El jurado de la Audiencia Provincial de Soria ve al acusado culpable de amenazas para cobrar una factura
La Fiscalía pide cinco meses de multa a razón de seis euros al día
Juicio por jurado popular por amenazas condicionales en la Audiencia Provincial de Soria.
El jurado considera que el acusado es culpable de hacer valer su derecho atemorizando al denunciante en lugar de acudir a la ley para cobrar una factura que no se le abonó. Así lo indicó la portavoz del grupo, cinco hombres y seis mujeres, durante la lectura del veredicto en la sala de la Audiencia Provincial de Soria, donde arrancó el martes un juicio por amenazas condicionales, que le atribuye la acusación particular junto con el delito de realización arbitraria del propio derecho, que, en lenguaje coloquial, no es otra cosa que tomarse la justicia por su cuenta, que también le requiere la Fiscalía. Queda ahora visto para sentencia.
El jurado ve probado que el acusado estuvo esperando al denunciante en la sede de su trabajo en Almazán desde las 6.00 a las 7.30 horas, y que al salir de ahí le siguió con el coche hasta Soria, donde le paró para requerir la deuda con ánimo intimidatorio: “Por gente cómo tú se ha suicidado mi padre”. Del mismo modo, que la empresa pagó al ver las consecuencias que podrían recaer en el denunciante.
No ve probado que se recibieran “con ánimo intimidatorio para la empresa” los correos electrónicos indicando el acusado que no se habían recibido las transferencias de pago.
Como hechos favorables, señala el jurado que el acusado carecía de antecedentes en el momento de los hechos, y que presentaba trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que habría afectado notablemente en sus capacidades intelectuales y volitivas.
Al mismo tiempo, ve desfavorable que si el acusado es declarado culpable se le aplique el indulto total que ha solicitado al Gobierno de la nación.
Tras finalizar la lectura del veredicto del jurado, la jueza agradeció a los presentes su colaboración con la Administración de Justicia, que procedieron a salir de la sala tras recibir sus móviles, dado que habían permanecido aislados hasta ese momento para su deliberación.
La Fiscalía solicita cinco meses de multa a razón de seis euros el día por el delito de realización arbitraria del propio derecho de acuerdo con el artículo 455 del Código Penal, mientras que la acusación particular pide diez meses de prisión por el delito de amenazas condicionales, más 12 meses de multa con el máximo por día (400 euros) por la realización arbitraria del propio derecho. La defensa, tres meses de multa y 6 euros el día. Así, quedó visto para sentencia.