El fraude de los camiones afecta a 114 empresas que reclaman al menos dos millones de euros

Al menos 114 empresas sorianas van a reclamar, a través de la Federación de Organización Empresariales (FOES), indemnizaciones a cinco fabricantes de camiones multados por la Unión Europea que acordaron aumentos de precios de sus productos y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir las normativas europeas.

Este centenar largo de sociedades sorianas afectadas por el fraude del llamado cartel europeo de camiones condenado por la Comisión Europea por pactar precios de venta durante 14 años van a solicitar indemnizaciones por la compra de 397 camiones, según datos facilitados ayer a DIARIO DE SORIA / EL MUNDO por FOES. Según las mismas fuentes, el dinero que van a reclamar las empresas sorianas van a oscilar entre 5.000 y 10.000 euros en la compra de cada uno de los vehículos, por lo que la cuantía total oscilará entre 1.985.000 y 3.970.000 euros.

El bufete CCS Abogados, especializado en Derecho de la Competencia y liderado por el ex ministro de Justicia Francisco Caamaño, ha sido el despacho elegido por FOES para firmar un acuerdo de colaboración a fin de que represente los derechos de los afectados en Soria por este cartel europeo de camiones condenado por la Comisión Europea por pactar precios de venta durante catorce años.

La experiencia en proyectos jurídicos de carácter masivo y en el ámbito del sector transporte, además de su red de despachos fuera de España en caso en el que el proceso tuviera una derivada internacional, justifican la elección de la patronal soriana de dicho despacho.

En concreto, tienen derecho a reclamar cualquier autónomo o empresa de cualquier sector y actividad que haya comprado a alguno de los fabricantes del cartel un vehículo de transporte de mercancías de carga superior a 6 toneladas entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011.

DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania, que tiene abierto un procedimiento separado del resto, y aún no ha sido resuelto, son los fabricantes de camiones del cartel europeo afectados y contra los que van a ir las reclamaciones de indemnizaciones.

Durante 14 años, entre 1997 y 2011, estas firmas crearon un cartel en el que acordaron aumentos de precios de sus productos y establecieron acuerdos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación para cumplir con las normativas europeas. Además, determinaron, de forma ilícita, los tiempos para la introducción de estas tecnologías y acordaron repercutir dichos incrementos de gasto sobre los clientes.

Tras la sanción de la Unión Europea se abrió el periodo para la reclamación individual de los compradores afectados, que pueden ser empresarios o autónomos, por los sobrecostes sufridos en la adquisición de los vehículos mediante compraventa, leasing o renting.

Estas reclamaciones incluyen los vehículos que hayan sido adquiridos como nuevos por el reclamante por compraventa, leasing o renting, aunque ya haya sido transmitido o dado de baja.

El Real Decreto-Ley 9/2017 del 27 de Mayo aprobado en el último Consejo de Ministros facilitó las acciones de reclamación en el conflicto contra el cartel europeo de camiones y, en concreto, agiliza el acceso a las pruebas de daño, que pueden ser valiosas para los transportistas durante la fase de reclamación.