Fiscalía de Soria pide investigar a 6 empresas y a los alcaldes de Ágreda y Ólvega por vertidos al Val

La Fiscalía de Soria pide citar a declarar en calidad de investigados, anteriormente calificados de imputados, a seis empresas y a los alcaldes de Ólvega y Ágreda, donde se encuentra ubicada la estación depuradora de aguas residuales, EDAR, que presta servicio a ambos municipios, por un presunto delito de daños contra el medio ambiente ante los «graves» y «reiterados» vertidos contaminantes al río Val y al embalse del mismo nombre entre el verano de 2021 y hasta la primera mitad de 2024. La denuncia de la Fiscalía se produce ante la presencia de hechos presuntamente constitutivos de delito y ya consta en el Juzgado número 1 de Soria que se encarga de la instrucción de la causa judicial, en la que ya se han personado el Ayuntamiento de la localidad aragonesa de Tarazona, Ecologistas en Acción y Asden.

El Ministerio Público atribuye la contaminación a varias empresas de Ágreda y Ólvega, a las que pide que acudan a declarar como investigadas, y a la gestión de la adjudicataria de la depuradora, a la que también pide declaración en instrucción, además de considerar igualmente la responsabilidad de los ayuntamientos implicados por no cumplir con la vigilancia exigida y no adoptar medidas urgentes al respecto. Personaliza en los alcaldes, Elia Jiménez y Jesús Manuel Alonso, como posibles responsables civiles.

Del mismo modo, la Fiscalía reclama como medidas cautelares las intervenciones necesarias para garantizar el cese de los vertidos al río Val por la estación depuradora que comparten Ágreda y Ólvega, hasta el punto de que si no hay mejora con las obras proyectadas en la misma, que se valore o bien la clausura temporal o la prohibición a las empresas investigadas de realizar cualquier vertido en los colectores municipales, utilizando otros medios para deshacerse de los residuos de su actividad.

Entre las diligencias de instrucción que propone la Fiscalía se incluye recabar de la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, el informe de cuantificación económica del daño que los vertidos hayan causado al medio ambiente, según los informes periciales de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, así como el informe pericial sobre las mediciones que obren en su poder sobre la evolución de la calidad de las aguas desde la salida de la depuradora hasta el Val de 2021 a 2024.

La actuación que está llevando a cabo la Fiscalía y que ya ha llegado al Juzgado se produce a partir del expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la superación de los límites de vertidos autorizados al río Val por el Ayuntamiento de Ágreda, municipio donde se haya ubicada físicamente la depuradora que da servicio también a la localidad de Ólvega, producidos los días 5 y 10 de enero de 2022, que vendrían acumulándose desde el verano de 2021 y se prolongaron hasta febrero de 2022. De toda la información recabada y obtenida, la conclusión que obtiene la Fiscalía es que el vertido reiterado y directo de agua deficientemente depurada desde la estación depuradora de Ágreda-Ólvega sobre el río Val generó, y lo sigue haciendo, «un daño sustancial» en la calidad del agua del río desde su nacimiento hasta la entrada en el embalse del mismo nombre, lo que supone igualmente afección sobre la vegetación y la fauna por la falta de oxígeno en el agua que producen los contaminantes.

En las diligencias de la Fiscalía constan diferentes informes como el de Seprona por vertidos en 2022 que atribuye a una empresa ubicada en Ólvega, así como denuncias ante la CHE y la Junta de Castilla y León por la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, Asden, y Ecologistas en Acción. Incluso un informe de la empresa gestora de la estación depuradora de Ágreda-Ólvega en el que se reconoce un incremento de volumen de los contaminantes debido a un deficiente funcionamiento de dicha depuradora desde 2021 con vertidos sin tratar, a lo que el Ayuntamiento olvegueño reaccionó con un aumento de controles y la apertura de un expediente sancionador a la empresa causante.

La denuncia de la Fiscalía de Soria resume que entre 2022 y 2024 han sido cinco las empresas que han incumplido los parámetros de vertidos que determina la ordenanza reguladora municipal de Ólvega y que lo han hecho hasta en 33 ocasiones. Asimismo, la estación depuradora ha registrado 11 episodios de alivio de agua sin tratar de los que la empresa explotadora de la EDAR manifiesta desconocer el motivo.

De la recogida de muestras a principios de 2024 en diversos puntos del colector de aguas de Ágreda y en tres empresas de la localidad también se detectaron incumplimientos de los parámetros permitidos.

El Ministerio Público también informa al Juzgado en su denuncia, de finales de enero de este año, de la existencia de deficiencias en la equipación y el funcionamiento de la depuradora con alivios frecuentes, y de que el volumen de agua e intensidad de los contaminantes saturan la capacidad de la EDAR.

Hace mención a que a pesar de la decisión de realizar obras de ampliación y mejora en la depuradora para corregir deficiencias, todavía no han concluido.

La Junta inyectó 3,3 millones de euros para ampliar la EDAR con el objetivo de evitar vertidos debido a la «importante carga industrial» de la zona, según indicó el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, en su visita a la depuradora este verano. Entonces ya manifestó que las instalaciones «son bastante modernas» pero «el problema radica en la carga industrial que tiene que exige mejorar algunos de sus sistemas y ampliar la capacidad de sus decantadores».

Desde los ayuntamientos también reconocieron en ese momento que la idea inicial de depurar aguas para una población de 6.000 habitantes se ha tornado insuficiente ya que tanto Ágreda como Ólvega han experimentado un crecimiento espectacular en el desarrollo industrial y es necesario adaptarse a la realidad de la comarca para intentar mejorar la calidad de las aguas.