La declaración de impacto avaló ubicar la depuradora en Sinova

El 28 de noviembre de 2013 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formulaba declaración de impacto ambiental del proyecto de la depuradora de Soria. En el citado documento se avala la ubicación de la estación depuradora en los terrenos de Sinova (Los Rábanos), la declaración de impacto también daba respuesta a algunas de las cuestiones que todavía hoy siguen sembrando de incertidumbre el proyecto, como el cambio de la ubicación propuesto por los propietario de los terrenos. Desde el ministerio se rechazó ya en ese momento la posibilidad de modificar el emplazamiento.

La familia Villar ya ha manifestado en varias ocasiones su oposición al actual planteamiento del proyecto. Esta misma semana, tras la aprobación por parte de Soria de la adhesión al convenio con Acuaes para la construcción de la depuradora, la familia advertía de los inconvenientes que podría causar si el proyecto seguía adelante. Las quejas principales están relacionadas con el daño que puede causar la depuradora a la explotación ganadera de la finca, la cercanía de núcleos de población y la inundabilidad de los terrenos. Asimismo, desde Villar se abría la puerta a ubicar la planta en otros terrenos de su propiedad que no fueran tan lesivos para su actividad económica.

En la declaración de impacto ambiental publicada en 2013 se hace referencia a alguna de las cuestiones planteadas por los propietarios. En primer lugar, recordaron que la finca de su propiedad, Sinova, «constituye una explotación agroforestal y ganadera existiendo asimismo un núcleo poblacional dentro de la finca, a 83 metros de la ubicación de la depuradora». Los Villar también expusieron en aquel momento que el proyecto de la depuradora afectaría «negativamente» a la comunicación de las unidades de explotación de la finca y al núcleo poblacional y detallan una serie de «incompatibilidades» como «problemas de contaminación biológica (zoonosis); incompatibilidad con las infraestructuras auxiliares existentes (captación de agua subterránea existente y conducciones en la parcela donde se emplazará la EDAR); incompatibilidades con la actual planta de tratamiento de purines; insalubridad e impacto paisajístico». La familia terminaba instando a considerar cambiar la ubicación a «una parcela situada a 1.060 metros aguas abajo, en terrenos también de su propiedad».

Sin embargo, las alegaciones presentadas por los Villar no fueron atendidas por el ministerio. Desde Acuaes se respondía que « en el estudio de impacto ambiental se han estudiado todas las posibles afecciones y se han propuesto medidas preventivas y correctoras resultando el impacto generado por el proyecto de carácter compatible». Sobre un posible cambio de ubicación se apunta que «el promotor indica que conllevaría un considerable incremento económico tanto en los costes de producción como en los de explotación por la necesidad de ejecución de un nuevo tramo de colector de 1 kilómetro de longitud, que además posee una alta complejidad desde el punto de vista técnico» y concluye que desestimando la propuesta de nueva ubicación, «si bien tendrá en cuenta en el proyecto constructivo las mejoras necesarias para asegurar la no afección a las tuberías de captación de agua citadas por el alegante».

Esta misma semana desde la familia insistían en que agotarán «todas las vías a su alcance» en defensa de sus intereses. En este sentido reiteraron su disposición a trasladar toda la información disponible sobre la situación de la finca a todas las administraciones que participan en el proyecto. Asimismo advertían de que entre las «consecuencias» que puede tener el emplazamiento actualmente previsto para la depuradora «se incluiría el lucro cesante de todas las actividades empresariales que se vienen desarrollando en la finca, cuyo montante superaría ampliamente los 15 millones de euros».