Justicia se moderniza en los pueblos para evitar desplazamientos a Soria
La implantación del modelo organizativo del Tribunal de Instancia en la capital se producirá el 31 y ya se ha efectuado la «mudanza» y el «acoplamiento» del personal. Se crean las agrupaciones de oficinas al municipio
El nuevo modelo organizativo del Tribunal de Instancia en la capital se implanta el 31 de diciembre.
Llegan tiempos de cambios en el modelo organizativo de la Justicia con la aplicación de la Ley Orgánica de medidas de eficiencia del servicio público de justicia. La cuenta atrás lleva meses preparándose en la capital, en el partido judicial de Soria, para que la implantación se produzca ya la próxima semana, el 31 de diciembre. Surge el Tribunal de Instancia, donde quedarán engullidos los antiguos juzgados unipersonales. También se crea la Oficina Judicial, que le da soporte al Tribunal, y además se remodelan los vetustos juzgados de paz con una fuerte renovación tecnológica que facilita el acceso a la Justicia de los ciudadanos residentes en los pueblos con la creación de Agrupaciones de Oficinas en el Municipio, cinco en Soria, de las que dependerán las oficinas existentes por toda la provincia, hasta ahora funcionando como juzgados de paz.
Las Agrupaciones de Oficinas en el Municipio, OJM, potencian los servicios que prestan porque hasta ahora «estaban infrautilizadas, con muy pocas funciones, poco más que actos de comunicación y algo de Registro Civil», explicó el secretario coordinador provincial, Pedro de Miguel, sobre las labores de los dos funcionarios que trabajan en cada una de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz que se transforman y que se encuentran en Covaleda, Almarza, Ágreda, San Pedro Manrique y Gómara. Se trata de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y evitar, en la medida de lo posible, desplazamientos cuando tenga que hacer diligencias ante el nuevo Tribunal de Instancia de Soria, potenciando las actuaciones por videoconferencia.
«Ahora se pretende que con este nuevo modelo organizativo se amplíe el catálogo de servicios que prestan, que sea el primer punto de acceso a los ciudadanos fuera de la capital ante la Administración de Justicia», explicó De Miguel, fundamental en una provincia tan extensa y con población muy envejecida. «Se va a fomentar que desde estas OJM, por ejemplo, el ciudadano pueda interactuar con la administración de Justicia a través de videoconferencia y un ciudadano que vive en un pueblo que no sea la capital, pueda tener acceso a solicitar información sobre sus expedientes. También tendrá acceso a solicitud de antecedentes penales. Y a los mayores que no tengan certificado digital van a hacer un servicio para dar de alta en Cl@ve Pin, para que puedan hacer sus gestiones digitales».
Todo este movimiento llegará aparejado a la implantación del Tribunal de Instancia en Soria –en los partidos judiciales de El Burgo de Osma y Almazán fue el 1 de julio–. Un proceso que ha requerido formación, tanto de magistrados como del resto de funcionarios –en Soria son unos 90 trabajadores y en la relación de puestos de trabajo no se ha incrementado la dotación de personal–, así como fases de «acoplamiento» de los trabajadores en sus nuevos puestos y la mudanza física. Esta misma semana ha comenzado la parte de adecuación tecnológica. «Va a ser un arranque complejo y no exento de dificultad», reconoció De Miguel, cuya máxima preocupación en estos momentos es que el día 1, ya con el nuevo modelo, al menos el Juzgado de Guardia esté plenamente operativo.
Destacó que con la implantación del Tribunal del instancia, la Administración de Justicia se transforma para adaptarla a las exigencias del siglo XXI y dar respuesta al incremento de la litigiosidad en sus nuevas formas, aprovechando la transformación tecnológica y digital para conseguir una mayor eficiencia en el servicio público de justicia, así como facilitar el acceso de los ciudadanos.
El acoplamiento de los trabajadores ha requerido de varias fases, porque hay puestos de libre designación, puestos singularizados y otros genéricos, con un 25% de trabajadores interinos. De Miguel indicó que ha generado incertidumbres» entre los trabajadores. «No ha sido hasta prácticamente cuando está todo el mundo acoplado», comentó el responsable judicial, quien reconoció que «el calendario se echa encima», sobre todo teniendo en cuenta que este proceso se ha llevado a cabo compatibilizando con la actividad judicial y unas cargas de trabajo en los juzgados que «últimamente han aumentado bastante. Están sobrecargados».
El nuevo modelo organizativo hará que los magistrados se integren en el Tribunal de Instancia en las secciones correspondientes. En la de Civil e Instrucción estarán las cuatro plazas lo que ahora son los cuatro mixtos, y habrá también sección de lo Contencioso, Social, Penal y Menores. «La idea del Tribunal de Instancia es que permite una mayor flexibilidad, mejor gestión de los recursos y en teoría también una mayor especialización», recalcó el secretario coordinador.
El soriano también lo notará. «Una de las finalidades es facilitar la accesibilidad del ciudadano a la Administración de Justicia. Antes se tenía que dirigir a órganos diferentes unipersonales, ahora el punto de entrada de sus demandas y solicitudes va a ser acceso directo al Tribunal de Instancia. Luego, en función de las normas de reparto, irán a la plaza judicial que corresponda», destacó De Miguel. Quien recibirá a los ciudadanos será el servicio común general. «Habrá un funcionario encargado de la atención al público, a los litigantes y a los profesionales».
La Oficina Judicial se organiza en servicios comunes. Aquí en Soria son tres. El servicio común general se va a encargar de llevar a cabo funciones transversales de la justicia y administrativas como registro y reparto, actos de comunicación, cumplimentación de peticiones de auxilio judicial, dar soporte en las salas de vistas a los jueces en la celebración de juicios. El servicio común de tramitación, que se organizará en grupos de trabajo, secciones, negociados, es donde se van a tramitar los expedientes en su fase declarativa hasta sentencia. Por último, el servicio común de ejecución, que también dará servicio a la Audiencia Provincial.
En el Tribunal de Instancia, hay un presidente o presidenta, con funciones varias como supervisar que las cargas de trabajo de las diferentes secciones y plazas de magistrado sean equiparativas. Esa es una de las bases del nuevo modelo organizativo del Tribunal de Instancia, según matizó De Miguel, «conseguir más eficiencia y más racionalización en la gestión de lo que son los recursos humanos y materiales».
«No serán como los antiguos juzgados unipersonales, que eran unidades estancas, sino que ahora los funcionarios se integran dentro de una Oficina Judicial que se organiza en servicios comunes, en la que se va a permitir mayor flexibilidad a la hora de asignar las funciones de los de los funcionarios». Así, en caso de aumento de trabajo, no habrá necesidad de que crear un juzgado entero.
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A un mismo magistrado le asistirán distintos funcionarios, no únicamente los que tenía antes asignados, «sino los que correspondan del servicio del negociado correspondiente». La Secretaría de Coordinación Provincial de Soria elaboró un protocolo de actuación, con sus anexos por cada servicio común, para establecer las normas de funcionamiento, la distribución de tareas, y formas de coordinarse con los jueces del Tribunal de Instancia.
Se trata de un modelo colegiado a nivel organizativo, porque tiene un soporte común, «pero los magistrados, cada uno en su plaza y en su sección del Tribunal de Instancia, ejercen su jurisdicción de forma independiente como hasta ahora», recalcó el coordinador, «no afecta a su independencia judicial de ninguna manera, eso hay que tenerlo claro».
Los abogados y procuradores son otro eslabón de la cadena al que igualmente le cambiarán los esquemas. «Están a la expectativa», comentó De Miguel, después de mantener varias reuniones con el colectivo.
Según avanzó, «dificultades va a haber al principio para que todo funciones de manera coordinada, pero hay que estar preparados para afrontarlas». Para ello también se contemplan mecanismos de evaluación periódica que hagan frente a todo lo que vaya surgiendo. El 31 será la prueba de fuego.