El Ingreso Mínimo supera en Soria los 12,5 millones en sus 5 años de vigencia

Hace ahora algo más de 5 años, en junio de 2020, el Gobierno central puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación «dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Durante este quinquenio hasta la provincia de Soria han llegado ayudas por valor de 12,6 millones de euros, según la información difundida por el propio Gobierno y actualmente hay activas 870 prestaciones que llegan a casi 3.000 sorianos.

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria planteada por el diputado del PP por Soria, Tomás Cabezón. Tal y como está explicado, la primera cifra clave es que ahora mismo están activas en Soria un total de 870 prestaciones teniendo en cuenta la ‘nómina’ de agosto. Las ayudas tienen a 527 titulares de sexo masculino y 343 féminas, según la misma información.

Uno de los datos que aporta el Gobierno son los tipos de hogares que se benefician de estas ayudas. En el caso de la provincia de Soria el más numeroso es hogar formado por dos adultos y dos menores con 174 prestaciones activas. En segundo lugar destaca el hogar con un único adulto de las que hay activas 156 prestaciones y en tercer lugar los hogares con dos adultos y más de dos menores con 150 casos.

El número de prestaciones activas es relevante, pero sobre todo es clave el número de personas que se benefician de esta ayuda. En el caso de la provincia los datos del Gobierno indican que el número de beneficiarios es de 2.989 de los que 1.587 son adultos y los 1.464 menores. Destacar que la cuantía media por hogar es de 345, 85 euros y que «el importe bruto acumulado en las nóminas desde junio de 2020» en la provincia de Soria asciende a 12,6 millones de euros.

Estos datos se conocen justo la misma semana en la que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) emitió una valoración sobre esta medida en la que destaca que «los expertos coinciden en que su creación en 2020 representó un avance relevante en la política social española, al establecer por primera vez una prestación estatal de garantía de ingresos mínimos con el objetivo de reducir la pobreza severa y ofrecer una red de seguridad a los hogares con menos recursos». No obstante, advierte algunos defectos ya que, en su opinión, «la prestación presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia, ya que llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias debido a barreras de acceso y a una gestión compleja, marcada por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos».