LA CAPITAL
Una disputa vecinal deriva en diligencias contra el alcalde
Se abre investigación previa por la denuncia de Hermanos Lastra contra Mínguez por prevaricación, al no actuar contra una supuesta irregularidad
Imagen del taller en el polígono.-VALENTÍN GUISANDE
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la mercantil Hermanos Lastra Arribas contra el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El auto de la admisión a trámite de la mencionada denuncia está fechado el 31 de mayo de 2017, después de que la mercantil interpusiera la denuncia en el Decanato de los Juzgados de Soria.
Los hechos arrancan con un litigio entre hermanos, una historia de constantes disputas por la propiedad de una parcela situada en el polígono industrial Las Casas, calle D, número 25, después de una división en régimen de propiedad horizontal practicada en la misma, de 3.540 metros cuadrados.
La finca, siempre según la denuncia, pertenece a la mercantil Hermanos Lastra, aunque con posterioridad al acto constitutivo y por escritura de división, en régimen de propiedad horizontal, uno de los hermanos se adjudicó el uso exclusivo y excluyente para la sociedad legal que conformó con su esposa de una nave de uso industrial, destinada a almacén y oficinas, con la planta baja, en una extensión superficial de 550 metros cuadrados, a nave industrial, y la primera alzada, de 125 metros cuadrados, para oficinas.
En la denuncia se especifica el «incumplimiento de todas las normas urbanísticas», de forma que el hermano que se adjudicó la sociedad legal ha reconvertido esas oficinas en una vivienda donde tiene fijado su domicilio habitual y permanente, estimándose «una flagrante contravención» de la legalidad, según el denunciante. Fuentes del Ayuntamiento de Soria, sin embargo, han dejado claro que en enero de 2012 se solicitó una información previa para una segregación urbanística.
En concreto, hay un informe del arquitecto del Ayuntamiento en el que no se podía conceder por dos incumplimientos: la distancia de la nave a una parcela y a un edificio que no cumplía con los requerimientos. En dicho informe se señala la existencia de la vivienda.
Además, el Ayuntamiento también alega que el alcalde de Soria mandó en una ocasión a la policía administrativa hasta la nave y a los servicios técnicos, que iniciaron un expediente.
La mercantil, por su parte, se queja de que decidió comunicar los hechos en el Ayuntamiento de Soria, la primera vez en el año 2014, y progresivamente en los últimos años, según ha podido saber este periódico. En vista de que no prosperaban las quejas de la sociedad, en el sentido de declarar ilegal la vivienda, decidieron presentar una denuncia contra el alcalde por prevaricación en el Decanato, quien lo derivó al juzgado número 4. Una vez aquí, el pasado 31 de mayo se produjo un auto de la jueza que anunciaba el inicio de las diligencias previas, entre ellas, si el demandante se reafirma en su denuncia.
A partir de aquí, la jueza puede seguir adelante con las investigaciones, archivar la denuncia o solicitar más documentación. En la denuncia, por ejemplo, se solicita del Ayuntamiento la aportación a autos de los escritos de denuncia presentados, declaración al denunciante y declaración al denunciado.
La juez acuerda instruir diligencias previas, entre ellas, requerir a la mercantil denunciante que acredite las reclamaciones hechas al Ayuntamiento sobre la cuestión objeto de la denuncia, y para que aporte la documentación acreditativa de la propiedad y uso de la nave en cuestión.