El Estado pagará los 50.000 euros del aval de residuos

Los trámites para que se reanuden las obras del Banco de España parecen avanzar o, al menos, hay perspectiva de que lo hagan. Después del enfado por una cuantía del aval de gestión residuos que consideraba excesiva, al final el Estado se allana al cálculo del Ayuntamiento y parece dispuesto a abonar los algo más de 50.000 euros (en concreto, 50.823) requeridos como paso previo al otorgamiento de la licencia de obra. El ingreso de esta fianza determinará la autorización para la vuelta a los trabajos, aunque para ello, según la previsión, la Dirección General de Patrimonio del Estado tiene que realizar una encomienda, con la que acortará plazos al ahorrarse un proceso de licitación.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron la intención del abono. Al parecer no sido posible acogerse a la vía propuesta por el Consistorio para reducirlo. La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) alegaba que gran parte de los trabajos en torno a los residuos ya estaba realizada (las tareas comenzaron a inicios de 2012, tras su adjudicación a finales del año anterior) y por ello solicitaba una revisión del importe.

Los servicios técnicos municipales consideraron viable esta posibilidad, de manera que podría realizarse un nuevo cálculo de la fianza restando lo ejecutado. Eso sí, siempre que Segipsa aportara los correspondientes certificados de gestión. El gestor de residuos está obligado a entregar este documento, según el Real Decreto 105/2008.

El cálculo municipal para establecer la cuantía de la fianza en 50.823 euros tuvo su complicación, ya que el proyecto presentado por Segipsa precisaba unos materiales en toneladas y otros en metros cúbicos, cuando la Ley de Urbanismo de Castilla y León fija el cálculo de la licencia en toneladas, a razón de 18 euros por unidad.

Aquí parece haber una cierta diversidad legal, pues el Real Decreto precisa que el productor de residuos incluirá en el proyecto de ejecución de obra la estimación de los materiales «expresada en toneladas y en metros cúbicos». Parece que Segipsa tuvo en cuenta esto. Pero también la norma 105/2008 remite a la legislación autonómica la cuestión de la fianza. Y la Ley de Urbanismo habla de toneladas en su disposición adicional séptima. En todo caso, determina que la fianza es un paso previo a la concesión de la licencia. «Las entidades locales condicionarán el otorgamiento de las licencias urbanísticas a la previa constitución de esta fianza o garantía equivalente». El coste, a razón de 18 euros por tonelada, «con un mínimo de 300 euros y un máximo del 2% del presupuesto de construcción previsto en el proyecto».

Con estas previsiones normativas el Consistorio no pudo acceder tampoco a la petición de Segipsa, en el sentido de que el depósito de la fianza se aplazara a la adjudicación de las obras del Banco de España. Y tampoco lo tuvo fácil para calcular la cantidad. Por una parte, el cartón, el vidrio, los residuos pétreos y los materiales de excavación, entre otros, venían señalados en metros cúbicos. El aceite, los metales y los residuos potencialmente peligrosos, en toneladas. Y el proyecto total costaba 4,3 ó 4,1 millones según se mirara. Ante la dificultad de homogeneizar se optó por los 50.823 euros.

En cualquier caso, la cantidad «se cancelará, procediendo a su devolución, cuando el productor de los residuos acredite su entrega al gestor autorizado mediante la presentación de los certificados de gestión previstos reglamentariamente», expresa la Ley de Urbanismo de Castilla y León.