La evaluación ambiental de la depuradora caduca en 3 meses

El proyecto de la nueva depuradora de Soria, que tiene un presupuesto de 60 millones de euros, afronta tres meses claves para confirmar su desarrollo o se verá abocado a un nuevo bloqueo administrativo. La clave está en el 28 de noviembre de 2013. Ese día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de la depuradora de Soria. Según la normativa, estas declaraciones tienen una vigencia máxima de seis años, es decir, caducará a finales de noviembre de 2019. En el caso de que las obras no hayan comenzado, la DIA debe volver a tramitarse lo que comprometería la posibilidad de que se justificasen a tiempo los fondos europeos. Desde Acuaes aseguraron, a través de la delegación del Gobierno en la Comunidad, que se está trabajando intensamente para poder comenzar los trabajos antes de la caducidad de la evaluación ambiental.

Fue el 28 de noviembre de 2013 cuando el BOE publicó «la resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Saneamiento de Soria: estación de depuración de aguas residuales y emisarios». La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental expone en su artículo 43.1 sobre la vigencia de la declaración de impacto ambiental que «la declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años». En ese mismo artículo se contempla la posibilidad de solicitar una prórroga que tras la correspondiente solicitud «el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales».

La legislación es bastante clara al establecer un máximo de seis años de vigencia de la DIA. Los propietarios de los terrenos donde se ubicará la depuradora, la familia Villar – contrarios al actual diseño del proyecto –, confirmaron que conocen perfectamente estos plazos y que tienen la fecha marcada en rojo. El escenario actual indica que Acuaes dispone de tres meses para solucionar todos los trámites administrativos necesarios para poder empezar las obras. Hay dos cuestiones fundamentales, que no únicas, que debe resolver la sociedad estatal, para poder contar con un acta de inicio de obra que ‘salve’ la DIA. Por un parte debe resolver las alegaciones presentadas al proyecto y por otra, realizar la expropiación de los terrenos donde se ubicará la infraestructura. Con respecto a este último trámite, cabe recordar que la depuradora de Soria cuenta con la declaración de interés general por lo que la expropiación se producirá con mayor celeridad.

Cabe recordar que Acuaes, en el cronograma que acompaña al convenio, considera que el proceso de expropiación supondrá un periodo de cuatro meses. El pasado 9 de julio el BOE publicó la relación de bienes y derechos afectados. Si esa publicación es el inicio del proceso expropietario, la adquisición del suelo se completaría, según los propios plazos de Acuaes, a principios del mes de noviembre.

El tiempo es escaso, pero todavía suficiente. En el caso de que cualquier circunstancia entorpeciera la labor administrativa y no se llegara a tiempo para iniciar las obras el proyecto tendría que someterse a la evaluación ambiental otra vez. Si se llega a este punto, el proyecto podría enfrentarse a una demora de como poco nueve meses. Sin ese tiempo, la posibilidad de justificar los fondos europeos estaría comprometida seriamente.

La sociedad estatal, según explicaron a través de la delegación del Gobierno en la Comunidad, es perfectamente consciente de los plazos de caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental. En este sentido, la sociedad está trabajando intensamente con el objetivo de solventar los trámites pendientes y poder comenzar lo intervención. En la planificación realizada por Acuaes se contempla esta circunstancia y remarcan que para evitar la caducidad de la DIA basta con comenzar con una de las dos partes del proyecto, es decir, o la estación depuradora o la construcción del túnel. En este punto, cabe recordar que si bien el proyecto de la estación está adjudicado desde octubre de 2013, el túnel está pendiente de salir a licitación.

Otra de las partes implicadas en el proyecto, la Junta de Castilla y León, manifestó su confianza en que la obra pueda desarrollarse atendiendo al calendario previsto. «La consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha cumplido con sus compromisos de colaboración con el Ayuntamiento de Soria y con el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la sociedad pública Acuaes, para la financiación de la nueva depuradora de Soria», explicaron desde la propia consejería recordando que dicho compromiso se materializó en la Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente del 28 de febrero de 2019, por la que se realizó concesión de una subvención de 22.247.707 euros, el 32,5% del presupuesto total de la depuradora, a la sociedad pública Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Según el convenio firmado el 4 de marzo de 2019 entre las tres instituciones, esta cantidad de 22,2 millones de euros comprometida por la Junta de Castilla y León se abonará entre los años 2020 y 2050. «La consejería de Fomento y Medio Ambiente confía en que las entidades promotoras de este proyecto de nueva depuradora de Soria, el Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de Acuaes, lleven a cabo lo estipulado en dicho convenio, para el que la Junta de Castilla y León ya ha realizado y mantiene sus compromisos», aseguraron.