Villar advierte que la depuradora amenaza un negocio de 15 millones

«Es un gran día para Soria», explicó el alcalde de la capital, Carlos Martínez, el pasado miércoles en el Pleno donde se aprobó, con los votos de PSOE y PP, la adhesión al convenio para la financiación de la nueva depuradora de la ciudad. El paso supone que el proyecto entra en una nueva fase con el comienzo de las obras en el horizonte. Sin embargo, hay muchas incertidumbres en torno a la iniciativa tanto por el coste final como por la situación de los terrenos donde se pretende construir la infraestructura. Los propietarios de los mismos, la familia Villar, advirtió ayer que la construcción de la depuradora en la finca de Sinova amenaza una actividad empresarial «cuyo montante superaría ampliamente los 15 millones de euros». Los propietarios además insisten en el carácter inundable de los terrenos, la cercanía con núcleos de población y denuncia la falta de consideran de las administraciones ya que en ningún momento desde Acuaes, sociedad estatal encargada del proyecto, se han puesto en contacto con la familia.

Desde la familia recuerdan que la depuradora pretende instalarse en unos terrenos de su propiedad por lo que «somos los principales afectados» y advierten del «grave quebranto patrimonial y empresarial» que sufrirán. Los propietarios lamentan que desde que se decidió ubicar la depuradora en la finca de Sinova, «donde la familia Villar tiene ubicada su división ganadera desde hace más de 40 años», ninguna administración ha contactado con ellos para informarles sobre el proyecto. «Incluso, Acuaes envió a sus técnicos a realizar trabajos de campo y accedió a nuestra propiedad sin ningún tipo de permiso o aviso», indicaron. Asimismo denuncian que ningún responsable «ha querido visitar la zona donde se pretende hacer semejante disparate».

Los Villar consideran «incomprensible» que si Acuaes pretende instalar la depuradora «en el centro neurálgico de nuestra propiedad» no se haya contactado con la familia «para consensuar una ubicación mucho menos lesiva para nosotros y para Los Rábanos». En este sentido, los propietarios de Sinova recalcan que el proyecto «afecta totalmente a un industria que funciona con excelentes resultados empresariales» y aseguran que la depuradora «imposibilitará la necesaria comunicación dentro de la unidad de explotación». Desde Villar explican que «diariamente» en la finca hay traslados de animales, reparto de suministros, control de accesos y bioseguridad y apuntan que por la ubicación elegida «discurren un sinfín de infraestructuras como son gaseoducto, redes eléctricas propias, canalizaciones de agua y purín y una red de riego». «Todo imprescindible para la explotación».

Además de esta situación, los Villar inciden en que es «impensable» compatibilizar el uso de la depuradora «con los riesgos que supondría la cantidad de patógenos que portan las aguas residuales» con una granja de porcino «intensiva». «Supondría un riesgo inasumible para el estatus sanitario de la granja», recalcan. La familia pone de manifiesto el riesgo de «contaminación cruzada» y recuerdan que la ley «prohíbe construir una grana a 1.000 metros de cualquier actividad nociva y peligrosa». «¿Cómo es posible pretender construir una depuradora a menos de 200 metros de una instalación existente?», cuestionan.

Por si estas consideraciones no fueran lo suficientemente relevantes de por sí, desde Villar señalan también que la depuradora afectará a un «núcleo urbano» que existe dentro de la finca y que «está situado muy próximo a la ubicación propuesta, concretamente a tan solo 82 metros». En ese núcleo residen tres familias que son empleados de la granja , pero es que también en ese núcleo «existen otras cinco viviendas unifamiliares propiedad de los socios de Hermanos Villar».

La familia denuncia que tanto el complejo habitacional como el conjunto de la explotación ganadera «han sido obviados por completo en el estudio de impacto ambiental» y que tampoco se ha tenido en cuenta «la distancia mínima al municipio de Los Rábanos». Desde Villar exponen que tan solo hay 800 metros. «En ningún caso, la distancia debería ser menor de 2.000 metros, según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y Peligrosas», subrayan.

La lista de inconvenientes de los terrenos se amplía ya que los terrenos escogidos «se encuentran en una zona inundable». Según los propietarios, esa circunstancia viene observada en el «propio cartografía del proyecto LINDE de la CHD». «Debemos advertir que ya hemos sufrido inundaciones en esa parcela, como puede acreditarse con los partes cursados a Agroseguros por inundación», afirman añadiendo que «las avenidas incontroladas del Duero suceden cíclicamente en esa parte de la finca y cada vez de manera más frecuente».

Desde la familia Villar se considera importante también que se pretende realizar la depuradora antes que el colector y recuerdan que «ni hay proyecto ni se conoce su coste». «No se puede garantizar si será capaz de conducir las aguas residuales por gravedad, a través de sus 5 kilómetros, ya que la pendiente resultante es de un 1% o menor», aseguran.

Frente a toda esta problemática, desde la familia aseguran que han tratado «por todos los medios» de buscar una solución «incluso proponiendo otra finca de nuestra propiedad en la que se mitigarían los impactos». «Por desgracia, no se ha tenido en cuenta», lamentan. Para los Villar es «inaceptable» que «se denegara esa posibilidad alegando que el cambio supondría un sobrecoste de 1,5 millones y sin embargo, al Ayuntamiento de Soria no le preocupa desconocer el coste del colector el cual podría disparar la inversión más de 30 millones».

Los empresarios también critican al Ayuntamiento «por los 25 puestos de trabajo que se quedan en el aire». «Se habla del interés general, pero sinceramente, parece haber muchos intereses particulares para que salga adelante con todas las incertidumbres que quedan abiertas».

Los Villar anuncian que «agotarán» todas las vías a su alcance «incluidas las consultas y el traslado de información a todos los actores implicados» y mostraron su preocupación «por el impacto que pueda tener la pérdida de fondos europeos» y que «no vuelve a repetirse un episodio similar al de la Ciudad del Medio Ambiente». No obstante, aseguran que actuarán «en defensa de nuestros legítimos intereses y de los de la propia ciudadanía de las que formamos parte». Por último, incidir en que «entre las consecuencias que puede tener el emplazamiento previsto, se incluiría el lucro cesante de todas las actividades empresariales que se viene desarrollando en la finca de Sinova cuyo montante superaría ampliamente los 15 millones de euros».