro estaba de vacaciones. De hecho, emplazó a la finalización de las mismas para la celebración de la citada Comisión de Personal.

«Por nuestra parte no va a quedar», prosiguió Mínguez, «pero no vamos a ser cómplices de lo que pretenden. Su objetivo no es aclarar, intentarán prolongar este estéril debate que sí daña la imagen de este Ayuntamiento. Pretende dañar a la Alcaldía, al Equipo de Gobierno y obtener rédito», señaló en referencia a Adolfo Sainz.

A juicio del alcalde la intención de la moción es «llamar a declarar a todo aquel que se le ocurra, convirtiéndose en juez y parte, usurpando competencias de quien las tiene». De hecho llego a señalar que la propuesta se hacía «saltándose todo el estado de derecho. Su objetivo es el rédito partidista y menoscabar la gestión».

«La corrupción empieza por la palabra, cuando (Sainz) sale a la ciudadanía diciendo que era el alcalde tapando al interventor. Es miserable» porque «ya ha dictado sentencia». La palabra ‘miserable’ no sentó nada bien en la bancada ‘popular’ y la concejala María José Fuentes dio claras muestras de desaprobación, aunque no apaciguaron la tormenta. De hecho, Mínguez tiró de diccionario para añadir sobre la actitud del PP los calificativos de «canalla, mezquina, muy pobre y necesitada» en su opinión.

Respecto a la postura municipal apuntó que «el alcalde tiene la obligación de defender la honorabilidad de todos los trabajadores públicos hasta que se demuestre lo contrario. No es tapar, es el estado de derecho», reiteró en referencia a que el caso está judicialmente con el sobreseimiento provisional y en el ámbito administrativo en manos del Ministerio de Hacienda.

El alcalde sentenció que «no voy a permitir» que se mezcle este asunto con la gestión municipal porque hacerlo «también es corrupción. Muy distinta a la que están acostumbrados con los casos del Gürtel, de Bárcenas, de la eólica o también de los EREs. La corrupción empieza por la palabra y ustedes están corrompiendo, pervirtiendo este debate».

Mínguez también les instó a que ante «la más mínima sospecha de delito por un trabajador público o cargo tienen la obligación de ir al Juzgado de lo Penal o al Ministerio de Hacienda» en lugar de «encender el ventilador» o «repartir lodo». De hecho se confesó «indignado» ante las acusaciones de nerviosismo desde la oposición.

Ya en un segundo turno de intervención, el alcalde mantuvo la acusación de «confundir las cosas, engañar a la ciudadanía y corromper la vida política de esta ciudad». Asimismo insto a que «si quieren saber, pregunten al señor interventor; pero no quieren para prolongarlo». También recordó que esta declaración del funcionario ya se había ofrecido con anterioridad y fue rechazada por la oposición.

Además, explicó que aunque el interventor cobra del Ayuntamiento -y productividades- es un funcionario de habilitación nacional y será el Ministerio quien decida si debe ser sancionado administrativamente.