Soria-Madrid, 23 euros de peaje

Hace ‘cuatro días’ como aquel que dice que Soria está unida a Madrid mediante una vía de alta capacidad, una autovía que llega hasta Medinaceli y empalma con la A-2 hasta la capital de España. Pero ¿cuánto durará? Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, trabaja ya en un estudio detallado sobre el impacto que tendría en España la articulación de peajes en la red de autovías, así como los ingresos que generaría y sus retornos fiscales para las arcas públicas.

Según sus cálculos, para recaudar el importe necesario para mantener las autovías ‘sólo’ sería necesario un peaje de diez céntimos, «menos de la mitad de lo que los camiones pagan en las autopistas», según la patronal, informa Ical.

De esta forma el pago por circular por las autovías españolas, que se agitó durante los años más duros de la crisis, vuelve a estar sobre la mesa. Las grandes constructoras resucitan la ‘vieja’ propuesta con el objetivo de financiar el coste del mantenimiento y liberar fondos públicos, lo que según sus cálculos exigiría peajes de diez céntimos de euro por kilómetro, una medida que en Castilla y León afectaría a una extensa red, estatal y autonómica, que supera los 2.000 kilómetros.Y aquí viene la sorpresa para los sorianos: viajar desde la capital soriana hasta Madrid, atravesando Almazán y Medinaceli, por la A-15, entrando en la A-2, atravesando Guadalajara y llegando a la Comunidad costaría la ‘bonita’ cifra de 23 euros.

Ahora mismo, Soria cuenta con 131 kilómetros de autovía, todas ellas de titularidad estatal, la antepenúltima de Castilla y León, ya que supera en este apartado a Segovia, con 47 kilómetros, y a Ávila, con 87. Palencia cuenta con 193; Burgos con 209; León tiene 232 kilómetros; Valladolid, 261, y Salamanca y Zamora, 300 y 333 respectivamente.

Ávila, Salamanca, Soria y Zamora no cuentan ninguna de ellas con kilómetros de autovía de titularidad autonómica.

También Seopan advirtió del coste de 400 millones de euros anuales que, según sus cálculos, supondrá para el Estado hacerse cargo y mantener las cuatro autopistas de peaje cuyo plazo de concesión vence en los próximos años, en caso de que en esa fecha se suprima el pago. Se trata de la AP-1 (Burgos-Armiñón), de la AP-7 (Tarragona-Alicante), de la AP-4 (Sevilla-Cádiz), dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Sin embargo, la Cámara de Contratistas de Castilla y León rechaza esta medida ya que considera que sería «contraproducente» puesto que generaría «desigualdades». «Las autovías en Castilla y León están dentro de lo que podemos considerar infraestructuras básicas y prioritarias, necesarias para el desarrollo económico y social», señaló su presidente Enrique Pascual. «Nuestra economía necesita bajada de impuestos, y decisiones de este tipo irían en la dirección contraria», añadió.

Castilla y León se vería así afectada por el cobro en los 2.075 kilómetros de autovías que cruzan las nueve provincias, 1.793 de titularidad estatal y 282 autonómica. Los recorridos hasta Madrid desde las tres ciudades situadas más al norte, León, Palencia y Burgos, serían los más afectadas por la implantación de peajes, aunque también se verían gravados itinerarios con una alta densidad de tráfico, como el recorrido entre Palencia y Valladolid.

«Establecer peajes no deja de ser una medida disuasoria para el uso de una determinada infraestructura, y esto limitaría el movimiento de personas y mercancías, lo que afectaría negativamente al desarrollo de la Comunidad, añadió el presidente de los contratistas castellanos y leoneses. Además, alertó del problema de seguridad vial que podría generar ya que recordó que las vías convencionales registran el 80% de los siniestros, pese a que reciben el 40% del tráfico.

Aunque pidió mejorar la seguridad en las carreteras nacionales, Pascual señaló que Castilla y León se está descapitalizando por falta de inversión y aseguró que las inversiones en mantenimiento y conservación de carreteras no llegan ni al 20% de las necesarias. El presidente de la Cámara de Contratistas denunció el incumplimiento sistemático de los planes inversores, como el Bloque de Actuaciones Prioritarias de la Junta, anunciado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con «mucha pompa y boato», que aseguró se que quedado en «papel mojado».