Muñoz estima el coste de las plusvalías en 100.000 euros

El Ayuntamiento de Soria volvió a reclamar ayer un pronunciamiento claro del Gobierno sobre la polémica en torno al cobro de las plusvalías. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, corrigió ayer la cifra dada en la víspera sobre las reclamaciones pendientes en el Ayuntamiento. Ahora mismo hay medio centenar de expedientes cuyo coste podría ascender a unos 100.000 euros aproximadamente.

El concejal de Hacienda indicó que siguen a la espera de la publicación de la sentencia en el Boletín. El dictamen judicial anula varios artículos de la legislación que, según Muñoz, afectan directamente «a la base del impuesto». En este sentido, el edil aseguró que el gravamen «queda tocado» a la espera del pronunciamiento del Gobierno «que es el encargado de legislar». El edil asegurá que a pesar de la sentencia las revisiones de los casos «no supondrán un monto muy significativo» para las arcas municipales. Muñoz explicó que ahora mismo hay unas 50 reclamaciones abiertas en vía administrativa y que, de llegar a ser contrarias a los intereses municipales, podrían suponer un coste de 100.000 euros.

El año pasado la capital soriana ingresó cuatro millones de euros por las plusvalías aunque la cifra es excepcional ya que existía un atasco en el departamento que debía gestionar este tributo y el año pasado se agilizaron las liquidaciones de los últimos cuatros años. Para este año la previsión es ingresar 1,8 millones, una cifra similar a la de años anteriores.

El responsable de las arcas municipales, ya anunció el jueves que el Ayuntamiento había tomado la decisión de paralizar la liquidación de las plusvalías hasta conocer cómo avanza el caso. Muñoz remarcó que solo se procederá a ejecutar la liquidación en aquellos casos en los que esté muy claro que se haya producido un incremento del precio de la vivienda con respecto al dinero que se empleó en la compra.

Desde el Ayuntamiento de Soria, más allá de la paralización de las nuevas liquidaciones, no se va a tomar ninguna medida para corregir la rebaja de ingresos que pueden suponer las devoluciones de las plusvalías. Para Muñoz es necesario que el Gobierno central «de un paso al frente» ya que en este caso los ayuntamientos se han limitado a aplicar lo que marcaba la legislación. «Nosotros no hemos incumplido la ley, es el Gobierno el que marca la base imponible», lamenta.

El miércoles el TC dictaminó la nulidad en toda España del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En la práctica, la resolución judicial indica que solo se pagará el impuesto en los casos en los que haya un incremento del precio de la vivienda que se vende. En caso contrario, los ayuntamientos no podrán exigir el pago del gravamen como ocurría en la actualidad.