Declarado urgente el proceso de expropiación del colector

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para la construcción del emisario de saneamiento del nuevo Centro Penitenciario de Soria, en el tramo comprendido entre el enlace de la carretera SO-P6006 y el punto de conexión de la red municipal, según informó ayer la Delegación del Gobierno en la Comunidad.

Estas fuentes recordaron que es una obra complementaria e imprescindible para el adecuado funcionamiento de la instalación, ya que permitirá la evacuación de las aguas residuales del nuevo Centro Penitenciario hasta el punto de conexión de la red municipal, donde serán conducidas para su posterior tratamiento en la EDAR de Soria. La delegada del Gobierno, Virgina Barcones, explicó que la tramitación de los procesos expropiatorios es «administrativamente larga porque la Ley establece garantías para proteger los derechos de los expropiados».

«Hemos ido dando todos los pasos con la máxima celeridad posible para llegar al Acuerdo de Consejo de Ministros con la vista puesta en la apertura del centro antes de que finalice 2019», remarcó. Barcones insiste en que «es absolutamente prioritaria para este Gobierno de España la puesta en marcha de una infraestructura que Soria necesita para generar empleo, para dinamizar la economía y para frenar la despoblación».

Tras la decisión del Ejecutivo, es preceptivo realizar un nuevo proceso de exposición pública en el cual se publica el Acuerdo. Se abre un nuevo periodo de alegaciones que deberán ser contestadas. Una vez superado este trámite se realiza la convocatoria del levantamiento de actas previas. Una vez se produzca el levantamiento se podrá comenzar con la ejecución del colector. El Acuerdo permite que el proceso no se paralice aunque haya alegaciones, según explicaron desde la Delegación. Barcones mostró su firme voluntad de que toda la tramitación que hay que hacer «se realice con la máxima premura que permita la legislación en esta materia para disponer lo antes posible de las actas de ocupación y que se proceda a la contratación de las obras».

2019

Con los plazos propuestos por la delegada del Gobierno en Castilla y León en una reciente reunión mantenida en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se podrían concluir los trabajos del colector durante el próximo año mientras se trabaja en el amueblamiento del centro y en la dotación de personal. Estos recursos de personal saldrán de la Oferta Pública de Empleo que se publicó el pasado mes de julio y que cuenta con 831 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

El propio Ortiz señaló que el Gobierno de España no descarta abrir la totalidad de los ocho módulos del nuevo centro penitenciario antes de que concluya el próximo año. Pero insistió en que, en el caso de que no fuera posible poner en funcionamiento la totalidad del centro, se empezaría abriendo por módulos hasta que fuera completándose la apertura total posteriormente.

Una de las bazas que juega a favor del nuevo establecimiento es que el actual centro penitenciario de Soria, que cuenta con unos 170 internos y 130 funcionarios de prisiones y laborales, tiene un altísimo porcentaje de número de internos empleados en los talleres productivos, algo que, dadas las características del nuevo, podría mantenerse.

100 millones

El nuevo centro penitenciario de Soria, que ha supuesto una inversión de unos cien millones de euros, se ubica en el término municipal de la capital de la provincia, a unos 7 kilómetros d el centro de la ciudad, en el barrio de Las Casas. Tiene 684 celdas repartidas en ocho módulos más 152 en enfermería y régimen cerrado. Los edificios empezaron a construirse en 2010 y el grueso de la obra finalizó en 2014. Para su puesta en funcionamiento falta concluir el colector, obra que costará en torno a un millón de euros, y el equipamiento que se calcula que podrá costar más de cuatro millones de euros.

Reversión

Una vez fijada la apertura del nuevo centro penitenciario para finales del próximo año, queda por resolver la reversión a la ciudad de los terrenos que ocupa la actual prisión provincial. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, recordó que hace ya siete años se pactó con el Ejecutivo, entonces en manos del PSOE, que el estos activos –el suelo– fuera eliminado del plan de amortización de la SIEP con lo que se salvaba el principal obstáculo para la reversión. El regidor confirmó que ya han existido conversaciones para que la ciudad recupere esos terrenos y considera que una vez que la actual cárcel se cierre y deje de prestar servicio como tal la reversión debe ser automática». El planteamiento de Martínez pasa por convertir ese espacio en un recinto feríal. El alcalde indicó que para la financiación de esa infraestructura se solicitará la colaboración de las administraciones superiores y que se espera contar con el dinero que se genere a través de las plusvalías procedentes de la venta de parcelas para viviendas.