Las ayudas de despoblación dejan un impacto en Soria de 16,5 millones en dos años

El impacto de las ayudas de funcionamiento en la provincia no han servido, a juicio de los empresarios, para avanzar significativamente en una discriminación positiva que tiene el aval de la Unión Europea. La reducción del 5% en la cotización de contingencia comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial se ha visto como una ‘cicatería’ desde la SSPA que representan las patronales de Soria. Cuenca y Teruel, que reclaman el tope de las ayudas que fija la UE, esto es, un 20%. Los empresarios alegan que con los actuales porcentajes, las empresas estarían percibiendo en concepto de ayudas de funcionamiento tan solo un 1% de sus costes laborales totales.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las ayudas, desde que se implantaron en 2023, han supuesto un impacto económico de 16,5 millones de euros (16.524.894,32 euros) de reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social a los empresarios de Soria. Ha beneficiado a 22.869 trabajadores, a una media de 2.900 empresas y a 256 autónomos que también han visto reducidas sus cotizaciones en más de un millón de euros (1.020.152,12).

Durante esta semana esta medida de protección e impulso a las provincias despobladas llegó al Senado, donde compareció la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, quien defendió el impacto positivo de las mismas. El senador del PP José Manuel Hernando, fue el encargado de preguntar por esta cuestión a la titular del departamento en un contexto de «incertidumbre» acerca de los Presupuestos Generales del Estado y en la antesala de su evaluación a cargo de la Comisión Europea. Las patronales de Soria, Cuenca y Teruel ya han alertado de que si la Unión Europea comprueba que las ayudas no han servido para tener los efectos deseados, podría incluso descartarlas, en el peor de los casos.

El senador del PSOE, Javier Antón, por su parte, destacó que los niveles de afiliación son «históricos» para la provincia de Soria con un incremento desde que se aplican estas ayudas del 8,4%. En el conjunto de las provincias despobladas, siempre según los datos del Ministerio de Seguridad Social, la reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social han permitido el ahorro de 67 millones de euros a los empresarios de Soria, Cuenca y Teruel, tanto para la contratación por cuenta ajena como para los autónomos que se dieron de alta desde enero de 2023. También se aporta el dato de que se está reduciendo la cotización en 92.000 contratos de trabajo, de ellos 56.000 son indefinidos ya existentes y 36.000 nuevos contratos. Además, las ayudas han servido para dar de alta a más de 1.500 nuevos trabajadores autónomos, quienes cuentan con una cuota reducida durante un periodo de tres años.

Hay que recordar exactamente que estas medidas, una vez las implantó el Gobierno, perseguían la consolidación y creación de empleo a través de una reducción del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial, del 15% en los nuevos contratos indefinidos y del 20% en nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes. Si el Ejecutivo hubiera aceptado el margen del 20% general que le permitía Europa, ciertamente ese impacto de 16,5 millones generado en Soria se habría incrementado hasta cifras de enorme envergadura.

Las patronales de los territorios despoblados no pierden la oportunidad de recordar cada vez que mantienen un encuentro la necesidad de llegar al tope de las ayudas. Esto ha creado también tensiones entre la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y el PSOE y hay que recordar que en su día la patronal soriana publicó un informe basado en encuestas a 102 empresas -de Soria, Cuenca y Teruel- sobre el impacto de estas ayudas que calificó como «insuficiente». El diputado del PSOE por Soria, Luis Rey, desechó los resultados de esa encuesta recordando la opinión «negativa» que la propia patronal siempre ha mostrado sobre esta herramienta y afeándole que, tal y como se recogía en el informe, hay un 44% de los empresarios que las desconocen. «No creo que eso deje en buen lugar a la patronal», señaló.

La Unión Europea dio luz verde a esta medida en abril del 2021 para compensar las desventajas competitivas de las empresas radicadas en los territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Soria, Cuenca y Teruel son las únicas provincias de España que cumplen con estas características.

En un reciente comunicado, la Red SSPA que agrupa a las organizaciones empresariales de los territorios despoblados explicó que si se mantiene el enfoque actual, «quedará en evidencia que no cumplen con su propósito principal de compensar a las empresas por los mayores costes de operar en zonas despobladas y fomentar la actividad económica».

De ahí que desde la red se insista en que estas ayudas «deberían actuar como un verdadero incentivo» para atraer y fijar población en las provincias, y que para eso «lógicamente se tienen que incrementar las cuantías», además de reclamar criterios en la financiación autonómica que tengan en cuenta la despoblación.

Los socialistas ponen más números al impacto de las ayudas de funcionamiento: la afiliación ha aumentado un 4,3% en el periodo entre diciembre 2022 y diciembre 2024 y un 8,4% respecto a prepandemia; este incremento de la afiliación se ha producido «básicamente» por el incremento en el régimen general, que ha aumentado un 5,8% en los últimos dos años y un 11,2% respecto a prepandemia; en el caso de los autónomos, sin embargo, se ha producido un descenso en los últimos dos años de un -2% (-155 afiliados menos) y respecto a prepandemia con una caída del -2,1% (-166 personas menos). Y en términos absolutos, según remarcan los socialistas, en diciembre de 2024 había 40.701 afiliados en total, de los cuales 33.079 eran al régimen general (81%) y 7.622 autónomos.

En esta travesía de dos años las ayudas de funcionamiento también se han convertido en una suerte de lucha política. El PSOE se jacta de que las ayudas se implantaron con ellos en el Gobierno, mientras tanto el PP como Soria Ya critican que esta herramienta se haya quedado muy corta.