Las obras del colector de la cárcel arrancarán la próxima semana

Las obras de construcción del colector de la nueva cárcel comenzará la próxima semana, según confirmaron fuentes de la empresa adjudicataria de la intervención, Obras y Construcciones Valbuena. Estas mismas fuentes explicaron que hace unos días, el miércoles de la semana pasada, se firmó el acta de replanteo y durante esta semana se está procediendo al acopio de materiales y el traslado de maquinaria. En este contexto, la previsión es que las obras puedan comenzar la próxima semana.

Las obras del colector es uno de los principales obstáculos que quedan por solucionar para proceder a la apertura del centro penitenciario. Tras muchos trámites y algunas polémicas el proceso ha recibido un impulso definitivo en los últimos meses. Hay que recordar que las obras de construcción de la nueva prisión de la provincia concluyeron hace ya cinco años, pero que no ha sido hasta este 2019 cuando se procedió a la licitación y adjudicación de las obras del colector.

A finales del pasado mes de abril la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias (SIEPSE) anunciaba, a través de la Plataforma de Contratación Pública, de la adjudicación de las obras del colector de la cárcel en favor de la empresa Construcciones y Obras Valbuena por importe de 1,36 millones de euros. El plazo de ejecución de la infraestructura es de nueve meses. En el caso de que se cumpla el calendario marcado, es decir, que las obras comiencen la próxima semana y se ejecuten en nueve meses, la intervención estaría terminada entre finales del mes de febrero y principios de marzo de 2020.

A tenor de estos datos, ahora sí que parece imposible que el Gobierno dé cumplimiento a sus intenciones de abrir el centro penitenciario antes de finalizar 2019. Hay que recordar que destacados miembros del PSOE, tanto a nivel provincial como regional, e incluso la que fuera delegada del Gobierno, Virginia Barcones, expresaron públicamente su intención de que el centro penitenciario se abriera este año. No obstante, los plazos que se manejan en la actualidad concuerdan más con la respuesta parlamentaria del Gobierno, a preguntas del PP,  que situaba el comienzo de la actividad en el complejo penitenciario en el segundo trimestre de 2020.

A finales del año 2018, los senadores del PP por Soria, Marimar Angulo, Tomás Cabezón y Gerardo Martínez, registraron una pregunta en el Senado en la que solicitaban al Gobierno información sobre el «calendario previsto» para la «puesta en servicio y apertura del nuevo centro penitenciario de Soria». La respuesta, publicada esta semana en la web de la Cámara Alta, está fechada el 14 de febrero de 2019.

En la respuesta se detallan los trámites que se están siguiendo para la apertura de la cárcel. «Una vez aprobada la urgente ocupación del Centro aludido, por Acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2018, el pasado 2 de enero de 2019 se publicó y se está en fase de presentación de alegaciones». En este sentido aclaraba que «cuando finalice esta, el plazo de ejecución de las obras (del colector) y el equipamiento del mismo se prevé en 9 meses, con fecha para iniciar los trabajos en mayo de 2019». Por último, desde el Gobierno subrayan que «si se cumplen los plazos anteriores, el centro penitenciario estará terminado y equipado en febrero de 2020 para su entrega a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias». Asimismo, añaden que la puesta en servicio está prevista para «el segundo trimestre del 2020, una vez se realicen las tareas de supervisión y control de las instalaciones de servicio y seguridad».

Además del colector, y del equipamiento que se va desarrollando de forma paralela, la última cuestión pendiente está relacionada con la dotación de personal. La Oferta de Empleo Público contempla 831 plazas de ayudantes de prisiones. Una buena parte de ellos, al menos cien, serán vinculados a Soria. Hay que recordar también que el fallido proyecto de presupuestos del Estado contemplaba una inversión de 18 millones en el centro de Soria para poder culminar una infraestructura iniciada en 2010 y que ha supuesto un desembolso de 132 millones.